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La decisión del Parlamento Europeo de solicitar un control jurídico del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ha sido recibida con satisfacción, prudencia y un mensaje común de vigilancia activa por parte de las principales organizaciones agrarias españolas. El paso dado en Estrasburgo, aprobado en Pleno, supone que el texto del acuerdo sea analizado mediante un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una vía que puede condicionar —e incluso frenar— su ratificación definitiva.
La nota de prensa dice que el sector agrario y ganadero considera este movimiento institucional como un punto de inflexión tras años de denuncias sobre los desequilibrios del acuerdo, su impacto económico y las dudas jurídicas y políticas que plantea. ASAJA, COAG y Unión de Uniones coinciden en subrayar que la votación es consecuencia directa de la presión sostenida del campo, tanto en la calle como en los despachos europeos.
Un paso “fundamental” para frenar un acuerdo desequilibrado, según ASAJA
La ASAJA valora la votación del Parlamento Europeo como un avance clave para someter el acuerdo UE-Mercosur a un examen jurídico en profundidad. La organización agraria considera que este control puede convertirse en un freno real a la ratificación de un texto que, a su juicio, es claramente desequilibrado e injusto para los agricultores y ganaderos europeos.
La nota de prensa asegura que este logro no es casual, sino el resultado del papel activo que ASAJA ha desempeñado en el ámbito comunitario, especialmente a través de su participación en COPA‑COGECA, desde donde se han impulsado movilizaciones en Bruselas y Estrasburgo para situar las reivindicaciones del campo en el centro de la agenda política europea.
Desde Madrid, ASAJA subraya que el acuerdo genera un grave impacto económico, productivo y territorial sobre el sector agroalimentario europeo, con especial incidencia en España. La organización insiste en que existen dudas jurídicas y políticas de fondo que justifican plenamente la solicitud de dictamen al Tribunal de Justicia de la UE.
En este contexto, el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, confía en que el análisis jurídico “sirva para frenar la ratificación de un acuerdo claramente perjudicial para los agricultores y ganaderos europeos”, advirtiendo de que pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones. ASAJA hace además un llamamiento explícito al Gobierno de España para que defienda al sector agrario y ganadero, garantizando el principio de reciprocidad y unas condiciones de competencia justas frente a las importaciones procedentes de Mercosur.
COAG: la presión del campo “está dando sus frutos”
Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, la valoración sigue una línea similar, aunque con un tono de movilización activa. La organización destaca que la votación favorable del Parlamento Europeo para enviar el acuerdo UE-Mercosur al Tribunal de Justicia demuestra que la presión ejercida por el sector agrario europeo ha tenido efectos reales.
Según el comunicado, la combinación de protestas en la calle y gestiones institucionales ha permitido convencer a una mayoría de europarlamentarios para cuestionar un acuerdo considerado dañino para el campo europeo. COAG celebra la jornada como un éxito parcial, pero advierte de que la batalla no ha terminado.
La organización recalca que el objetivo final sigue siendo la paralización definitiva del acuerdo y que no llegue a ser ratificado por el Parlamento Europeo. Por ello, hace un llamamiento directo a los agricultores y ganaderos españoles para mantener la movilización y participar en las concentraciones previstas antes de final de mes, con especial atención a las convocadas para el día 29, así como a futuras acciones que puedan ser necesarias.
Para COAG, el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE representa una oportunidad para evidenciar las carencias jurídicas del acuerdo y reforzar el rechazo político a un texto que consideran contrario a los intereses del sector primario europeo.
Unión de Uniones: una “pequeña victoria” con una votación muy ajustada
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se suma a las valoraciones positivas, calificando la decisión del Parlamento Europeo como una pequeña victoria que da la razón a las advertencias que la organización venía realizando desde el inicio del proceso.
La nota de prensa asegura que el seguimiento constante del acuerdo UE-Mercosur y el trabajo de presión desarrollado en Europa han sido determinantes para alcanzar este resultado. Unión de Uniones destaca que ha mantenido un contacto permanente con los europarlamentarios, trasladándoles la realidad y el sentir de los agricultores y ganaderos europeos y españoles.
La organización pone el acento en el carácter ajustado de la votación, que se saldó con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Un resultado que, a su juicio, refleja la división existente en el Parlamento Europeo y la relevancia del pulso político mantenido en torno al acuerdo.
Para Unión de Uniones, el envío del texto al Tribunal de Justicia de la UE confirma que el acuerdo no respetaba correctamente los procedimientos internos, una de las críticas que la organización ha sostenido desde el principio. En palabras de su coordinador estatal, Luis Cortés, “la movilización funciona”, y este resultado demuestra que la presión del sector es más necesaria que nunca.
La organización anuncia que mantendrá intacto su calendario de manifestaciones y concentraciones, subrayando que seguirá muy de cerca el sentido del voto de los europarlamentarios, especialmente de los españoles, una vez se haga público el detalle de la votación.
Un dictamen jurídico con consecuencias políticas y económicas
Más allá de las valoraciones individuales, las organizaciones agrarias coinciden en que el control jurídico del acuerdo UE-Mercosur es un elemento clave para reabrir el debate sobre su contenido y sus implicaciones. El análisis del Tribunal de Justicia de la UE permitirá evaluar si el procedimiento seguido y el contenido del acuerdo se ajustan al marco jurídico comunitario, algo que podría tener consecuencias políticas de gran calado.
El sector agrario y ganadero insiste en que el acuerdo introduce desequilibrios y fomenta una competencia desleal, al permitir la entrada de productos procedentes de países con estándares productivos, sanitarios y medioambientales distintos a los exigidos en la Unión Europea. En este sentido, el principio de reciprocidad se convierte en uno de los ejes centrales del debate.
La movilización del campo, en el centro de la agenda europea
La nota de prensa dice que este avance es también un reconocimiento al papel de la representación profesional agraria y a la capacidad del sector para influir en los centros de decisión europeos. Las movilizaciones en Bruselas y Estrasburgo, impulsadas desde el ámbito comunitario, han sido señaladas como un factor determinante para que el acuerdo UE-Mercosur vuelva a situarse bajo el foco político y jurídico.
Las organizaciones agradecen de forma expresa el compromiso de agricultores y ganaderos que han participado en estas acciones, destacando que su implicación ha sido clave para que el debate trascienda el ámbito técnico y se convierta en una cuestión política de primer orden.
Un proceso abierto y un desenlace aún incierto
El envío del acuerdo UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no supone su paralización automática, pero sí introduce un elemento de incertidumbre que puede alargar los plazos y condicionar su futuro. Para el campo español, se trata de una oportunidad para reforzar sus argumentos y exigir un modelo de comercio internacional más justo y equilibrado.
Mientras se espera el dictamen jurídico, ASAJA, COAG y Unión de Uniones coinciden en una idea clave: la presión debe continuar. El resultado ajustado de la votación en el Parlamento Europeo demuestra que el debate sigue abierto y que cada paso, tanto institucional como en la calle, puede ser decisivo para el futuro del sector agroalimentario europeo.
