La Consejería de Agricultura y Ganadería debe a los profesionales del campo alrededor de 200 millones de euros derivados de las ayudas del Plan de Desarrollo Rural 2007-2013, de los que el 10 por ciento, aproximadamente, corresponderían a Burgos. Es decir, que agricultores y ganaderos de la provincia están pendientes de cobrar en torno a 20 millones, una cantidad sustanciosa sobre todo si se tiene en cuenta que mucho de ese dinero viene retrasado desde 2010, lo que está comprometiendo el presente y el futuro de numerosas explotaciones agrarias y ganaderas burgalesas.
Desde el sindicato agrario UCCL están hartos de pedirle a Silvia Clemente que se siente a hablar con sus representantes y a negociar un calendario de pagos, de tal modo que la Junta de Castilla y León salde sus deudas con los profesionales del campo. Sin embargo, la consejera de Agricultura y Ganadería ignora sus demandas y justifica los retrasos en que es el Ministerio el que no les hace las trasferencias a tiempo. El presidente provincial de UCCL, Félix Arribas, insiste en que “esta no es es nuestra guerra”, recordando que en otras comunidades sí se paga a los agricultores y ganaderos aunque el Gobierno Central no haga las transferencias.
En la cuerda floja
Estamos hablando de ayudas pendientes desde el año 2010, correspondientes a primeras incorporaciones, planes de mejora y programas agroambientales, que están ocasionando muchas pérdidas en las explotaciones de la región. Por lo que se refiere a incorporaciones y planes de mejora, Arribas afirma que son los agricultores y los ganaderos los que tienen que adelantar el dinero para cubrir los gastos y luego, cuando las ayudas no llegan, renegociar con las entidades financieras, lo que suma intereses a los préstamos. Antes esto no era así, porque las subvenciones llegaban en un año y medio, aproximadamente.
Por lo que respecta a los programas medioambientales, la Consejería lleva tres años sin convocarlos, y mientras en otras regiones los están prorrogando y renovando a la espera de conocer la nueva normativa, aquí están paralizados. Así que, cuando el Plan de Desarrollo Rural 2007-2013 debería estar cerrado y empezándose a organizar el siguiente, en Castilla y León se debe a los agricultores y ganaderos unos 200 millones de euros. Es verdad que la Junta ha comenzado a hacer algunos pagos, los 62,5 millones anunciados hace una semana, pero todavía queda mucho dinero pendiente.
Movilizaciones
De ahí que, como medida de presión, UCCL haya convocado una concentración para este jueves, 21 de agosto, a las 12 de la mañana, frente a la Delegación Territorial de la Junta. Le piden a Silvia Clemente que elabore un calendario de pago y que re-estructure el presupuesto de la Consejería, cambiando de prioridades. No es aceptable, explica José Manuel González Palacín, que mientras se deben 200 millones, la Junta destine 300 al sector agroindustrial o se incrementen las inversiones en el programa Tierra de Sabor. “Para unos sí hay dinero, pero para otros no”, se lamenta el coordinador regional.
Palacín insiste en que “no somos enemigos de nadie”, sino que estamos para defender a los profesionales, porque “sin agricultura ni ganadería se cae la economía de Castilla y Léon”. Los datos lo demuestran: el 8 por ciento del PIB proviene del Sector Primario, otro 7 por ciento del Agroindustrial y un 6 por ciento más de servicios vinculados. Además, si la Consejería no cambia su política, se corre el riesgo de perder fondos europeo, tanto del actual Plan de Desarrollo Rural como de otras iniciativas futuras. “Estamos a tiempo de corregir la gestión”, insiste, y UCCL está dispuesta a salir a la calle para conseguir el cambio.
Patricia Carro – www.burgosconecta.es
