Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras un análisis más profundo de los presupuestos de Agricultura destaca, en rueda de prensa, el bajo grado de ejecución de los últimos años, la disminución del peso de agricultura y la ganadería respecto a otros capítulos y la escasa fiabilidad que representan.
Unión de Uniones ha señalado que el Ministerio estaría renunciando a políticas propias dejando la agricultura española en manos de Europa, ya que el 80 % de lo presupuestado proviene de fondos europeos.
Asimismo, la organización resalta el bajo nivel de cumplimiento de los presupuestos del Gobierno, que en 2015 dejaron sin gastar 2.983 millones de euros; en 2016 1.138 millones y en 2017 otros 1.287 millones de euros; arrojando una media de 1.800 millones de euros en cada ejercicio.
Este deficiente grado de ejecución no es todavía peor gracias a que, precisamente, en opinión de Unión de Uniones, en los pagos procedentes de fondos europeos para la PAC el Ministerio tiene un escaso margen para hacerlo mal porque son de aplicación directa; pero en aquellos gastos en los que prima la participación nacional, como sucede en el capítulo de Inversiones, que además se ha reducido más de un 61% desde 2009, el incumplimiento alcanza cifras del 40%.
En el detalle presupuestario, Unión de Uniones destaca la desaparición para 2018 de la partida de cerca de 4 millones de euros que iba destinada a la ayuda nacional a los frutos secos, debiéndose además a los agricultores los casi 8 millones de 2016 y 2017, que no se han pagado.
Igualmente se critica la congelación de las asignaciones para sanidad animal y vegetal, pese a que las necesidades evidenciadas en el sector, por ejemplo, en materia del control sanitario de la fauna silvestre o por la expansión de la Xylella, harían necesario, un sustancial aumento de las dotaciones en medidas para atajar estos problemas.
La organización considera también que el proyecto de presupuestos, en cuanto a seguros agrarios, no recoge el mandato claro al Gobierno establecido en la Ley 1/2018 de sequía al Gobierno, para que se contemple una partida acorde al aumento de las contrataciones, que es previsible como consecuencia de la grave sequía de 2017.
“La agricultura y ganadería pierden cada vez más peso en los presupuestos del Estado” –ha concluido Jose Manuel de las Heras– “No sólo es insuficiente, sino que, además, en buena parte son mera apariencia y no se cumplen, sobre todo cuando no son recursos de Bruselas, sino que es el Estado el que tiene poner el dinero en sanidad, seguros y apoyo a los sectores”.
Catastrazo para las construcciones agrarias
Unión de Uniones, por otro lado, pone el acento en que la Ley de Presupuestos incluye la consolidación normativa de la discriminación que sufren los agricultores y ganaderos en la valoración de las construcciones que son indispensables para su trabajo, como almacenes o naves, al someterles a la misma valoración y por lo tanto al mismo trato fiscal que a naves industriales, sin tener en cuenta el valor socioeconómico de rendimiento.
“Los agricultores y ganaderos estamos dispuestos a pagar el IBI con criterios justos y equitativos, como todos” –afirma Joan Caball, de la Ejecutiva de Unión de Uniones-“Pero no se puede, por ley, mantener una discriminación que llevamos denunciando desde hace tiempo y que está basada en criterios, a nuestro juicio, equivocados”.
