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Agromuralla denuncia "importantes deudas" de Central Lechera de Lugo (Grupo Santé) y LCG Fruits, actual propietaria de la antigua planta de Leche Pascual en Outeiro de Rei, con los productores de leche que les entregaban.

En concreto, Agromuralla explica que cinco de sus asociados lllevan desde el mes de octubre y noviembre sin cobrar una cantidad total que asciende a más de 150.000 euros.

LCG Fruits & Juices SL, con sede en Castilla la Mancha y Andalucía y con negocios en los sectores de la viña, los cítricos y la cereza, adquirió el año pasado a Tegestacín las instalaciones de almacenamiento y envasado de leche de Outeiro de Rei y, tras despedir a toda la plantilla, redujo la actividad hasta dejar de envasar leche líquida y cerrar la planta en diciembre.

 

Recomendación de no firmar contratos ni hacer entregas a esta empresa

Sin embargo, la empresa sigue recogiendo leche y está ofreciendo nuevos contratos para captar explotaciones que les proporcionen materia prima con el objetivo de "hacer negocio a costa de los ganaderos", asegura Agromuralla, que sospecha que la empresa luego revende esta leche a otras para hacer leche en polvo y otros derivados, aprovechando el alto precio que están teniendo actualmente estos productos lácteos industriales, pero sin pagar a los productores por la leche.

Por ello, Agromuralla quiere advertir a los ganaderos del "largo historial de incumplimientos" de esta empresa y recomienda a sus socios que no firmen contratos con ella ni le entreguen leche "a la vista de las malas experiencias que otros socios han tenido con ella".

 

Entramado de empresas fantasmas

Agromuralla considera que "hay toda una estructura y un entramado de empresas fantasmas creadas ad hoc para que no den cobertura a los ganaderos". "Se han llevado la sede social a Madrid y están desmantelando la planta de Tegestacín en Outeiro de Rei con el objetivo de no hacer frente a las deudas y eludir la justicia", denuncia Agromuralla.

Los ganaderos afectados tenían contratos firmados con Central Lechera de Lugo, nombre con el que operaba la empresa, en los que se estipulaba que el pago de la leche se realizaría en los 30 días siguientes al mes de recogida, considerándose como incumplimiento grave del contrato y causa de rescisión un retraso de 7 días en esa fecha.

Ante los retrasos acumulados, los productores afectados decidieron dejar de entregar leche a la empresa y ejecutar los pagos que ésta había depositado en forma de garantías. Pero estos pagarés, emitidos por LCG Fruits, resultaron estar sin fondos.

Los contratos también estipulaban que, en caso de desacuerdo entre las partes, se abriría un proceso de intermediación por parte de Inlac, que resultó infructuoso. "No hubo acuerdo en el proceso de conciliación llevado a cabo y los agricultores tienen que recurrir ahora a la Corte Española de Arbitraje, pero este proceso supone unos elevados costes que los agricultores no pueden asumir", asegura Agromuralla, que se dirigió por escrito a las Administraciones Públicas, Xunta de Galicia así como el Ministerio de Agricultura, "que actúen contra estas empresas piratas que están violando la Ley de la Cadena Alimentaria y el Paquete Lácteo con total impunidad, aprovechando la situación de clara inferioridad de los productores".

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