La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha arremetido duramente contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras el comunicado que este organismo emitió el pasado 1 de octubre sobre el Proyecto de Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) relativo a la autorregulación del mercado del aceite de oliva.
El texto de la CNMC advertía de que la norma propuesta —que permitirá la retirada obligatoria de aceite del mercado o su destino a usos no alimentarios en situaciones de sobreoferta— podría “perjudicar a consumidores y operadores, especialmente a los de rentas más bajas, así como a distribuidores y exportadores”.
Sin embargo, COAG considera que tales afirmaciones son “profundamente erróneas” y revelan una “incongruencia” del organismo público que, según la organización agraria, “ha decidido ponerse del lado de la gran industria y el comercio en lugar de velar por el interés general, la transparencia y el correcto funcionamiento del mercado”.
El responsable estatal de Olivar de COAG, Juan Luis Ávila, fue especialmente contundente al valorar la postura de Competencia. “Con este comunicado la CNMC no sólo incumple su cometido, sino que lo pervierte: desprotege a los consumidores y da cobertura a quienes especulan con el aceite de oliva”, denunció.
Ávila considera que el organismo ha mostrado abiertamente su alineación con los intereses de los grandes operadores y en contra de los agricultores y consumidores. “Se trata de un organismo público que debería velar por la transparencia del mercado. Sin embargo, su actuación pone en evidencia a quién sirve realmente. Está dando alas a los especuladores que han provocado en los últimos años una gran volatilidad en los precios”, añadió.
El proyecto de orden que critica la CNMC tiene como base el Real Decreto 84/2021, que ya contemplaba la posibilidad de aplicar medidas de regulación de la oferta en el sector oleícola. Dicho decreto, que transpone normativa comunitaria, permite activar la retirada temporal de producto en casos excepcionales de desequilibrio grave entre la oferta y la demanda.
La nueva norma detalla que la medida solo se pondrá en marcha cuando la suma de existencias iniciales y producción prevista supere el 120% de la media de las seis campañas anteriores, y nunca implicará una retirada superior al 20% de la producción estimada.
Para COAG, estos mecanismos son “herramientas de estabilidad de mercado”, no instrumentos de manipulación de precios. “El objetivo no es encarecer el producto, como afirma la CNMC, sino dotar de estabilidad al sector, garantizando precios razonables para los consumidores y un mínimo de viabilidad para los productores”, sostienen desde la organización.
Aceite de oliva
Frente a las advertencias de la CNMC, COAG ha recordado la existencia de un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Giennenses y la Diputación de Jaén, titulado ‘Regulación de la oferta en el mercado oleícola. Estudio de las variables de influencia para proponer una norma de comercialización con la finalidad de mejorar y estabilizar su funcionamiento, al amparo del Real Decreto 84/2021’.
Este trabajo, desarrollado por investigadores de las Universidades de Jaén y Córdoba junto con el IFAPA, concluye que los principales beneficiarios de la autorregulación serán los consumidores. Según el estudio, aunque a corto plazo pueda registrarse un ligero aumento de precios, a medio y largo plazo la norma contribuirá a rebajar y estabilizar los precios, evitando los vaivenes extremos que se han vivido en las últimas campañas.
“El estudio demuestra que la autorregulación evita los picos de precios y las caídas bruscas, generando un mercado más predecible y justo para todos los agentes”, subraya COAG.
Durante las dos últimas campañas, el mercado del aceite de oliva ha estado marcado por una situación extrema: la escasez de producción derivada de la sequía disparó los precios hasta niveles “prohibitivos”. Según los datos de COAG, muchos hogares españoles se vieron obligados a reducir drásticamente o incluso abandonar el consumo de aceite de oliva, sustituyéndolo por productos de menor calidad nutricional.
“Esta renuncia no sólo tiene un impacto en la economía familiar, sino también en la salud pública”, advierte Ávila. “El aceite de oliva es un alimento esencial de la dieta mediterránea y un pilar de la alimentación saludable. Si las familias lo sustituyen por aceites más baratos y menos saludables, el perjuicio va mucho más allá del bolsillo.”
Para la organización agraria, estabilizar el mercado no solo protege a los olivareros, sino que también garantiza la accesibilidad del aceite de oliva a los consumidores a medio plazo. “La volatilidad extrema es el peor enemigo de todos. Cuando los precios caen, los productores no cubren costes; cuando suben, los consumidores se ven expulsados del mercado. La norma pretende precisamente evitar ese ciclo destructivo”, explica COAG.
COAG también ha recordado que el pasado 13 de mayo presentó una denuncia formal ante la CNMC por una posible alteración artificial de los precios en origen del aceite de oliva, una práctica que podría constituir una infracción grave de la Ley de Defensa de la Competencia.
Según la organización, la CNMC no sólo no abrió una investigación, sino que eludió su responsabilidad solicitando a COAG información que resultaba imposible de obtener para una entidad privada. “Competencia nos pidió datos que sólo están en manos de la propia Administración o de los grandes operadores. Fue una manera elegante de archivar el asunto sin entrar en el fondo”, lamenta Ávila.
La organización denuncia que ese “silencio administrativo” contrasta con la rapidez con la que la CNMC ha emitido su comunicado crítico contra una norma de interés público. “Resulta sospechoso que se mantengan al margen de posibles prácticas oligopolísticas, pero reaccionen inmediatamente para frenar una medida que busca precisamente evitar abusos”, señala COAG.
Uno de los argumentos más repetidos por COAG en los últimos años es la enorme brecha existente entre lo que perciben los agricultores y lo que pagan los consumidores. El Índice de Precios Origen-Destino (IPOD) que elabora mensualmente la organización muestra diferencias que en muchos productos superan el 500%, y el aceite de oliva es uno de los casos más extremos.
“Mientras el agricultor percibe precios que apenas cubren los costes de producción, en el lineal el litro de aceite puede multiplicar por seis o siete ese valor”, subrayan desde COAG. “Es vergonzoso que la CNMC arremeta contra una norma necesaria y beneficiosa mientras guarda silencio ante los abusos que sí perjudican directamente a los consumidores.”
Ávila fue aún más contundente: “Con su postura, este organismo se quita la careta y evidencia que defiende intereses ajenos al bien común. No hay otra explicación para que critique una medida respaldada por la legislación nacional y europea y, al mismo tiempo, ignore las irregularidades que denuncian los productores”.
La organización agraria reclama a la CNMC que actúe “con rigor, coherencia y transparencia”, y que reoriente su labor hacia la defensa real de la competencia y de los consumidores. “Si la CNMC quiere ser útil a la sociedad, debe investigar las causas reales de la especulación, no deslegitimar las herramientas que buscan corregirla”, apunta COAG.
Además, la entidad recuerda que el aceite de oliva es un sector estratégico para España, tanto en términos económicos como culturales. “Estamos hablando del producto estrella de nuestra agricultura, de nuestra dieta y de nuestra imagen internacional. No puede quedar a merced de los vaivenes del mercado ni de los intereses de unos pocos operadores poderosos”, sentencia Ávila.
En definitiva, COAG considera que la posición adoptada por la CNMC “es incoherente, injusta y perjudicial para el conjunto de la sociedad”. La organización insiste en que la medida de autorregulación propuesta por el Ministerio de Agricultura no busca distorsionar el mercado, sino protegerlo de sus propias disfunciones.
“La CNMC debería ser parte de la solución, no del problema”, concluye Ávila. “El futuro del olivar y el acceso de los ciudadanos al aceite de oliva dependen de políticas valientes, no de comunicados que solo sirven a quienes especulan con el esfuerzo de miles de agricultores.”
