A un año de las protestas masivas que protagonizaron miles de agricultores en toda Europa, una nueva encuesta paneuropea revela que la gran mayoría de los trabajadores del campo siguen sintiéndose abandonados por las instituciones políticas, tanto a nivel de la Unión Europea como de los gobiernos nacionales. La encuesta, realizada por Ipsos y encargada por la asociación CropLife Europe, muestra que el 91% de los agricultores sigue insatisfecho con la respuesta política a sus demandas. Esta cifra subraya un profundo desencanto con las promesas de cambio y un sentimiento generalizado de frustración por la falta de medidas concretas.
Durante 2023 y 2024, agricultores de países como Francia, Alemania, España, Italia y Polonia salieron a las calles para denunciar una situación que calificaban de «insostenible». Exigían medidas urgentes ante la creciente presión económica, el aumento de las exigencias medioambientales sin apoyo suficiente, y una burocracia que consume tiempo y recursos. Aunque sus protestas recibieron amplia cobertura mediática y apoyo por parte de la opinión pública, los agricultores consideran que nada ha cambiado de forma sustancial.
Uno de los datos más alarmantes de la encuesta es que el 69% de los agricultores afirma que sus ingresos son insuficientes para mantener sus explotaciones agrícolas. Esto pone en peligro la sostenibilidad económica del sector agrícola europeo, considerado estratégico para la seguridad alimentaria del continente. La presión financiera se ha agravado con el aumento de los costes de producción, la volatilidad de los precios en los mercados y la competencia con productos importados que no siempre cumplen los mismos estándares.
La petición del sector es clara: simplificar los procesos administrativos y mejorar el acceso a las ayudas financieras. Para muchos agricultores, la tramitación de subvenciones y programas de apoyo resulta compleja y lenta, lo que impide que los fondos lleguen a tiempo para cubrir necesidades críticas.
Otro aspecto destacado en la encuesta es la preocupación por el acceso limitado a nuevas tecnologías agrícolas. Muchos agricultores consideran que no pueden competir ni adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales si no se les facilita el acceso a biosoluciones, biotecnología y herramientas de agricultura de precisión. Estas innovaciones son esenciales para aumentar la productividad, reducir el impacto ambiental y garantizar la sostenibilidad de las explotaciones.
No obstante, según denuncian, el entorno normativo actual en la UE a menudo retrasa o complica la aprobación y uso de estas herramientas. La demanda del sector es clara: eliminar barreras regulatorias injustificadas y facilitar una transición tecnológica que sea accesible para todos los productores, incluidos los de pequeña y mediana escala.
Agricultores europeos
La carga administrativa sigue siendo la principal queja de los agricultores europeos. Según el informe, la mayor prioridad para los encuestados es reducir la sobrecarga burocrática. La necesidad de cumplir con numerosas normativas, informes y registros supone una pérdida de tiempo considerable, que podría invertirse en actividades productivas. Además, muchos agricultores carecen del apoyo o formación necesaria para gestionar adecuadamente todos los requisitos legales, lo que genera inseguridad jurídica y aumenta el riesgo de sanciones.
La simplificación de los procesos de cumplimiento, aseguran desde el sector, liberaría recursos y mejoraría la eficiencia en el trabajo diario del agricultor. Este aspecto es especialmente relevante para las pequeñas explotaciones, que a menudo no pueden permitirse contratar personal especializado para realizar estas gestiones.
Uno de los datos más preocupantes que arroja la encuesta es el creciente pesimismo sobre el futuro de la agricultura. Más de la mitad de los agricultores europeos encuestados expresa una visión negativa a largo plazo, ante la falta de estabilidad económica y el desinterés institucional. Este desencanto se traduce en una pérdida progresiva del tejido agrario, con explotaciones que cierran o se venden por falta de rentabilidad.
El estudio también revela una problemática creciente: la falta de relevo generacional. Uno de cada cinco agricultores afirma que tiene previsto abandonar la actividad en los próximos cinco años, y el 5% quiere dejarlo ya en el próximo año. Esta situación amenaza la continuidad del sector y plantea un grave riesgo para el mantenimiento de la producción local y la gestión del territorio rural.
Ante estos datos, desde CropLife Europe y otras asociaciones como AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas) se ha hecho un llamado urgente a la Unión Europea para que actúe con determinación. «Los agricultores han expresado sus preocupaciones. Ahora es el momento de actuar juntos», señala Olivier de Matos, director general de CropLife Europe. Para De Matos, cerrar la brecha tecnológica y dotar a los agricultores de las herramientas necesarias es clave para construir un futuro agrícola sostenible y competitivo.
Carlos Palomar, director general de AEPLA, coincide con estas declaraciones: «Las preocupaciones de los agricultores españoles son las mismas que las de sus colegas europeos. Desde AEPLA trabajamos para dar respuesta a estas inquietudes desarrollando soluciones de sanidad vegetal integrales». Palomar subraya la importancia de combinar productos fitosanitarios tradicionales con biosoluciones, biotecnología y agricultura de precisión. «El futuro está aquí y la innovación marca nuestro camino. No se trata de una opción, sino de una necesidad», concluye.
Los resultados de la encuesta son una clara señal de alarma para las instituciones europeas. La agricultura europea, motor económico y social de muchas regiones rurales, atraviesa una crisis de confianza y de sostenibilidad estructural. Si la UE no actúa con rapidez y eficacia, corre el riesgo de perder no solo su soberanía alimentaria, sino también una parte fundamental de su identidad económica y cultural.
La demanda de los agricultores es directa y contundente: menos promesas y más acciones. Reducir la burocracia, garantizar una competencia leal, mejorar los ingresos y facilitar el acceso a la innovación son condiciones esenciales para recuperar la confianza del sector. La decisión está ahora en manos de los responsables políticos. El futuro de la agricultura europea depende de ello.
