«Opinión pública y agricultura. ¿Es posible un nuevo “contrato social”?» Cristóbal Gómez Benito y Carmen Lozano, UNED, en el Anuario de UPA 2017

Agronews Castilla y León

26 de agosto de 2017

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Desde hace más de veinte años, el argumento que justifica las nuevas políticas agrarias y de desarrollo rural es la necesidad de un “nuevo contrato social” entre los agricultores y el conjunto de la sociedad. Resumiendo, ese nuevo contrato consistiría en que, a cambio de destinar recursos públicos al sector agrario y al mundo rural, deberían atenderse las nuevas funciones que la sociedad les demanda, demandas que, desde los inicios de este debate, se vienen concretando en el concepto de “multifuncionalidad”, un concepto que está orientando las políticas agrarias y rurales.

Ese nuevo contrato social entre la sociedad y el sector agrario vendría a sustituir al viejo contrato social (implícito) entre ambos, según el cual la función principal (y única) del sector agrario era la de proporcionar alimentos y materias primas baratos y suficientes para las necesidades, crecientes, de la población tanto nacional como internacional, y a cambio la sociedad, a través del Estado, se comprometía a proteger la agricultura, fomentarla y mejorar las rentas de los agricultores. Esta vieja función ya no parece suficiente, por lo que resulta necesario que la agricultura y el mundo rural satisfagan las supuestas nuevas demandas y exigencias procedentes del conjunto de la sociedad.

Hablar de un nuevo contrato social exige, lo primero, identificar los sujetos sociales implicados y los términos del propio contrato, así como las condiciones necesarias previas para la existencia del mismo. ¿Quiénes son los sujetos sociales implicados en ese nuevo contrato social? Uno de los ellos no es difícil de identificar: los agricultores y, sobre todo, las organizaciones que defienden y representan sus intereses (es decir, el primer eslabón del sector agroalimentario: el de los productores primarios). Podemos conocer fácilmente cómo se expresan los agricultores a través de sus organizaciones profesionales, pero es algo más complicado saber lo que piensan al respecto los propios agricultores individualmente; para ello tenemos que acudir a los estudios y encuestas de opinión dirigidas a este colectivo.

Pero, ¿cuál es el otro sujeto social requerido en dicho contrato? Se supone que la sociedad en su conjunto. Eso es lo que se dice en la literatura especializada (desde los documentos oficiales de las Administraciones públicas a los investigadores sociales, pasando por diversos tipos de expertos y de creadores de opinión), si bien es raro encontrar en la misma datos empíricos que avalen esas supuestas demandas. En la abundante literatura de todo tipo existente sobre este asunto casi siempre descubrimos lo que piensan y dicen todos esos mediadores sociales y creadores de opinión, tanto a nivel individual como colectivo o institucional, pero muy pocas veces lo que piensan los ciudadanos, si es que tienen alguna opinión al respecto1.

Para conocerlas, tenemos que recurrir a los estudios y encuestas de opinión dirigidas al conjunto de la población sobre este particular para saber la opinión de la ciudadanía. Un problema particular lo presentan los ciudadanos del medio rural en tanto que beneficiarios de las políticas rurales, no necesariamente agrarias, ya que estos carecen de medios de interlocución propios. Desde comienzos del nuevo siglo se han creado diversas asociaciones y plataformas rurales que ejercen ese papel de expresar las demandas del mundo rural (o, más bien, de un sector minoritario del mundo rural, el cual, mayoritariamente, no se expresa de ningún modo), pero no tienen aún ni la presencia ni el reconocimiento institucional de las organizaciones profesionales agrarias.

Sobre la necesidad de este nuevo contrato social (o sobre su rechazo, posición no obstante minoritaria) encontramos un cuerpo de ideas bastante consolidado en esa literatura “experta”. Es un cuerpo de ideas que revela un estado de opinión cristalizado en diversos ámbitos institucionales, el cual, más que reflejar la opinión de la sociedad, lo que hace es crear y difundir en ella la opinión de los mediadores sociales. Se trata de una “conciencia colectiva” que interpreta el interés general y el sentido de los cambios sociales y elabora respuestas y orientaciones sobre el papel de la agricultura y el mundo rural en las sociedades avanzadas actuales. No es que esas demandas las “inventen” esos mediadores sociales, sino que está por determinar en qué medida tales demandas tienen una base real en la opinión pública manifiesta y contrastada empíricamente. En cualquier caso, se trata de un “contrato implícito”, nunca formalizado como tal.

