Las organizaciones agrarias de Ávila, UCCL, Asaja y Alianza UPA-COAG, han lanzado una enérgica petición a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para que se implementen medidas urgentes de apoyo a los agricultores de la provincia, quienes enfrentan un tercer año consecutivo de pésimas cosechas de cereal. Durante el último Consejo Agrario Provincial, los representantes de estas organizaciones destacaron la necesidad de un `Plan de rescate extraordinario´ que permita a los cerealistas abulenses sobrevivir a una situación que califican de «dramática».
La situación de los agricultores en Ávila no tiene parangón con la de ninguna otra provincia de la región. Los datos presentados por las organizaciones agrarias son contundentes: las producciones medias apenas alcanzan los 1.600 kilos por hectárea, un rendimiento que no logra cubrir los costos de producción, que ascienden a 800 euros por hectárea. Este desfase ha resultado en pérdidas de aproximadamente 400 euros por hectárea para los agricultores de la provincia.
La crisis en el sector cerealista de Ávila no es un fenómeno aislado de este año. Los agricultores han sufrido dos campañas consecutivas, en 2022 y 2023, con producciones y precios extremadamente bajos. Este tercer año de crisis agrava una situación que ya era insostenible, dejando a muchos productores al borde del colapso financiero.
«La situación para los cerealistas abulenses puede definirse como ‘dramática’ si tenemos en cuenta que venimos de dos campañas pasadas donde las producciones y precios han sido extremadamente bajos», explican las Opas abulenses en un comunicado conjunto. «Es necesario que el Gobierno regional tome medidas excepcionales para proteger al sector, y por lo tanto a los profesionales agrarios, en uno de los momentos más duros de los que se recuerdan en el sector».
Reclamaciones concretas en Ávila
Las organizaciones agrarias UCCL, Asaja y Alianza UPA-COAG han delineado un conjunto de medidas que consideran indispensables para hacer frente a la crisis. Entre estas, destacan:
1. Ayudas directas: Fondos inmediatos para compensar las pérdidas económicas directas de los agricultores.
2. Financiación a coste cero: Créditos sin intereses que permitan a los agricultores invertir en la próxima campaña sin aumentar su carga financiera.
3. Demora de préstamos: Aplazamiento de los pagos de los préstamos actuales para evitar que los agricultores tengan que afrontar vencimientos en un momento de ingresos nulos o muy bajos.
4. Exenciones fiscales: Reducción o eliminación temporal de impuestos que alivien la carga económica sobre los productores.
5. Condonaciones de tarifas de riego: Eliminación de los costos asociados al riego, una medida crítica en una provincia donde la gestión del agua es esencial para la agricultura.
Estas medidas, según las organizaciones agrarias, son esenciales para evitar la desaparición de muchas explotaciones agrícolas en Ávila y para mantener la viabilidad del sector a medio y largo plazo.
La agricultura no solo es un sector clave en la economía de Ávila, sino también una parte fundamental del tejido social de la provincia. La crisis del cereal no solo afecta a los productores directamente involucrados, sino que tiene un efecto dominó sobre toda la comunidad. La reducción de ingresos en el sector agrícola se traduce en menos empleo, tanto directo como indirecto, y en un menor dinamismo económico en las áreas rurales.
«Estamos hablando de la supervivencia de nuestras comunidades rurales», subrayan las Opas abulenses. «La desaparición de explotaciones agrícolas tiene un impacto devastador en términos de empleo y de actividad económica local. Necesitamos un plan de rescate que no solo ayude a los agricultores, sino que también proteja el futuro de nuestras comunidades».
Las organizaciones agrarias insisten en que la responsabilidad de abordar esta crisis recae en la Junta de Castilla y León. La solicitud de un plan de rescate agrario integral no es una demanda nueva, pero la urgencia de la situación hace que la adopción de medidas sea más crítica que nunca.
«Instamos a la Junta de Castilla y León en Ávila a que impulse un plan de rescate agrario integral para que los agricultores abulenses puedan afrontar una situación que es límite en muchos casos», reiteran las organizaciones. «Es fundamental que se destine un presupuesto suficiente para compensar las pérdidas de los productores y se implementen medidas de choque».
A medida que los agricultores de Ávila enfrentan el desafío inmediato de sobrevivir a la campaña actual, también deben mirar hacia el futuro con incertidumbre. El cambio climático, las fluctuaciones del mercado y la falta de apoyo continuo son factores que complican aún más el panorama.
Las organizaciones agrarias enfatizan la necesidad de un enfoque a largo plazo que incluya no solo medidas de emergencia, sino también estrategias de sostenibilidad y resiliencia para el sector. «No podemos seguir reaccionando solo a las crisis», argumentan. «Necesitamos políticas que fortalezcan el sector agrícola de manera sostenible, que promuevan la innovación y que aseguren que nuestros agricultores pueden competir en un mercado cada vez más globalizado».
La llamada a la acción de las organizaciones agrarias de Ávila es un recordatorio urgente de la situación crítica que enfrenta el sector cerealista en la provincia. Con pérdidas significativas y un futuro incierto, los agricultores dependen de la intervención del Gobierno regional para sobrevivir. La implementación de un plan de rescate agrario integral no solo es una medida necesaria para el presente, sino una inversión en el futuro de la agricultura y las comunidades rurales de Ávila.
