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La protesta celebrada a las puertas de las Cortes de Castilla y León, con cerca de 200 tractores y más de 1.000 agricultores, no fue una concentración simbólica más. Fue la escenificación de una ruptura profunda entre el sector primario y las decisiones políticas que, según denuncian, están llevando al límite a la agricultura y la ganadería profesional. Así lo expresó con contundencia Miguel Ángel Aguilera, máximo responsable de UNASPI, la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes, en una intervención directa, dura y sin concesiones pronunciada ante las Cortes de Castilla y León.
El comunicado de prensa leído durante la concentración sitúa el foco en un enemigo concreto: el acuerdo comercial con Mercosur, al que el sector atribuye un impacto devastador sobre el campo europeo, español y, de forma muy directa, sobre Castilla y León. A partir de esa intervención, se desgranan las principales claves de una movilización que va más allá del rechazo a un tratado internacional y que pone sobre la mesa un modelo de agricultura en riesgo de desaparición.
Un grito desde la tierra: menos explotaciones, más abandono
La intervención comenzó con un dato que resume dos décadas de retroceso: Castilla y León ha perdido el 58 % de sus explotaciones agrarias en poco más de veinte años. Hoy quedan 72.286 agricultores y ganaderos, una cifra que no se presenta como un dato estadístico, sino como una cuenta atrás.
Cada cierre de una explotación implica, según el comunicado de prensa, mucho más que el cese de una actividad económica. Supone despoblación, abandono del monte, incremento del riesgo de incendios y pérdida de soberanía alimentaria. El campo no se presenta como un sector aislado, sino como un pilar estructural del territorio y de la seguridad del conjunto de la sociedad.
La advertencia al consumidor: el campo también es tu mesa
Uno de los ejes centrales del discurso fue la interpelación directa al consumidor urbano. El mensaje es claro: la lucha del campo no es solo salarial, es alimentaria. Lo que está en juego no es únicamente la renta del agricultor o del ganadero, sino la calidad, seguridad y trazabilidad de los alimentos que llegan a los hogares.
La nota de prensa recuerda que la Unión Europea apostó hace décadas por garantizar alimentos básicos a precios asequibles. Como el mercado no cubre los costes reales de producir de forma segura y sostenible, la Política Agraria Común (PAC) compensaba esa diferencia. Sin ese equilibrio, aseguran, el precio del pan, la carne o la leche sería entre un 10 % y un 15 % más alto, y la alimentación dependería casi por completo de importaciones de dudosa calidad.
Mercosur como símbolo de una contradicción política
El rechazo frontal al acuerdo con Mercosur vertebra toda la intervención. Según el comunicado, este tratado permitiría la entrada masiva de productos procedentes de miles de kilómetros que no cumplen las mismas normas sanitarias, laborales ni medioambientales que se exigen a los productores europeos.
El texto denuncia una contradicción que califican de hipócrita: mientras al agricultor europeo se le imponen leyes verdes, exigencias burocráticas y controles extremos, las mismas instituciones pretenden abrir el mercado a productos que no respetan esos estándares. El resultado sería una competencia desleal que hunde los precios en origen y expulsa al productor local del mercado.
Impacto ambiental inverso: más emisiones, menos coherencia
Otro argumento clave es el ambiental. La intervención sostiene que importar alimentos desde miles de kilómetros en barco o avión contamina más que producirlos localmente, incluso en sectores como la ganadería extensiva, que ha sido duramente señalada en los discursos climáticos.
El comunicado insiste en que permitir esas importaciones supone externalizar la producción y las emisiones, trasladando el impacto ambiental fuera de Europa mientras se destruye el tejido productivo interno. Defender al productor local, afirman, es también defender el clima y la salud pública.
Crítica directa a los sindicatos agrarios tradicionales
Uno de los momentos más duros del discurso fue la crítica abierta a los sindicatos agrarios tradicionales. La nota de prensa asegura que han fallado en su función representativa, priorizando la supervivencia de sus estructuras frente a la defensa real del agricultor y el ganadero.
Se les acusa de validar recortes, aceptar burocracia creciente y convertirse en gestorías de la resignación. Esta ruptura explica, según UNASPI, la movilización directa y la apelación sin intermediarios a los grupos parlamentarios.
Exigencias políticas claras: el “no” a Mercosur es innegociable
La intervención no se limita a la denuncia. Incluye una batería de exigencias concretas, encabezadas por una petición directa a las Cortes para que presionen al Gobierno de España y a los parlamentarios europeos.
El mandato, según el comunicado, es inequívoco: votar no a Mercosur. No se aceptan cláusulas de salvaguarda que, en la práctica, nunca se aplican. El sector primario no quiere ser moneda de cambio para los intereses de grandes multinacionales.
Preferencia comunitaria y precios por encima de costes
Entre las demandas figura la recuperación efectiva de la preferencia comunitaria, es decir, que se consuma primero lo producido en Europa y que se sancione la compra por debajo de los costes de producción.
Asimismo, se exige que no entre en Europa ningún producto que no haya cumplido exactamente las mismas normas que se imponen a los productores europeos. Sin igualdad de condiciones, sostienen, no existe mercado libre, sino dumping encubierto.
Insumos disparados y cuentas imposibles
El comunicado describe una realidad económica asfixiante. Los fertilizantes, el gasóleo y la electricidad han pasado de ser insumos básicos a artículos de lujo. Producir un kilo de cereal o un litro de leche cuesta hoy un 30 % más que hace tres años, mientras los precios percibidos caen por la entrada masiva de productos de terceros países.
Esta ecuación, según UNASPI, hace matemáticamente imposible la viabilidad de muchas explotaciones.
Fauna, sanidad animal y burocracia: un cóctel explosivo
La intervención también aborda otros factores que presionan al sector: los daños causados por fauna salvaje, la rigidez de los protocolos de sanidad animal y una burocracia que desborda a explotaciones familiares con jornadas de más de 60 horas semanales.
Se denuncia que estas exigencias, sumadas a la falta de relevo generacional, están provocando graves problemas de salud mental y precariedad, empujando al abandono a muchos profesionales.
El futuro de la PAC y el riesgo de cierre masivo
La nota de prensa alerta de un posible recorte del 22 % en los fondos de la PAC para el periodo 2028-2032. Para UNASPI, no se trata de un ajuste contable, sino del abandono definitivo del modelo familiar agrario.
Menos fondos, más exigencias verdes y mayor apertura comercial configuran, según el comunicado, la receta perfecta para el cierre masivo de explotaciones en Castilla y León.
Campo, despoblación y responsabilidad política
El discurso concluye con una acusación directa: la despoblación no es un fenómeno inevitable, sino una decisión política. Cada tratado internacional que hunde al sector y cada normativa que bloquea la actividad empuja a un joven a abandonar su pueblo.
El mensaje final resume el sentido de la movilización: no se piden privilegios, se exige respeto y dignidad. Porque, como recordó Aguilera, si el campo no produce, la ciudad no come. Y si el campo muere, Castilla y León desaparece.
