Organizaciones ligadas al campo y al mundo rural instan a la Junta de Castilla y León a que utilice todos los medios necesarios, en el ejercicio de sus competencias, para que la actividad cinegética no se vea paralizada en ningún momento en esta comunidad autónoma.
En un comunicado, los firmantes: Federación de Caza de Castilla y León UPA-COAG, Asaja y la Federación Regional de Municipios y Provincias, muestran su preocupación por la grave situación provocada por la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula varias disposiciones legales necesarias para la regulación de la caza en la región.
Ante este hecho, además de pedir a la Gobierno autonómico la máxima diligencia en solventar las deficiencias detectadas en el Decreto 32/2015 relativo a la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, “apelamos al sentido común y buen criterio de los tribunales, para que tengan en cuenta la verdadera dimensión de las consecuencias de una hipotética suspensión de la caza y para que decidan priorizando siempre el interés general y el menor daño posible a los administrados”.
En este sentido, recuerdan que “hoy en día, nuestros campos y nuestros montes necesitan la acción y la gestión de los cazadores, y nuestros pueblos no se pueden permitir perder uno de sus recursos más valiosos”. Para las organizaciones firmantes, los perjuicios económicos serían millonarios aunque imposibles de valorar e indemnizar en su justa medida al resultar afectados un número ingente y difuso de perjudicados. En cuanto a los perjuicios medioambientales y personales, serían muy difícilmente indemnizables o sencillamente irreparables.
Consecuencias de la paralización de la actividad cinegética
Aun cuando esta sentencia no es firme ni ejecutiva en este momento, estas organizaciones vinculadas muy directamente con el mundo rural quieren poner de manifiesto las gravísimas consecuencias que tendría, tanto para los sectores afectados directamente como para el medioambiente y el conjunto de la sociedad, una hipotética suspensión de la caza.
- Daños en las carreteras: Se multiplicarían los accidentes en carretera provocados por animales silvestres, poniéndose en riesgo la vida de muchas personas.
- Daños a cultivos: Los daños que provocan las especies de caza mayor y menor, cada vez más graves, que denuncian los agricultores, crecerían exponencialmente provocando el abandono del cultivo en las zonas más afectadas.
- Epizootias: Surgirían enfermedades animales provocadas por superpoblación, con grave riesgo de transmisión a la cabaña ganadera y finalmente a las personas.
- Pérdidas económicas: La caza se estima que genera anualmente unos 550 millones de euros en Castilla y León. Muchos municipios se mantienen gracias al dinero que genera la caza, al igual que muchos propietarios de terrenos y empresas locales relacionadas con el turismo, la hostelería, viajes, etc. Las tasas de la caza desaparecerían, debiendo suplirse estos ingresos públicos con otras partidas presupuestarias a cargo de todos. Además habría que pagar los necesarios controles de las poblaciones silvestres.
- Pérdida de empleos: La caza emplea a unas 7.800 personas aproximadamente en nuestra región, que perderían su empleo o su negocio, o verían reducidos sus ingresos de forma notable.
- Despoblación rural: La despoblación en el medio rural aumentaría debido a un empeoramiento de la calidad de vida y desarrollo económico de estas zonas. El deterioro de las infraestructuras unido al incremento de la siniestralidad en carretera traería consigo la precarización de servicios públicos, lo que unido a una reducción de los recursos y con ello de la actividad económica desembocaría en un abandono del medio rural por parte de sus habitantes.
- Abandono de la gestión ambiental: La caza se acompaña de gestión. Se abandonarían los controles de predadores, las siembras para las especies silvestres, la vigilancia del furtivismo, la colocación de bebederos y comederos, etc.
