La Alianza UPA-COAG denuncia que el obligatorio uso de certificados electrónicos para personas jurídicas dentro de la Administración Electrónica del Ciudadano de la Junta de Castilla y León está generando más problemas e inconvenientes que beneficios a los ciudadanos del medio rural.
La brecha digital evidente que existe hoy en día entre el medio urbano y rural, entre otros motivos por el déficit de infraestructuras y falta de planes de apoyo a los habitantes de los pueblos hasta el punto de que la misma conexión a internet entraña muy serias dificultades.
La Alianza UPA-COAG se pregunta cómo es posible realizar una teletramitación con registro electrónico para entrar en la Ventanilla del Ciudadano si en algunos casos la banda ancha en el medio rural es bastante deficitaria y en otros casos sencillamente utópica.
Con estas premisas la organización agraria recuerda que la obligatoriedad para las personas jurídicas (sociedades, asociaciones, cooperativas, comunidades de bienes, sociedades civiles, titularidades compartidas, comunidades de regantes, juntas agropecuarias locales…etc) en la tramitación de gestiones con certificados digitales más que acercar la Administración al ciudadano a día de hoy, en algunos casos, lo que hace es poner más trabas al pretendido objetivo de agilizar la gestión burocrática.
Conviene recordar que este mismo año se ha hecho público un estudio sociológico a nivel regional en el que se concluía que casi la mitad de la población rural de Castilla y León no usaba internet, entre otras cosas por las infraestructuras existentes y por las escasísimas políticas locales en inversión digital.
La Alianza UPA-COAG reclama a la Administración regional sentido común para que la tramitación de importantes gestiones se puedan seguir haciendo con el sistema tradicional y que pueda convivir con el sistema electrónico hasta que desaparezca la brecha digital entre el medio rural y el urbano porque el modo telemático a día de hoy en vez de reducir tiempos lo que hace es alargarlos y dificultarlos.