En este artículo pretendemos verificar la existencia de esas demandas sociales en la ciudadanía de la UE. Primero analizaremos algunas condiciones previas necesarias para la existencia (y/o su reconocimiento) de ese nuevo contrato social; segundo, lo que piensa la ciudadanía sobre la necesidad de ese nuevo contrato social; tercero, sobre la idoneidad de los instrumentos políticos y financieros empleados para este fin; cuarto, sobre la eficacia de los mismos, y quinto, sobre la necesidad de más información sobre estas políticas y medios2.

Dado el reducido espacio disponible en este artículo analizaremos en qué medida en la opinión de la ciudadanía europea y española encontramos apoyo a los supuestos de este “nuevo contrato social”, ciñéndonos a los supuestos que conciernen al sector agrario. Para ello utilizaremos los datos de varios Eurobarómetros europeos3 que recogen la opinión de la ciudadanía de la UE acerca de la agricultura, el medio rural y la PAC. Por limitaciones de espacio no podemos considerar la información que ofrecen los Agrobarómetros similares realizados en Andalucía y en Castilla y León.

Los elementos del nuevo contrato social

Una condición previa y necesaria para poder hablar de un “contrato social” es que cada una de las partes intervinientes conozca bien la situación de la otra parte y lo que esta puede ofrecer. En el tema que nos ocupa, la parte que representa la sociedad debería tener un conocimiento suficiente de la situación de la agricultura, de las condiciones en que se desarrolla la actividad agraria, de los bienes y daños públicos que esta produce y de su eficiencia. Asimismo debería tener un conocimiento aceptable de lo que es la PAC, de sus objetivos, instrumentos y recursos disponibles. Y también debería tener un conocimiento aceptable de la situación del mundo rural, de sus potencialidades y limitaciones. De la otra parte (el sector agrario), se debería conocer el grado de aceptación de los agricultores a las demandas y exigencias sociales que se les hacen y si se consideran capacitados para responder a las mismas, temas estos que no son objeto de análisis en este artículo.

Una condición previa: el conocimiento del sector agrario y de la PAC

Una condición previa para la existencia real de un contrato social es que los ciudadanos tengan algún conocimiento sobre la política agraria. En relación a quién beneficia la PAC, en el EB 2013 el 77% de los europeos y de los españoles señala estar de acuerdo con que la PAC beneficia a todos los ciudadanos europeos y no solo a los agricultores, mientras que solo un 16% (un 14% en el caso español) manifiesta estar en desacuerdo con esta afirmación. Paradójicamente, los ciudadanos europeos tienen un conocimiento muy limitado de la PAC y de las políticas de desarrollo rural. Según el EB 2013, seis de cada diez entrevistados (64%) han oído hablar o han leído algo sobre la política agraria y de desarrollo rural en la UE, pero un amplio porcentaje no sabe exactamente de qué se trata (34%). En realidad, solo el 8% de los entrevistados afirma tener una idea clara de lo que es realmente esta política. El conocimiento de la PAC y el nivel de comprensión sobre la misma son bajos, aunque han aumentado desde 2009, dado que entonces solo el 41% había oído hablar de la PAC, frente al 57% que nunca había oído hablar de ella, aunque también es cierto que el porcentaje de personas que conocían con detalle esta política era más amplio en 2009 (13%).

En España, en 2013 solo la mitad de la población (el 49%) decía haber oído hablar o leído algo sobre la PAC. A pesar de que este porcentaje ha aumentado 12 puntos con respecto a 2009, España es uno de los países europeos en el que este porcentaje es más bajo (solo superado por el Reino Unido e Italia).

¿Cómo valoran los europeos la actividad agraria y las zonas rurales?

Para que exista un contrato social real entre la agricultura y la sociedad rural y la sociedad en su conjunto es necesario también que la población valore positivamente las funciones de la actividad agraria y considere importante el mantenimiento vivo de las zonas rurales. Y en este sentido, esa condición parece darse en la opinión pública europea: la gran mayoría (92%) de los europeos considera que la agricultura y las zonas rurales son temas importantes para el futuro de la UE, una opinión que reafirma la mostrada por los EB precedentes. Los que consideran que este tema es “muy importante” suponen el 53%, aumentado más de siete puntos desde 2009. Esta opinión es similar en todos los Estados miembros. La opinión de los españoles se sitúa por encima de la media, tanto la de aquellos que lo consideran un tema “importante” (94%) como la de los que creen que es “muy importante” (58%).

