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Más de 10.000 agricultores y ganaderos de toda Europa se han concentrado este martes en Estrasburgo, frente al Parlamento Europeo, en una de las mayores movilizaciones agrarias de los últimos meses en el ámbito comunitario. La protesta, respaldada por Copa-Cogeca y convocada por la FNSEA, ha contado con la participación de más de 2.000 tractores y se ha celebrado en la víspera de una votación clave sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
El mensaje lanzado desde la calle ha sido directo y unánime: el campo europeo exige a los europarlamentarios que apoyen la resolución que permitiría solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una revisión judicial del acuerdo UE-Mercosur antes de cualquier intento de ratificación definitiva. Una exigencia que, según el sector, no es política ni ideológica, sino jurídica, técnica y de seguridad económica para miles de explotaciones agrarias.
Más de 10.000 manifestantes y 2.000 tractores: una imagen de fuerza del campo europeo
La cifra de asistentes —más de 10.000 agricultores y ganaderos procedentes de distintos Estados miembros— ha convertido la concentración de Estrasburgo en un símbolo de la creciente inquietud del sector primario ante los acuerdos comerciales internacionales. La imagen de miles de tractores rodeando el Parlamento Europeo ha servido para visualizar una reivindicación común: el rechazo a un acuerdo que, en su formulación actual, el campo considera desequilibrado y carente de garantías.
Entre los manifestantes se encontraba una delegación de medio centenar de agricultores y ganaderos españoles de ASAJA, desplazados desde diferentes puntos del país para sumarse a una protesta que trasciende fronteras nacionales. Su presencia ha reforzado la idea de que el malestar no es exclusivo de un solo país, sino compartido por el conjunto del sector agrario europeo.
Desde ASAJA, la lectura de la movilización es clara: el acuerdo UE-Mercosur se ha convertido en un punto de inflexión para el modelo agrario europeo, al poner en cuestión principios básicos como la reciprocidad normativa, la trazabilidad de las producciones y la defensa de unos estándares que en Europa son obligatorios, pero que no se exigen con la misma firmeza a terceros países.
#ASAJA defiende una vez más lo que es de justicia:
❌ No al acuerdo Mercosur: una amenaza directa para miles de explotaciones españolas.
💶 Sí a una PAC con presupuesto suficiente: no podemos producir con menos dinero y más obligaciones.
📉 Basta de burocracia: el agricultor… pic.twitter.com/62dnkHNAKz
— Asaja Nacional (@AsajaNacional) January 20, 2026
ASAJA pide rigor jurídico antes de ratificar el acuerdo UE-Mercosur
La movilización ha tenido un objetivo concreto y definido: reclamar a los europarlamentarios que voten a favor de activar una investigación judicial previa del acuerdo. Esta vía permitiría al Tribunal de Justicia de la UE analizar la legalidad del texto y sus implicaciones antes de que el acuerdo avance en el proceso de ratificación.
Desde ASAJA, se insiste en que el sector no está pidiendo un bloqueo automático del comercio, sino seguridad jurídica y transparencia. El temor del campo es que, una vez ratificado el acuerdo, las posibles correcciones lleguen tarde, cuando el daño económico ya sea irreversible para miles de explotaciones.
La organización agraria considera que el Parlamento Europeo tiene en este momento una responsabilidad histórica: decidir si prioriza la defensa del modelo agrario europeo o si acepta un acuerdo que, según ASAJA, introduce una competencia desleal difícil de corregir a posteriori.
Pedro Barato: “Los europarlamentarios tienen una responsabilidad con el campo europeo”
Durante la concentración, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, tomó la palabra ante miles de agricultores y ganaderos para subrayar la trascendencia de la votación prevista para el día siguiente en el Parlamento Europeo.
Barato recordó que ASAJA ha manifestado desde el inicio su rechazo al acuerdo con Mercosur “tal y como está planteado”, y dejó claro que el problema no es el comercio en sí, sino las condiciones en las que se pretende aprobar.
