La Alianza UPA-COAG ha lanzado una denuncia pública contra la Agencia Tributaria, a la que acusa de “enmarañar” deliberadamente el procedimiento de devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) correspondiente al consumo de gasóleo agrícola. La organización agraria asegura que el Ministerio de Hacienda está erigiendo un muro burocrático con la intención de que los agricultores desistan de reclamar una ayuda que es legal y necesaria para mantener la rentabilidad de sus explotaciones.
Una medida conquistada hace 20 años por el campo
La devolución del IEH fue una conquista del sector agrario en 2005, tras intensas movilizaciones lideradas por las organizaciones COAG y UPA. Desde entonces, esta medida se ha convertido en un mecanismo esencial de compensación del coste del gasóleo agrícola. Según los datos ofrecidos por UPA-COAG, en las dos últimas décadas los profesionales agrarios de Castilla y León han recibido un total de 1.675 millones de euros a través de este concepto, lo que equivale a una media de 40.850 euros por explotación.
Sin embargo, lo que antes era un procedimiento relativamente sencillo, incluso casi automático en muchos casos, se ha convertido este año en una carrera de obstáculos burocráticos.
Un aluvión de requerimientos tras cada solicitud
Los técnicos de la Alianza, encargados de ayudar a los agricultores en la gestión de estas devoluciones, han constatado una tendencia preocupante: apenas transcurridos unos días desde que comenzaron a tramitarse las solicitudes de este ejercicio, la mayoría de ellas están recibiendo requerimientos adicionales de la Agencia Tributaria. Incluso en los casos en los que la cuantía a devolver es mínima.
“Hemos recibido numerosas notificaciones al respecto en solo dos semanas. Ha sido presentar la solicitud y ya está el requerimiento de Hacienda encima”, aseguran desde la organización.
La consecuencia directa es que muchos pequeños agricultores que consumen cantidades reducidas de gasóleo están renunciando a solicitar esta ayuda, desmotivados por los trámites y la presión documental.
Exceso de celo por parte de Hacienda
Desde la Alianza se pone el foco en el Ministerio de Hacienda, que dirige la también vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, por su “exceso de celo” a la hora de solicitar documentación adicional, lo que estaría suponiendo un obstáculo deliberado en el acceso a la devolución.
Entre los nuevos requerimientos que están sorprendiendo al sector figuran:
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Licencia de los depósitos de almacenamiento de gasóleo.
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Declaraciones de los proveedores de combustible.
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Declaración censal de actividad del agricultor.
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Justificantes de la solicitud PAC.
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Otra documentación complementaria que en años anteriores no era requerida.
Este aumento del control administrativo, según UPA-COAG, no obedece a razones técnicas ni legales. Se trata de una estrategia para limitar el acceso a la ayuda, especialmente a aquellos con solicitudes de menor cuantía, que son mayoría en el campo castellanoleonés.
Un muro invisible para el campo
Las declaraciones recogidas por la organización reflejan la frustración creciente de los afectados. Muchos recuerdan que hace apenas unos años el proceso era mucho más ágil y sencillo, sin necesidad de tanta documentación. El contraste con años anteriores es tan evidente que desde la Alianza se afirma que «algo ha cambiado claramente en la voluntad de facilitar el acceso a esta medida».
UPA-COAG advierte que la consecuencia directa de esta estrategia será la exclusión de numerosos agricultores, especialmente los más pequeños, quienes tienen más dificultades para afrontar una tramitación tan compleja y prolongada.
El papel de las organizaciones agrarias
Tradicionalmente, la mayoría de las solicitudes de devolución del IEH son gestionadas por las propias organizaciones agrarias en sus oficinas. Sin embargo, este año ni siquiera esta ayuda profesional está logrando evitar los reiterados requerimientos que lanza la Agencia Tributaria. La Alianza denuncia que se está generando un efecto disuasorio en todo el sector.
“No hay una causa técnica que lo justifique. Se trata de una decisión política de endurecimiento del acceso”, sostienen.
Una reivindicación que no cesa
La Alianza UPA-COAG concluye que este comportamiento administrativo vulnera el espíritu de la ayuda pactada en 2005. Asegura que no se rendirá ante este nuevo escollo y anuncia que exigirá explicaciones al Ministerio de Hacienda y medidas correctivas inmediatas para garantizar la equidad y la justicia fiscal en el sector agrario.
Asimismo, recuerda que la devolución del IEH no es una subvención, sino una compensación a un sobrecoste estructural que soportan los agricultores y que debe mantenerse como herramienta de apoyo especialmente en un contexto de elevada incertidumbre económica y presión de costes.
