La previsible aprobación por las Cortes de la reforma del Estatuto de los Consumidores de Castilla y León, que obligará a las estaciones de servicio a disponer de personal de forma permanente, perjudicará gravemente a aquéllas ubicadas en el medio rural, incluso llegando a su cierre, asegurán desde la Unión Regional de Cooperativas, URCACyL.
Los argumentos presentados por el PP y PSOE quedan desmontados por el reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, que muestra que las instalaciones sin personal cumplen con todas las medidas de seguridad y atención que el cliente precisa, reguladas por las leyes de seguridad industrial vigentes. Algo que queda demostrado por un recorrido de más de 30 años de existencia sin incidencias o por la misma realidad de la distribución de carburantes en la UE.
Además, según fuentes de Urcacyl, no se tiene en cuenta el grave perjuicio que supone para las instalaciones ubicadas en el medio rural, mayoritariamente de titularidad cooperativa, que dan servicio no sólo a los socios de las mismas sino a toda la población de los pueblos de Castilla y León, ofreciendo un producto de calidad a un precio competitivo -como reconoce el Ministerio de Industria, y en el lugar donde se precisa. PP y PSOE parece que se olvidan de las características de la dispersión geográfica de la región y de la falta acusada de todo tipo de servicios en los municipios rurales, que ahora se agravaría.
Es especialmente grave que estos grupos políticos desprecien la especificidad de la actividad agraria, como la vendimia, la siembra o la recolección, que no puede detenerse en períodos nocturnos o en festivos, que para el campo no existen cuando se dedica a estas labores. La nueva normativa obligaría a cerrar las instalaciones en estos períodos de trabajo, obligando a realizar inconcebibles desplazamientos para obtener un suministro que ahora tienen cercano.
Los grupos políticos llevan tiempo siendo presionados por ciertas asociaciones que pretenden, no mejorar el servicio, sino eliminar un competidor, como son las cooperativas agrarias, que se instalan en lugares, como el medio rural, que estas mismas asociaciones mayoritariamente han rechazado por falta de rentabilidad; pero que las cooperativas, fieles a sus socios y a sus principios de mejora del entorno rural en el que se ubican, sí atienden con calidad, precio y servicio.
Poco se han preocupado los partidos cuando estas asociaciones han eliminado cientos o miles de puestos de trabajo de las gasolineras de nuestra región en los últimos años, más ocupados en vender frutas, prensa o chucherías, que de suministrar carburante al cliente, a pesar de ser consideradas como instalaciones atendidas.
A juicio de la sectorial de suministros de Urcacyl y de Cooperativas Agro-alimentarias de España, parece claro que se tienen muy en cuenta las peticiones de algunos a costa de desoír las de otros, como las de las cooperativas agrarias y las necesidades del medio rural, que se han hecho llegar directamente a estos partidos y que han quedado más que respaldadas por el contundente informe de la CNMC.
Esperamos que no se llegue a aplicar esta normativa o habrá que suponer que los grupos parlamentarios, en orden a la atención de los consumidores, continuarán con esta decisión hasta sus últimas consecuencias; es decir, obligando a todo tipo de instalaciones automáticas a contar de forma obligatoria y permanente con personal que atienda directamente, ya sea en horario diurno o nocturno, laboral o festivo, ya sea en gasolineras sitas en autovías, ciudades o pueblos. Y tendrán que cuestionarse otros servicios a los consumidores, que carecen de personal atendiendo al público, como los de los cajeros automáticos de las oficinas bancarias, o las máquinas expendedoras de billetes de trenes o autobuses, por poner algunos ejemplos.
