La organización agraria La Unión ha denunciado públicamente un intento de intimidación directa a agricultores y ganaderos extremeños mediante la comunicación acelerada de sanciones administrativas tras las tractoradas celebradas el pasado 16 de enero. El comunicado, fechado en Mérida el 22 de enero de 2026, señala como principal responsable al Presidente de la Gestora del PSOE en Extremadura y Delegado del Gobierno, José Luis Quintana, al que acusan de utilizar su posición institucional para disuadir nuevas movilizaciones previstas en las próximas semanas.
El conflicto se enmarca en un contexto de máxima tensión en el sector agrario, con movilizaciones crecientes contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC), dos procesos legislativos que, según denuncian las organizaciones agrarias, ponen en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones en España y en el conjunto de la Unión Europea.
Sanciones económicas como instrumento de presión
Según detalla el comunicado, al Secretario General de La Unión se le ha notificado una sanción de 3.000 euros por presuntamente obstaculizar la circulación durante la tractorada celebrada el 16 de enero a la altura del municipio de Valdivia. La organización subraya no solo la cuantía de la sanción, sino la celeridad con la que ha sido comunicada, interpretándola como una estrategia deliberada de advertencia al conjunto del sector.
Desde La Unión se considera que estas actuaciones no tienen un carácter meramente administrativo, sino político y disuasorio, con el objetivo de evitar que los agricultores vuelvan a salir a las carreteras en las protestas ya anunciadas.
En este sentido, el comunicado es explícito al afirmar que la rapidez de las sanciones “viene con la clara intención de amenazar a los manifestantes” para que desistan de las movilizaciones previstas, especialmente la del 23 de enero en Extremadura y la gran tractorada anunciada en Madrid para febrero.
El foco europeo: Mercosur y la reforma de la PAC
La Unión vincula directamente estas presiones internas con el contexto político europeo. En concreto, denuncia la actuación del eurodiputado socialista Ignacio Sánchez Amor, al que acusan de votar en contra de los intereses de los agricultores en el Parlamento Europeo.
Según el comunicado, Sánchez Amor habría respaldado una posición contraria a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea paralice el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, impidiendo que el tribunal se pronuncie sobre su legalidad.
Para el sector agrario, este acuerdo representa una amenaza estructural:
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Entrada de productos agroalimentarios de terceros países con menores exigencias ambientales y laborales.
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Competencia desleal frente a las explotaciones europeas.
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Presión a la baja sobre los precios en origen.
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Riesgo para la seguridad alimentaria y el modelo productivo europeo.
A este escenario se suma la propuesta de reforma de la PAC, actualmente en negociación, que según La Unión podría provocar la desaparición de miles de explotaciones agrarias, especialmente las de carácter familiar y profesional.
Un conflicto que trasciende al sector agrario
Uno de los mensajes centrales del comunicado es que las consecuencias de estas políticas no afectan solo a agricultores y ganaderos, sino también al conjunto de la sociedad. La Unión advierte de que tanto el acuerdo con Mercosur como la reforma de la PAC tendrán efectos directos sobre:
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La soberanía alimentaria.
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La calidad y trazabilidad de los alimentos.
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El tejido económico y social del medio rural.
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El precio y la seguridad de los productos para los consumidores.
Por ello, la organización insiste en que las sanciones, denuncias o “traiciones políticas” no impedirán que el sector continúe movilizándose ni tratando de concienciar a la sociedad sobre lo que consideran acuerdos profundamente perjudiciales.
Calendario de movilizaciones: sin marcha atrás
Lejos de desconvocar las protestas, La Unión reafirma su hoja de ruta. El comunicado confirma:
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23 de enero: nuevas movilizaciones en Extremadura.
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11 de febrero: gran tractorada en Madrid, con participación de agricultores y ganaderos de distintos puntos del país.
La organización concluye con un mensaje contundente: “Nos jugamos el futuro de muchos agricultores y ganaderos, por lo que no vamos a dejarnos intimidar.”