Así pues, tanto en el ámbito europeo como en el español parece darse la precondición de un interés grande por las zonas rurales y por la agricultura, interés expresado en forma de preocupación por los asuntos relacionados con ambos y por su situación y la consideración positiva de la importancia de las zonas rurales para el futuro de la UE. Pero no hay que ignorar la disociación entre este interés y la importancia concedida a la agricultura, y el escaso conocimiento de la PAC. Esto limita mucho el significado del supuesto contrato social, pues la gente no sabe muy bien en qué consiste la PAC.

¿Cuál es el papel de la agricultura y de los agricultores en la sociedad?

Otra cuestión implicada en ese supuesto contrato social es la del papel social que se atribuye a los agricultores y a la agricultura. La cuestión es importante, pues de ese papel dependerá la aprobación o desaprobación de los recursos destinados a los mismos. Cuando se pregunta a los europeos (EU 2013): ¿Cuáles cree usted que deberían ser las dos principales responsabilidades de los agricultores en nuestra sociedad?, el 38% considera que su principal responsabilidad debe ser abastecer a la población con una variedad de productos de calidad, seguido del 36% que considera que debe ser mantener la actividad económica y el empleo en las áreas rurales. A continuación estaría la protección del medio ambiente (32%), garantizar la autosuficiencia de alimentos (29%) y el bienestar de los animales de granja (27%) y, en último lugar, favorecer y mejorar la vida en el campo (21%).

En líneas generales, podemos observar que el papel atribuido a los agricultores viene a coincidir con algunos de los términos del nuevo contrato social, sobre todo por la importancia otorgada a la producción de alimentos seguros y de calidad, la protección del medio ambiente y el bienestar animal. En España, la principal responsabilidad atribuida a los agricultores es la de mantener la actividad económica y el empleo en las áreas rurales (49%), seguida de abastecer a la población con una variedad de productos de calidad (38%), favorecer y mejorar la vida en el campo (30%), proteger el medio ambiente (25%), garantizar la autosuficiencia alimentaria (23%) y, en último lugar, el bienestar animal (14%).

¿Cuáles son las principales razones para mantener la agricultura en toda la UE?

Otro aspecto importante de los elementos del contrato social es la justificación del mantenimiento de la agricultura en la UE. El principal argumento que justifica, para los europeos, el mantenimiento de un apoyo a la actividad agraria es el beneficio que genera a la sociedad a través de la producción de alimentos seguros y con respeto al medio ambiente y al bienestar animal (59%). Una dimensión que ha aumentado 3 puntos con respecto al EB de 2009. El segundo de los aspectos: “la contribución a la economía de las zonas rurales” (53%), es el que más ha crecido en los últimos años (6 puntos con respecto al EB de 2009).

En contraste con lo anterior, la valoración de los aspectos ambientales, históricos, culturales y paisajísticos es menor (29%, 18% y 12%, respectivamente). Además, en los últimos años, ha disminuido su valoración en un punto (en el caso del medio ambiente) y en dos puntos (en lo relativo a los aspectos históricos, culturales y paisajísticos). En España, la valoración que se realiza de estas razones es similar a la de los europeos, aunque destaca por encima de la media europea en lo relativo a los beneficios que genera para la sociedad y en la contribución a la economía de las zonas rurales. Por el contrario, está por debajo de la media en las otras tres dimensiones.

¿Cuáles son los efectos de la agricultura en el medio ambiente?

Aunque este aspecto no aparece tratado en el EB 2013, hemos incluido los datos del EB 2009 al considerar que uno de los argumentos centrales del supuesto nuevo contrato social es que la agricultura debe contribuir a la conservación del medio ambiente, es decir, que sea una agricultura sostenible en términos ambientales. Como hemos visto, esta dimensión es el tercer motivo por el que, según los europeos, debería mantenerse la agricultura en la UE. Tal y como analizaremos con más detalle, es uno de los objetivos de la PAC a los que los ciudadanos otorgan una elevada prioridad, pero respecto al cual esta política se muestra poco eficaz.

