“Un logro sindical”. Así definen desde la Alianza UPA-COAG la sentencia emitida de forma favorable por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre las ayudas a remolacha pendientes. Unas cantidades a deber, que podrían llegar a los 30 millones de euros en total de ratificarse las tres campañas que están pendientes según el Plan Nacional Agrario 2009-2013 y que aseguraba unas subvenciones al sector remolachero de 40 euros por tonelada entregada en total.
A grandes rasgos, de toda esta cantidad estas ayudas estaban divididas en diferentes aportaciones que iban desde la dada por la PAC, unos 2,64 euros por tonelada, la UE que pagaba 6,60 y la industria 2,30. El precio base era de 26,28 euros y, a nivel regional, se apoyaba la medida con un pago de 3 euros por tonelada. Este es el punto de discrepancias que llevó a los tribunales a la organización y al antiguo equipo de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Aurelio Pérez: «Quienes hubieran sembrado y lo hubieran declarado, deben recibir esa ayuda»
En la sentencia, que ha sido explicada ante los medios, entre ellos Agronews, por Aurelio Pérez, aparecen especificados los motivos por los que se indica que no tiene validez ni se ajusta al Derecho la orden emitida desde la administración regional por la que en mitad de esta campaña en el año 2011 se decide retirar la ayuda: “La casilla dentro de la PAC en la que se pueden acoger a esta subvención no solo aparece en dicho año sino también en la campaña 2013/2014. Quienes entonces hubieran sembrado y lo hubieran declarado, deben recibirla”, apunta.
EN TRES DATOS
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La ayuda de la Junta de Castilla y León era de 3 euros/tonelada, cantidad que se dejó de pagar en el año 2011 -
Hay 5.513 agricultores remolacheros afectados por esa campaña y otros 4.465 de la siguiente -
Según la Alianza los beneficios de las industrias del sector aumentaron un 10 por ciento mientras el número de agricultores solicitantes se redujo en 850 en el año 2012.
En total más de 5.500 agricultores y otros 4.465 de las tres campañas por abonar -casi un 20 por ciento menos de agricultores solicitantes en el último año del Plan- tendrían derecho a recibir la cantidad correspondiente, que en suma está estimada en 10 millones de euros por campaña. Según han denunciado ante los medios esa cantidad estaba presupuestada en el 2011 pero “no se sabe” qué pasó con ella tras la orden que la eliminó en el Bocyl: “Además vamos a pedir los intereses por demora correspondientes porque nuestros ganaderos han estado cuatro años sin recibir un euro de ello” ha añadido Aurelio González.
Las industrias remolacheras, con resultados históricos
Según consideran, la industria remolachera ha sido «de las partes más beneficiadas» en la retirada de dicha ayuda, pues en ese año 2011/12 llegó a obtener el mejor margen de ganancia de su historia, tanto en mercado nacional como internacional en los precios del azúcar. Por ello piden ahora que de esos réditos se paguen: «Aún así en la actualidad siguen haceindo campañas paraa promocionar el cultivo de remolacha cuando queda todo esto pendiente» apostilla Pérez
Pendiente queda la última campaña de ese plan, la 2013/2014 que, al no incluir la casilla en la que se especificaba el acogerse a ese pago podría incurrir en ilegalidad, según la organización. Desde UPA-COAG se han felicitado por el resultado, y creen que su trabajo en el que han participado los ganaderos de forma individual dejando sus derechos y datos en manos de la Alianza, ha sido una “labor sindical y no populista, para buscar la foto”. Ahora solo queda conocer si la Consejería recurrirá la sentencia, si bien esperan que sea aceptada, pagada… Y no amargue más la situación.
