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Más de 500 agricultores y ganaderos procedentes de toda la Comunitat Valenciana, junto a 30 tractores, han participado este 18 de diciembre de 2025 en una manifestación-tractorada convocada por La Unió Llauradora i Ramadera en las calles de València. La protesta ha estado dirigida de forma explícita contra las tres administraciones con competencias agrarias —la Comisión Europea, el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana— a las que la organización agraria acusa de “ahogar sin excepción al campo valenciano” mediante políticas agrarias que considera perjudiciales para la sostenibilidad económica, social y productiva del sector primario.
La movilización ha comenzado con una concentración frente al Palau de la Generalitat Valenciana y ha continuado por un recorrido urbano que ha atravesado la calle Serrans, la Plaça dels Furs, Compte de Trénor y Pintor López, hasta concluir en la Plaça del Temple, donde se ubica la Delegación del Gobierno. En este punto final han tenido lugar los parlamentos reivindicativos, con la intervención del secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, así como de varios miembros de la comisión ejecutiva de la organización: Isabel Navarro, Daniel Carbonell y Fernando Durà.
A lo largo de todo el recorrido, los manifestantes han hecho visible su malestar con consignas, pancartas y acciones simbólicas dirigidas a captar la atención de la ciudadanía y de las instituciones.
Una protesta simbólica contra el “mal gobierno” agrario
Uno de los elementos más llamativos de la jornada ha sido el lanzamiento de más de 10.000 billetes del denominado “Euro Agrario”, una moneda ficticia creada por LA UNIÓ como símbolo del mal gobierno que, según la organización, está ahogando al campo valenciano. La nota de prensa explica que estos billetes incluían los rostros de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen; del ministro de Agricultura del Gobierno de España, Luis Planas; y del conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina. Con este gesto, la organización ha querido señalar de manera directa a los responsables políticos de las decisiones que, a su juicio, están deteriorando la rentabilidad y el futuro de las explotaciones agrarias.
Durante su intervención, Carles Peris ha insistido en que la protesta no busca culpables aislados, sino evidenciar una responsabilidad compartida. Según recoge el comunicado, el secretario general de LA UNIÓ ha señalado que “las tres Administraciones, por acción u omisión, son culpables de la situación en la que se encuentra el campo valenciano”, subrayando que todas ellas aprueban o permiten políticas agrarias que van en contra de los intereses de agricultores y ganaderos. El mensaje central ha sido que el problema no es coyuntural, sino estructural, y que se arrastra desde hace años sin que se adopten medidas eficaces para revertirlo.
Críticas a la gestión administrativa y al trato institucional
La nota de prensa también dedica un espacio relevante a criticar la actitud de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana durante la organización y el desarrollo de la manifestación. Peris ha lamentado que el permiso para la protesta llegara tras 20 días de espera, con limitaciones de última hora y sin margen de reacción para LA UNIÓ. Además, ha denunciado que se impidiera la llegada de los tractores hasta la sede de la Delegación del Gobierno, lo que, según la organización, desvirtuó parcialmente el sentido de la tractorada.
En palabras recogidas en el comunicado, el secretario general de LA UNIÓ ha afirmado que los manifestantes fueron “arrinconados como si fueran apestados”, una expresión que refleja el sentimiento de agravio del sector. Peris ha comparado esta situación con el reconocimiento recibido por los agricultores y ganaderos durante momentos críticos como la pandemia o episodios de lluvias torrenciales y daños por dana. Según la nota de prensa, “en la pandemia y en la dana éramos héroes y nos buscaban para ayudar; ahora nos marginan y nos tratan como delincuentes”. Esta comparación pretende evidenciar la contradicción entre el discurso institucional y el trato real hacia el sector primario cuando este exige cambios estructurales.
Las principales reivindicaciones del sector agrario valenciano
Más allá de la protesta en la calle, la nota de prensa dice que LA UNIÓ ha trasladado a las administraciones un conjunto concreto de reivindicaciones. Entre las principales demandas figura la necesidad de un Marco Financiero Plurianual sólido y de una Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 que sea justa y adecuada a la realidad productiva valenciana. La organización rechaza los recortes previstos del 22 % en los fondos agrarios, al considerar que estos recortes ponen en riesgo la viabilidad económica de muchas explotaciones y dificultan el relevo generacional.
Otra de las reivindicaciones clave es la eliminación de cargas administrativas y obligaciones digitales que, según LA UNIÓ, complican innecesariamente el trabajo diario de agricultores y ganaderos. El comunicado cita expresamente el Registro Digital de Tratamientos Fitosanitarios como uno de los ejemplos más claros de una burocracia excesiva que resta tiempo a la actividad productiva sin aportar beneficios proporcionales en términos de control o eficiencia.
La organización agraria también reclama medidas contundentes para frenar el impacto de las importaciones de terceros países. Según la nota de prensa, estas importaciones presionan a la baja los precios en origen, reducen la renta agraria y aumentan el riesgo de entrada de plagas y enfermedades vegetales, al no exigirse siempre los mismos estándares que se imponen a la producción europea. Para LA UNIÓ, esta situación genera una competencia desleal que perjudica especialmente a las explotaciones familiares y a los territorios más vulnerables.
En el ámbito autonómico, la protesta ha servido para denunciar los recientes recortes presupuestarios de la Generalitat Valenciana en materia agraria. El comunicado cifra en más de 54 millones de euros los recortes aprobados en el último mes, que afectarían directamente a explotaciones, zonas vulnerables y sectores en crisis. A ello se suma, según LA UNIÓ, la falta de desarrollo por parte del Gobierno de España de ayudas ya aprobadas para paliar los efectos de la sequía, como las destinadas a la uva de vinificación en secano, por un importe de 85 millones de euros, y al olivar en secano, por valor de 285 millones de euros.
La manifestación convocada por LA UNIÓ en València se configura así como una llamada de atención clara y contundente sobre la situación crítica del campo valenciano. A través de una movilización numerosa y simbólicamente potente, la organización agraria ha querido trasladar a las instituciones europeas, estatales y autonómicas que el sector primario no puede seguir soportando políticas que, según denuncian, ponen en riesgo su supervivencia y el equilibrio social y económico del medio rural valenciano.