Solo una minoría (29%) de los ciudadanos europeos piensa que la agricultura es una de las causas fundamentales del cambio climático (en España, el 33%). Sin embargo, el 77% considera que la agricultura sufrirá intensamente los efectos del cambio climático durante los próximos años (en España, el 87%). Ambas opiniones parecen estar más extendidas entre los países del sur de Europa. Por tanto, no parece que los entrevistados tengan el sentimiento de que la agricultura es responsable del cambio climático (seis de cada diez no culpabilizan a la agricultura de este problema). En realidad, la gente siente que los daños se producen de forma inversa. Es más, un 46% piensa que la agricultura ya ha contribuido de forma importante a la lucha contra el cambio climático (en España, el 49%), aunque hay un 21% que no sabe responder a esta cuestión. De nuevo son los países del sur los que se muestran más favorables a esta cuestión.

Sin embargo, los ciudadanos consideran que es necesario intensificar los esfuerzos en este sentido. Una gran mayoría (82%) está de acuerdo en que la UE debe ayudar a los agricultores a cambiar su manera de trabajar para combatir el cambio climático (en España, el 84%). Además, la mayor parte (67%) piensa que los agricultores de la UE deben cambiar su manera de trabajar con objeto de luchar contra el cambio climático, incluso si eso significa que la agricultura en el seno de la UE se haga menos competitiva (en España, el 69%).

A este respecto, y en relación a la pregunta: ¿Me querría decir si está de acuerdo o no con cada una de las siguientes proposiciones relativas a la agricultura en la UE?, se puede señalar que en 2009 la mayoría de los entrevistados (84%) coincidía en que los agricultores deberían ser animados a producir más productos ecológicos (en España, el 90%), el 83% en que se debería ani mar a los agricultores a contribuir a la producción de energía renovable (en España, el 90%) y el 77% a sacar provecho de las biotecnologías (en España, el 84%).

Asimismo, los europeos parecen estar dispuestos a participar en la puesta en marcha de medidas para combatir el cambio climático. Cerca de seis de cada diez (58%) están dispuestos a pagar un 10% más caro los productos agrarios si son producidos de una manera que no agrave los efectos del cambio climático (en España, el 55%). Unos resultados que están en sintonía con la opinión favorable a un reequilibrio entre los factores económicos y ambientales. Por tanto, en este aspecto, sí parece que hay cierto consenso ciudadano hacia la orientación ambientalista de la agricultura, uno de los ejes del nuevo contrato social.

¿Cómo valoran los europeos las prioridades de la PAC?

Otra forma de abordar las condiciones para un contrato social es la identificación de las prioridades de la PAC. En el EB 2009, los europeos consideraban que la PAC debería ante todo garantizar que los productos agrarios sean de calidad, sanos y seguros (59%; España, 49%), garantizar que los productos alimentarios tengan precios asequibles para los consumidores (49%; España, 54%), proteger el medio ambiente (41%; España, 37%) y asegurar un nivel de vida adecuado a los agricultores (41%; España, 54%); desarrollar las zonas rurales al mismo tiempo que se preserva el campo (32%; España, 35%) y garantizar el aprovisionamiento alimentario en la UE (25%; España, 21%). Los españoles parecen otorgar mayor valor a los objetivos “tradicionales” de la PAC, frente a los objetivos más “modernos”, lo que significa, por tanto, que nuestros ciudadanos estarían algo más alejados que el resto de europeos del “nuevo contrato social” propuesto.

Estas opiniones parecen justificar la orientación de la PAC y el Desarrollo Rural tal como están formulados, así como los argumentos de los expertos y demás mediadores, es decir, que los europeos estarían a favor de un nuevo contrato social en el que se otorgue prioridad a las cuestiones de la calidad y la conservación del medio ambiente, en detrimento de la cantidad y de los precios. Con todo, parece que los españoles continúan otorgando prioridad a los objetivos tradicionales de la PAC o, al menos, están por debajo de la media europea en su valoración de la importancia que adquieren las nuevas funciones atribuidas a la agricultura y al medio rural.

¿Cómo valoran los europeos la eficacia de la PAC respecto a esas prioridades?

