La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) defendió hoy la existencia del Consejo de Agricultura Ecológica (Caecyl) como entidad certificadora pública frente a las empresas privadas, que suponen duplicar el coste para los pequeños agricultores y ganaderos. Según apuntó su presidente, Juan Senovilla, la tasa mínima actualmente es de 150 euros, frente a los 70 euros anteriores, y si es privada asciende hasta los 300 euros. «No se puede penalizar a los pequeños agricultores», aseveró.
Así lo expuso durante la concentración que tuvo lugar esta mañana a las puertas de la Consejería de Agricultura y Ganadería convocada por UCCL para exigir a la Administración regional un apoyo decidido a la agricultura ecológica. Desde la organización agraria, insistieron en la necesidad de mantener la existencia del Consejo que supone un coste anual de 100.000 euros y puede prestar muchos servicios a la Consejería, además de garantizar la certificación pública.
Por eso, cerca de medio centenar de profesionales se movilizaron en defensa de una actividad que tiene «un gran potencial» en Castilla y León, tal y como explicó el coordinador regional, Jesús Manuel González Palacín, quien calificó como «lamentable» que no se hayan convocado las ayudas durante los últimos tres años, mientras en otras comunidades sí se ha hecho. «Se está perdiendo una oportunidad de oro para los agricultores, para crear empleo y valor añadido», apuntó.
Además, UCCL pidió a la Consejería que pongan en marcha un plan estratégico para el sector que apoye la formación, la información para los profesionales y la promoción de esta actividad.
