Ante la Resolución de 2 de marzo de 2017 publicada hoy, 15 de marzO, en el Boletín Oficial del Estado, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad de Castilla y León, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) reclama que las correcciones financieras interpuestas por la Comisión Europea no repercutan en ningún caso en los pagos percibidos o a percibir por los agricultores y ganaderos de esa comunidad.
Castilla y León, con 57,61 millones de euros, es la tercera Comunidad Autónoma que mayor importe debe pagar por la corrección financiera que la Comisión Europea ha aplicado a España por el incumplimiento de la normativa relativa al Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), que asciende a un total de 270 millones de euros, de acuerdo con las cifras publicadas en el Consejo de Ministros del pasado 17 de febrero.
Todas las regiones, salvo Cataluña, País Vasco, Aragón, Baleares y Navarra (que habrían aplicado el CAP correctamente desde un principio) estarían afectadas en mayor o menor medida.
Ante esta Resolución, la Unión de Campesinos reclama que la Administración competente defienda el sistema de pastos de Castilla y León y las características excepcionales de las zonas de montaña, donde no sólo los animales se alimentan de pastos, sino que supone un alimento extra para el ganado además de tratarse de una práctica beneficiosa para el medio ambiente, ayudando a prevenir los incendios forestales y a conservar la biodiversidad, entre otra serie de beneficios medioambientales.