Las anteriores opiniones deben contrastarse con las referidas a la valoración de la eficacia de la PAC respecto a estas prioridades. Y la eficacia de la PAC se evalúa unas veces positiva y otras negativamente4. En la EB 2009 se constata que solo tres de los ocho objetivos son evaluados positivamente.

Según el 59% de los entrevistados, la PAC cumple muy bien su papel de garantizar el aprovisionamiento alimentario en la UE (en España piensa así el 60%), con un saldo positivo de +39; es en este objetivo donde la PAC se revela más eficaz, aunque no es de los más importantes para los ciudadanos, como se ha podido ver. El segundo objetivo en el que los entrevistados creen que la PAC se muestra más eficaz es el de asegurar la calidad, salubridad y no peligrosidad de los productos agrarios, con un 52% de respuestas muy positivas (en España, el 60%), con un balance positivo de +21, lo que es alentador, ya que es el objetivo prioritario para los entrevistados. Respecto al objetivo de favorecer los métodos de agricultura ecológica, el 41% considera muy positivamente la eficacia de la PAC (en España, el 42%), pero a mucha distancia de los dos anteriores: el saldo se reduce a +8 y teniendo en cuenta que un 26% no tiene respuesta para esta cuestión.

Por el contrario, consideran que los resultados de la PAC son negativos cuando se trata de proteger a las explotaciones familiares (con un 29% de afirmaciones muy positivas (en España, el 30%) y un saldo de -18) y de asegurar un nivel de vida adecuado a los agricultores (con un 32% de afirmaciones muy positivas (en España, un 31%) y un saldo de -15). Asimismo, los resultados negativos superan a los positivos en cuanto a la eficacia de la PAC para garantizar unos precios razonables a los consumidores (con un 39% de afirmaciones muy positivas (en España, un 33%) y un saldo de -6), proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático (con un 38% de afirmaciones muy positivas (igual en España) y un saldo de -5), así como garantizar el desarrollo de las zonas rurales y la preservación de las mismas (con un 37% de afirmaciones muy positivas (igual en España) y un saldo de -3).

Podemos observar que prioridad y eficacia no coinciden. Una cuestión esta que habría que tener en cuenta a la hora de diseñar las reformas de la PAC si se quiere ajustar a las opiniones de los ciudadanos. La eficacia es menor, como cabe esperar, en los objetivos estructurales, y mayor en los que tienen que ver con los mercados o la regulación alimentaria. Y hay cierta contradicción entre objetivos prioritarios, como el de maximizar la calidad y seguridad al mismo tiempo que los precios.

¿Se debe seguir subvencionando a la agricultura? ¿Los fondos destinados a la misma son los adecuados?

El apoyo y la importancia dada a la agricultura, así como el grado de consenso con la necesidad de establecer un nuevo contrato social en la agricultura, se traducen también en la opinión favorable a seguir subvencionando a los agricultores. En la EB de 2009 se preguntaba a los entrevistados si los agricultores deberían continuar recibiendo ayudas económicas a cambio de prestar esas funciones. Los resultados muestran que la gran mayoría de los europeos (83%) y de los españoles (89%) es favorable a que la UE continúe con estas subvenciones al sector agrario.

Otra cuestión es si los fondos destinados a la agricultura son los adecuados. Los resultados de la EB 2013 muestran una mayoría del 45% que piensa que el presupuesto es adecuado (España, 32%), un 26% que es insuficiente (España, 41%) y un 13% (España, 8%) que es demasiado elevado (un 16% no responde). Pueden constatarse algunas divergencias interesantes en relación a los resultados del EB 2009: ha disminuido en tres puntos la proporción que estima que el montante es insuficiente, pero también en cuatro puntos el porcentaje que considera que el montante es demasiado elevado. Globalmente, el grupo de personas que piensa que el presupuesto es adecuado o insuficiente ha aumentado en cinco puntos. En concordancia con esta opinión mayoritaria, el 39% de los europeos manifestaba en el EB de 2009 su interés por que ese presupuesto aumentase en los próximos años (España, 51%), un 33% piensa que debería ser idéntico y un 14% que debería disminuir.

