La Unión de Ganaderos y Agricultores de León (UGAL-UPA) ha denunciado públicamente la denegación del 50 % de las solicitudes de ayuda agroambiental para remolacha en la provincia de León, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Esta situación se debe a la falta de presupuesto asignado por la Junta de Castilla y León, según ha explicado la organización agraria.
Lejos de ser una cuestión técnica o puntual, UGAL-UPA considera que se trata de una clara discriminación territorial, ya que los criterios de selección aplicados han penalizado especialmente a los productores leoneses, impidiéndoles acceder a una ayuda clave para la sostenibilidad y viabilidad del cultivo.
La remolacha en León: un cultivo histórico en crisis
La remolacha azucarera ha sido tradicionalmente uno de los cultivos más emblemáticos y estratégicos de la provincia de León. Sin embargo, su rentabilidad ha descendido drásticamente en los últimos años por múltiples factores: precios bajos, costes elevados, presión de la industria azucarera y falta de incentivos agrarios eficaces.
En este contexto, la ayuda agroambiental para cultivos agroindustriales sostenibles, como la remolacha, suponía un balón de oxígeno para muchas explotaciones, especialmente para aquellas que han apostado recientemente por este cultivo, diversificando sus producciones.
? Tabla resumen de las ayudas agroambientales denegadas en León
Un sistema de selección que penaliza a León
Uno de los aspectos más criticados por UGAL-UPA es el sistema de puntuación utilizado para seleccionar las explotaciones que recibirán la ayuda. En concreto, se aplicaron dos criterios principales:
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Ubicación en zona Red Natura 2000 (60 % de la puntuación total)
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Concentración de la superficie en un solo municipio (40 % restante)
Ambos criterios son difícilmente aplicables en muchas zonas de León, lo que ha supuesto una desventaja estructural para los agricultores leoneses. Para UGAL-UPA, se trata de un diseño “injusto y excluyente”, que “en lugar de apoyar la sostenibilidad agrícola, la desincentiva”.
UGAL-UPA pide una ampliación presupuestaria inmediata
Frente a esta situación, UGAL-UPA ha solicitado a la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León que atienda el 100 % de las solicitudes presentadas, habilitando una partida presupuestaria adicional si es necesario.
“No podemos permitirnos que la mitad de los agricultores que han apostado por la remolacha sostenible se queden fuera de las ayudas por criterios mal diseñados o presupuestos insuficientes”, ha manifestado Víctor Díez Valle, ingeniero agrónomo de UGAL-UPA.
? Puntos clave de la denuncia de UGAL-UPA
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❌ 50 % de solicitudes denegadas por falta de fondos.
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? Criterios de selección que excluyen a explotaciones leonesas.
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? Perjuicio a nuevos productores que apuestan por la sostenibilidad.
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? Petición de ampliación presupuestaria urgente.
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? Impacto negativo en la viabilidad del cultivo de remolacha.
? El contexto PAC y las ayudas agroambientales
La ayuda agroambiental a la remolacha forma parte de las medidas previstas en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, dentro de los llamados ecoesquemas para fomentar prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente.
En teoría, este marco debía incentivar la producción agrícola sostenible, pero la aplicación práctica —según UGAL-UPA— está resultando contraproducente por una combinación de criterios excluyentes y falta de financiación.
? Reflexión final: ¿qué futuro le espera a la remolacha leonesa?
La situación actual plantea una serie de interrogantes preocupantes para el futuro del cultivo de remolacha en León. Si la administración no corrige el rumbo y no redistribuye adecuadamente los fondos agroambientales, el riesgo es que cada vez más agricultores abandonen este cultivo, agravando la pérdida de diversidad agrícola y de tejido rural.
UGAL-UPA insiste en que la sostenibilidad no puede ser un lujo al alcance de unos pocos, sino una política de apoyo real para todos los que deciden producir de manera respetuosa con el medio ambiente. En este sentido, la remolacha no puede quedar fuera de los compromisos públicos, menos aún en una comunidad autónoma como Castilla y León, donde este cultivo ha sido símbolo de progreso y desarrollo agrario.
