La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha exigido en el Congreso de los Diputados la suspensión inmediata del acuerdo comercial agrícola entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que declara su ilegalidad por incluir de manera indebida los territorios del Sáhara Occidental. Durante la conferencia sobre el Sáhara Occidental, organizada por el Frente Polisario y diversos grupos parlamentarios, COAG denunció las prácticas especulativas y el impacto negativo que este acuerdo tiene sobre los agricultores europeos y la población saharaui.
El responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, argumentó que la aplicación de la sentencia debe ser inmediata, sin el período de gracia de 12 meses que la UE ha concedido por razones de seguridad jurídica. Según Góngora, esta demora solo beneficia a intereses empresariales y perpetúa la competencia desleal que sufren los agricultores europeos.
Una Sentencia que Confirma la Ilegalidad del Acuerdo
El fallo del TJUE, publicado el 4 de octubre de 2024, invalida el acuerdo comercial modificado en 2019 entre la UE y Marruecos por violar los principios de autodeterminación y efecto relativo de los tratados. Este acuerdo extendía preferencias arancelarias a productos agrícolas originarios del Sáhara Occidental, sin contar con el consentimiento del pueblo saharaui.
La sentencia resalta que el territorio del Sáhara Occidental es distinto al de Marruecos y no puede incluirse en acuerdos comerciales sin la autorización expresa de su población. Sin embargo, pese al fallo, el tribunal ha permitido que el acuerdo siga en vigor durante un año, decisión que COAG considera injustificable y lesiva para los intereses europeos.
Góngora subrayó que los agricultores no han recibido ningún período de gracia para adaptarse a las condiciones desventajosas impuestas por este acuerdo: “Si el tribunal ha dictaminado que el acuerdo es ilegal, no tiene sentido prolongarlo. Los productores europeos seguimos perdiendo rentabilidad y desapareciendo mientras se beneficia a empresas transnacionales y se ignoran los derechos del pueblo saharaui”.
Uno de los principales problemas denunciados por COAG es la competencia desleal que generan las importaciones agrícolas desde Marruecos y el Sáhara Occidental. En regiones como Almería, epicentro de la producción nacional de tomate, el sector ha perdido 2.200 hectáreas de cultivo en los últimos cinco años debido al incremento del 170% en las importaciones de productos hortícolas marroquíes.
Góngora señaló que estas importaciones, facilitadas por las ventajas del acuerdo comercial y la falta de controles fronterizos rigurosos, están destruyendo el tejido productivo en el sudeste español: “Mientras Marruecos desarrolla la ‘megalópolis del tomate’ en Dakhla, en territorio ocupado del Sáhara Occidental, los agricultores españoles enfrentan una presión insoportable. Las prácticas ilegales de explotación en esta región no solo afectan a los agricultores europeos, sino también a los derechos fundamentales de los saharauis”.
El informe “Derechos Humanos y Empresas Transnacionales en el Sáhara Occidental: el caso del tomate”, elaborado por la ONG Mundubat y COAG, revela cómo Marruecos, bajo el Plan “Generation Green”, planea establecer 5.000 hectáreas de producción hortícola en Dakhla para 2030. Este macroproyecto, respaldado por el acuerdo comercial con la UE, explota recursos naturales y humanos de manera ilegal.
El informe detalla varias irregularidades del proyecto, como la usurpación de tierras y agua del pueblo saharaui, la discriminación laboral hacia esta población y el fraude al etiquetar productos agrícolas como originarios de Marruecos. Además, denuncia la complicidad de empresas transnacionales y capital europeo que operan en la región en colaboración con la oligarquía marroquí, incluyendo al rey Mohamed VI y altos cargos de su gobierno.
Otro aspecto crítico señalado por COAG es el perjuicio que este acuerdo representa para los consumidores europeos. Según la legislación de la UE, los productos agrícolas destinados a la venta deben indicar claramente su país de origen. Sin embargo, en muchos casos, las frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental se etiquetan como originarias de Marruecos, engañando a los consumidores.
El TJUE reafirma en su sentencia que el etiquetado de productos del Sáhara Occidental debe identificar claramente su procedencia y no puede incluir referencias a Marruecos. “Se está produciendo un fraude sistemático al consumidor europeo, y la UE debe tomar medidas inmediatas para garantizar que el etiquetado refleje la verdadera procedencia de estos productos”, exigió Góngora.
Un Acuerdo Basado en el Chantaje
COAG también denunció la posición negociadora de Marruecos, a la que calificó de chantajista. Según Góngora, el reino alauí utiliza cuestiones como la inmigración, el tráfico de drogas y el terrorismo como herramientas de presión para obtener concesiones comerciales en detrimento de los agricultores europeos.
“Es inaceptable que la UE y el Gobierno español sigan cediendo ante las demandas de Marruecos, sacrificando a los agricultores europeos y los derechos del pueblo saharaui. Este acuerdo no protege a los productores, no garantiza los ingresos aduaneros ni asegura la transparencia para los consumidores. Es hora de poner fin a esta injusticia”, afirmó el representante de COAG.
Ante esta situación, COAG exige:
- La suspensión inmediata del acuerdo comercial agrícola entre la UE y Marruecos, en cumplimiento de la sentencia del TJUE.
- Controles estrictos sobre el etiquetado de productos importados, para garantizar que los consumidores puedan identificar correctamente su origen.
- Medidas de protección para los agricultores europeos, especialmente en regiones como el sudeste español, que sufren directamente la competencia desleal.
- Un posicionamiento claro del Gobierno español en defensa de los derechos de los productores agrícolas y del pueblo saharaui.
La sentencia del TJUE marca un precedente importante en la defensa de los derechos del pueblo saharaui y los intereses de los agricultores europeos. Sin embargo, su implementación depende de la voluntad política de la UE y sus estados miembros.
COAG insiste en que es hora de actuar con firmeza para garantizar un comercio justo, proteger a los agricultores de la UE y salvaguardar los derechos fundamentales de las poblaciones afectadas. El futuro del sector agrícola europeo y el respeto al derecho internacional están en juego.
