UCCL traslada a la Administración la preocupación de los agricultores de mantener las parcelas agrícolas fijas y sin variar, durante la vigencia del contrato de la agricultura ecológica

Agronews Castilla y León

13 de marzo de 2015

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La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha informado a través de un comunicado de que «se ve obligada a ponerse en contacto nuevamente con la Administración para comunicar el malestar que nos están trasladando muchos agricultores de Castilla y León, sobre el compromiso general que obliga a que las parcelas agrícolas por las que se solicite la ayuda ecológica permanezcan fijas y sin variar durante los años de vigencia del contrato, sin que se tengan en cuenta finalizaciones de arrendamientos.»

UCCL recuerda que ya puso en conocimiento con el envío de observaciones, el 18 de diciembre de 2014, al proyecto de Orden por el que se regula la medida de agricultura ecológica, contenida en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y cofinanciadas por el fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), de las posibles consecuencias de la aplicación de ciertos compromisos generales que contemplaba el proyecto de orden anteriormente indicado.

Al respecto de esto, nuestra Comunidad Autónoma tiene que tener en cuenta que el régimen de explotación se basa en un 80% en arrendamiento, y debido al sistema de producción este compromiso limita de forma grave el desarrollo y aumento de la producción ecológica, al no permitir variar en ningún momento del compromiso, la superficie agrícola acogida a la producción ecológica.

«De tal manera, los agricultores que deseen incorporarse a esta medida agroambiental, que dispongan de superficie agraria en régimen de arrendamiento, y no se garantice que esas parcelas las va a disponer durante un periodo mínimo de duración del compromiso agroambiental, no podrán acogerse, ya que se arriesgarían al incumplimiento de la medida y posterior devolución de la ayuda percibida» apunta la organización.

Desde UCCL solicitan que se tengan en cuenta estas situaciones, y se permita reducir en un 50% la superficie agrícola acogida a la ayuda, «al menos en aquellos casos en los que sea debido a finalizaciones de arrendamiento».



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