Coincidiendo con la celebración de varios encuentros destinados a concretar el modelo de aplicación en España de la Reforma de la PAC 2014-2020, UCCL ha reclamado, a través de un comunicado de prensa, que los destinatarios de los fondos comunitarios ya sean pagos directos o correspondientes a desarrollo rural cumplan los requisitos que figuran en el acuerdo suscrito, el pasado 23 de julio de 2013, entre la Consejería de Agricultura y Ganadería y las organizaciones agrarias sobre la aplicación de la nueva PAC.
Pero incluso, esta organización agraria aboga por la necesidad de establecer requisitos adicionales para considerar una actividad agraria significativa como ser cotizantes a la Seguridad Social por la actividad agraria, tributar por el régimen fiscal que corresponda y obtener un nivel mínimo de rentas procedentes de la actividad agraria, en definitiva que ejerzan la actividad agraria como principal.
UCCL, además, se apoya en el documento denominado “Posición Común de Castilla y León sobre la aplicación en España de la Reforma de la PAC 2014-2020”, para demandar como primera premisa el mantenimiento, al menos, del actual presupuesto, evitando trasvases de fondos entre territorios, agricultores y sectores.
Además, recuerdan parte del contenido del citado acuerdo como la necesidad de aplicar un modelo nacional, siempre que garantice las singularidades y sectores productivos de Castilla y en esencia mantenga la viabilidad de los cultivos y sectores ganaderos. Propone la limitación de la superficie admisible, en el sentido de que las hectáreas admisibles deben ser tierras destinadas a cultivos arables y/o permanentes con una decuado mantenimiento, y en el caso de las superficies de pastos deben ir vinculadas a explotaciones ganaderas con un censo proporcional adecuado a su aprovechamiento.
Respecto a las ayudas asociadas, se apuesta en el documento suscrito en Castilla y León por utilizar el porcentaje de financiación máximo, con el fin de apoyar a sectores con problemas específicos por ser
más vulnerables desde el punto de vista económico, social o medioambiental, o que en su caso no respondan al modelo general basado en la disposición de base territorial.
