El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado inicio al proceso de consulta pública previa para la futura Ley de Agricultura Familiar, un paso fundamental para recoger las opiniones de diversos actores del sector antes de la redacción del texto definitivo. El ministro Luis Planas ha enfatizado que esta iniciativa responde a un compromiso adquirido por el Gobierno de España, dentro de su estrategia para fortalecer el sector agroalimentario y garantizar su sostenibilidad.
La ley busca reconocer y apoyar el papel estratégico de la actividad agraria en el desarrollo socioeconómico y medioambiental del medio rural, con un especial énfasis en las explotaciones familiares, que representan el núcleo productivo del sector.
Objetivos clave de la nueva Ley de Agricultura Familiar
El Gobierno reconoce la importancia de la agricultura y ganadería familiares como un pilar esencial para la cohesión social y territorial del medio rural. Este modelo productivo es fundamental por su capacidad para generar empleo en zonas rurales, su impacto positivo en la sostenibilidad ambiental y su contribución a la lucha contra la despoblación.
Entre las principales medidas que contempla la ley se encuentran:
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Priorizar las explotaciones familiares en las ayudas agrarias, tanto nacionales como de la Política Agraria Común (PAC).
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Facilitar el acceso a la titularidad de explotaciones, financiación y nuevas tecnologías.
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Fomentar el relevo generacional en el campo.
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Reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres en el sector agrario.
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Modificar normativas relacionadas, como la titularidad compartida o los arrendamientos rústicos, para mejorar el marco legal de las explotaciones familiares.
Modernización del sector agrario: una necesidad urgente
La elaboración de esta ley también responde a la necesidad de actualizar la Ley 19/1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, que en su momento representó un avance significativo para el sector, pero que tras 30 años de vigencia, requiere una revisión para adaptarse a la nueva realidad económica, social y ambiental.
Datos del Censo Agrario de 2020 muestran que el 41 % de los jefes de explotación tienen más de 65 años, lo que pone en evidencia la urgencia de facilitar el relevo generacional. Además, en la última década, el número total de explotaciones agrarias ha disminuido un 7,6 %, hasta situarse en 914.871, con una caída más pronunciada en las explotaciones de menor tamaño.
Un modelo sostenible y competitivo en la UE
Tanto la Unión Europea (UE) como la Organización de Naciones Unidas (ONU) han expresado su respaldo al modelo de agricultura familiar, por ser un factor clave para lograr un desarrollo social y económico sostenible. La futura norma permitirá reforzar este modelo, ayudando a superar los principales desafíos que enfrenta el sector:
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Adaptación al cambio climático.
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Competencia con productos importados de terceros países.
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Exigencias crecientes en materia de sostenibilidad y producción ecológica.
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Necesidad de digitalización e innovación tecnológica en el campo.
El apoyo a la innovación y digitalización es clave, ya que las explotaciones familiares, por su tamaño y menor capacidad financiera, enfrentan dificultades para realizar las inversiones necesarias y beneficiarse de las economías de escala. La ley deberá contemplar medidas que faciliten el acceso a herramientas digitales y tecnológicas para mejorar la eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad de estas explotaciones.
Disponibilidad de la consulta pública y próximos pasos
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha habilitado un proceso de consulta pública donde cualquier ciudadano, entidad u organización puede aportar su opinión sobre el proyecto de ley. La consulta estará disponible hasta el 3 de abril de 2025, y se puede acceder a través del siguiente enlace: Consulta Pública Ley de Agricultura Familiar.
Con las aportaciones recibidas, se procederá a la redacción del borrador de la ley, que posteriormente pasará por los trámites de discusión y aprobación parlamentaria.
Conclusión
La Ley de Agricultura Familiar representa un avance significativo para garantizar el futuro del sector agrario en España. Su enfoque en la sostenibilidad económica, social y ambiental de las explotaciones familiares permitirá reforzar el papel de la agricultura y ganadería en el desarrollo rural, garantizando la seguridad alimentaria y la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca dar respuesta a los grandes desafíos del sector agrario, asegurando su adaptación a las nuevas exigencias del mercado y a los retos del cambio climático y la digitalización.