Según explicó, un mercado europeo abierto solo es viable si se basa en reglas claras, transparentes y recíprocas. En caso contrario, el resultado es un desequilibrio estructural que penaliza a quienes producen bajo normas estrictas en materia sanitaria, medioambiental y de bienestar animal.
El presidente de ASAJA insistió en que la petición del sector es razonable y plenamente compatible con el funcionamiento institucional de la UE: permitir que el Tribunal de Justicia examine el acuerdo antes de seguir avanzando. A su juicio, hacer las cosas deprisa y sin garantías no solo perjudica al campo, sino que debilita la credibilidad del propio proyecto europeo.
Reciprocidad, trazabilidad y salvaguardias: los ejes del rechazo agrario
Uno de los puntos centrales de la protesta ha sido la denuncia de la falta de reciprocidad real en el acuerdo UE-Mercosur. ASAJA sostiene que el texto actual no garantiza que los productos importados cumplan los mismos estándares que se exigen a los productores europeos.
El sector agrario alerta de que:
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No existe una aplicación efectiva de las llamadas cláusulas espejo.
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No se detalla de forma clara qué productos y sustancias están prohibidos en la UE pero permitidos en países de Mercosur.
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Los mecanismos de control y las salvaguardias previstas son insuficientes o tardías.
La experiencia previa con otros acuerdos comerciales refuerza esta preocupación. Según ASAJA, las salvaguardias suelen activarse cuando el daño ya se ha producido, provocando caídas de precios, pérdida de rentabilidad y abandono de explotaciones.
Para el campo europeo, la trazabilidad y el control no son conceptos teóricos, sino condiciones esenciales para competir en igualdad. Sin ellas, el acuerdo se percibe como una amenaza directa a la viabilidad del modelo agrario europeo.
El campo no quiere ser moneda de cambio comercial ni geopolítica
Otro de los mensajes más repetidos durante la movilización ha sido el rechazo del sector a convertirse en moneda de cambio de decisiones comerciales o geopolíticas que se toman lejos del territorio rural.
Desde ASAJA se ha recordado que, en los últimos años, el campo ha asumido el impacto económico de crisis y acuerdos que no ha provocado:
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Las consecuencias de la guerra de Ucrania.
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Los efectos de acuerdos comerciales anteriores, como los firmados con Marruecos.
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Ahora, el posible impacto del acuerdo con Mercosur.
El sector agrario considera que este patrón se repite: se prometen compensaciones, controles o revisiones futuras que, en la práctica, no llegan o llegan tarde. Por ello, la votación en el Parlamento Europeo se percibe como una oportunidad para frenar esta dinámica y exigir garantías reales desde el inicio.
Una votación clave para la seguridad jurídica y alimentaria
La resolución que se vota en el Parlamento Europeo es vista por ASAJA como un punto de inflexión. No se trata únicamente de un acuerdo comercial, sino de una decisión que afecta a la seguridad jurídica, la seguridad alimentaria y la defensa de un modelo productivo basado en calidad, sostenibilidad y trazabilidad.
El campo europeo entiende que permitir una revisión judicial previa no bloquea el comercio, sino que refuerza la legitimidad del proceso y evita conflictos futuros. Desde esta perspectiva, la investigación del Tribunal de Justicia se presenta como una herramienta de prevención, no de confrontación.
Una movilización que tendrá continuidad
La concentración de Estrasburgo no es un hecho aislado. Se suma a una serie de movilizaciones que el sector agrario europeo y español viene protagonizando en los últimos meses, tanto en Bruselas como en distintos territorios nacionales.
Desde ASAJA se advierte de que, si no se atienden las demandas del sector, las protestas continuarán. El mensaje final lanzado desde Estrasburgo es claro: el campo no se opone al comercio, pero exige respeto, equilibrio y garantías.
Con más de 10.000 agricultores y ganaderos frente al Parlamento Europeo, el sector ha dejado claro que la votación de mañana no será una más. Para el campo, es una prueba de hasta qué punto las instituciones europeas están dispuestas a mirar al sector agrario para defenderlo.
