Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha intensificado su oposición al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur al solicitar formalmente a los europarlamentarios que voten a favor de la remisión del acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La organización considera que esta vía jurídica es fundamental para ganar tiempo, aclarar el marco legal del tratado y evitar que se adopten decisiones irreversibles que puedan tener graves consecuencias para la agricultura y la ganadería españolas.
La petición se ha realizado a través de una carta dirigida a los miembros del Parlamento Europeo, coincidiendo con la sesión prevista para este miércoles, en la que se abordará el procedimiento a seguir respecto al acuerdo UE–Mercosur. Unión de Uniones recuerda que, pese a los avances institucionales, todavía existe margen para frenar o, al menos, revisar en profundidad un tratado que genera una enorme preocupación en amplios sectores del campo europeo.
Unión de Uniones explica lo que supone solicitar un dictamen 
Desde Unión de Uniones explican que solicitar un dictamen al TJUE no supone un rechazo automático del acuerdo, sino una herramienta legítima para clarificar su encaje jurídico y reforzar el papel del Parlamento Europeo en un proceso que consideran opaco y acelerado. La organización subraya que esta remisión permitiría analizar si el procedimiento seguido y el contenido del acuerdo respetan plenamente el derecho comunitario y las competencias de las distintas instituciones.
En este sentido, la organización agraria insiste en que la agricultura española se enfrenta a riesgos significativos si el acuerdo entra en vigor, incluso de forma provisional, sin que se hayan evaluado con rigor sus impactos económicos, sociales y medioambientales. “El pedido de dictamen al TJUE sirve para ganar tiempo, clarificar el marco jurídico y evitar decisiones irreversibles”, señalan desde Unión de Uniones, que considera esta vía como una medida de prudencia ante un tratado de gran alcance.
Uno de los aspectos que más inquieta a Unión de Uniones es la particularidad del proceso seguido para el acuerdo UE–Mercosur. La división del tratado en dos instrumentos jurídicos distintos abre la puerta a una posible aplicación provisional del pilar comercial, incluso antes de que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento definitivo y sin la ratificación de los Parlamentos nacionales.
Según la organización, este escenario dejaría a la agricultura española expuesta a efectos económicos potencialmente irreversibles, como la entrada masiva de productos agrarios procedentes de Mercosur en condiciones de competencia desiguales. Todo ello, advierten, sin un control democrático completo ni garantías suficientes de que se respeten los estándares europeos en materia sanitaria, medioambiental, social y de bienestar animal.
Unión de Uniones considera que esta forma de proceder genera una gran inseguridad jurídica y debilita el papel de las instituciones representativas. Por ello, reclama que cualquier avance en la tramitación del acuerdo se haga con total transparencia y con la participación efectiva de los órganos legislativos.
La organización también se ha referido al reciente avance en la tramitación de un reglamento interno de salvaguardas agrícolas vinculado al acuerdo UE–Mercosur. Aunque reconoce que este instrumento podría servir para mitigar algunos impactos negativos, Unión de Uniones advierte de que el reglamento todavía no está aprobado de forma definitiva y se encuentra en fase de negociación interinstitucional.
Además, subraya un aspecto clave: estas salvaguardas no forman parte del propio tratado ni han sido aceptadas por los países de Mercosur. Esto significa que su aplicación podría ser limitada o incluso ineficaz ante determinadas situaciones de crisis de mercado. Para la organización agraria, confiar en mecanismos aún no cerrados y externos al acuerdo supone un riesgo añadido para los productores europeos.
Unión de Uniones insiste en que uno de los principales problemas del acuerdo UE–Mercosur es la falta de reciprocidad en las condiciones de producción. Los agricultores y ganaderos europeos están sometidos a una normativa cada vez más exigente en materia sanitaria, medioambiental, de bienestar animal y de derechos laborales, lo que incrementa sus costes de producción.
En cambio, muchos productos procedentes de Mercosur se elaboran bajo estándares menos estrictos, lo que les permite llegar al mercado europeo a precios más bajos. Esta situación, según la organización, genera una competencia desleal que pone en peligro la viabilidad de numerosas explotaciones agrarias, especialmente en países como España.
“No podemos seguir permitiendo que esto siga adelante si no se garantizan condiciones de competencia equivalentes en materia sanitaria, medioambiental ni de bienestar animal ni social”, ha afirmado Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, quien ha sido especialmente crítico con la postura de las instituciones europeas.
La organización agraria sostiene que España figura entre los países más perjudicados por el acuerdo UE–Mercosur, debido al peso de sectores sensibles como la ganadería extensiva, la producción de carne, los cítricos, el arroz o determinados cultivos herbáceos. La entrada de productos a gran escala desde países sudamericanos podría provocar una presión a la baja sobre los precios y un aumento de la inestabilidad en los mercados agrarios.
Unión de Uniones advierte de que este impacto no solo sería económico, sino también social y territorial, ya que afectaría especialmente a las zonas rurales, donde la agricultura y la ganadería desempeñan un papel clave en el mantenimiento del empleo y la población.
Desde la organización reclaman un proceso transparente y respetuoso con las reglas del juego comunitarias. Consideran inaceptable que se intente avanzar en la aplicación del acuerdo sin un debate profundo y sin garantizar que los intereses del sector agrario estén debidamente protegidos.
“Queremos transparencia y un acuerdo comercial que se haga con todas las garantías, sin saltarse las reglas del juego”, ha señalado Luis Cortés, subrayando la necesidad de que el Parlamento Europeo ejerza plenamente su función de control y representación de la ciudadanía.
Unión de Uniones no limita su actuación al ámbito institucional. Además de su interlocución con los europarlamentarios y otras instancias europeas, la organización mantiene una intensa actividad de movilización en el territorio. Considera fundamental que la oposición al acuerdo UE–Mercosur también se visibilice en la calle y cuente con el respaldo de agricultores y ganaderos.
En este contexto, la organización ha anunciado una gran tractorada en Madrid para el próximo 11 de febrero, con el objetivo de denunciar los riesgos del acuerdo y exigir a las instituciones europeas y nacionales que defiendan al sector agrario. Esta movilización se suma a otras acciones desarrolladas en distintos territorios donde Unión de Uniones está implantada.
Unión de Uniones asegura que seguirá “manteniendo el pulso” para evitar que el acuerdo UE–Mercosur se convierta en lo que califican como “una mala ocurrencia” con consecuencias duraderas para el campo europeo. La organización confía en que la remisión del acuerdo al TJUE sea respaldada por una mayoría de europarlamentarios conscientes de la magnitud del problema.
Para el sindicato agrario, la clave está en no precipitar decisiones que puedan comprometer el futuro de la agricultura y la ganadería. Reclaman un acuerdo comercial equilibrado, basado en la reciprocidad, la seguridad jurídica y el respeto a los estándares europeos. Hasta que esas condiciones no se garanticen, Unión de Uniones considera imprescindible frenar el avance del acuerdo y abrir un debate serio y riguroso sobre sus implicaciones reales.
En definitiva, la petición al Tribunal de Justicia de la Unión Europea se presenta como una herramienta para ganar tiempo, reforzar el control democrático y proteger a un sector que, según la organización, no puede seguir siendo la moneda de cambio en las negociaciones comerciales internacionales.