Aunque esta información no aparece con templada en el EB de 2013, el EB de 2009 sí recoge dos cuestiones adicionales de gran interés. Por un lado, la mayoría de los europeos (91%) considera que es importante apoyar a los agricultores que están en una situación de vulnerabilidad por atravesar dificultades económicas, de salud o climáticas (en España, el 95%). De ellos, el 48% piensa que es muy importante apoyar a este tipo de explotaciones (en España, el 56%).

Asimismo se pregunta a los encuestados cómo creen que va a evolucionar la ayuda financiera que se otorga a los agricultores. Las respuestas son consistentes con el interés mostrado por el mantenimiento de la actividad agraria y la sostenibilidad de los espacios rurales. Así, el 39% de los europeos considera que el apoyo financiero va a aumentar, el 14% que va a disminuir, el 33% que no va a cambiar y el 14% no sabe.

Observamos, por tanto, que los europeos y españoles se muestran favorables a que la UE continúe con estas subvenciones al sector agrario, y un porcentaje significativo cree que las subvenciones son adecuadas o incluso insuficientes. En especial, la ciudadanía cree que estos recursos económicos deberían dirigirse hacia aquellos agricultores y ganaderos en una situación más vulnerable.

Parece confirmarse, por tanto, la tendencia a apoyar el establecimiento de un “nuevo contrato social” entre sociedad y actividad agraria según el cual la primera apoyaría (económica, pero también a nivel social y simbólico) la continuidad de la actividad agraria a cambio de una serie de contraprestaciones. En estas contraprestaciones es donde parece haberse modificado el “contrato social”, puesto que ahora se sustenta en una serie de prioridades diferentes a las preponderantes en los inicios de la PAC.

La demanda de información sobre la agricultura y las políticas agrarias

Cuando los entrevistados eran preguntados en el EB 2009 acerca de sobre qué cuestiones desearían obtener más información, el 51% de los entrevistados exigía más información sobre la seguridad alimentaria, los efectos de la agricultura sobre el medio ambiente (31%), el bienestar de los animales de granja (23%), las razones por las cuales los agricultores reciben subvención (20%), el presupuesto de la UE para la agricultura y el desarrollo rural (19%), los principales objetivos de la PAC (18%), la vida cotidiana de los agricultores (15%) y el papel de la agricultura en la sociedad (13%).

Las cuestiones precedentes muestran los problemas de información de los ciudadanos europeos sobre estos temas, y la necesidad de los responsables políticos de difundir mejor la información sobre los mismos. Son demandas que se ajustan a las dimensiones resaltadas por el nuevo contrato social, por lo que sí existe una correspondencia entre los términos de dicho contrato y el interés de los ciudadanos por estar informados sobre dichas cuestiones. En relación a los dos barómetros precedentes, los resultados son relativamente similares, especialmente en las tres cuestiones prioritarias. Ello indica que las necesidades de información no cambian rápidamente o que esas demandas no han sido satisfechas.

Conclusiones

De este rápido examen de los Eurobarómetros analizados podemos concluir que, en términos del “nuevo contrato social” entre la agricultura y la sociedad en su conjunto, hay muchos elementos que parecen confirmarlo. Encontramos en las opiniones de los ciudadanos europeos coincidencias con lo que desde otros ámbitos se define como el contenido de ese nuevo contrato social, pero también observamos carencias importantes, como el de la información o, dicho de otra manera, existe un gran desconocimiento del contenido de las políticas agrarias y de la situación real de la agricultura, de los agricultores y de las zonas rurales. Ello coincide con la reclamación de una mayor información, especialmente sobre aspectos de los que apenas se habla en los medios profesionales, políticos, empresariales y administrativos relacionados con el sector: como el bienestar de los animales y otras cuestiones ambientales, así como una mayor transparencia en el diseño y ejecución de las políticas agrarias y de desarrollo rural.

Se constata, pues, en la opinión pública europea un reconocimiento de la importancia de la agricultura y del mundo rural para la sociedad en su conjunto y un interés por protegerla y apoyarla. Se constata también una aprobación aceptable de la manera en que la PAC cumple su papel y de los fondos públicos destinados al sector. Asimismo se confirman las demandas básicas de la sociedad hacia la agricultura y los agricultores, en especial las relativas a la seguridad y calidad de los alimentos, la protección al medio ambiente y el bienestar animal, es decir, las funciones comprendidas en el concepto de “multifuncionalidad”.

A pesar de este débil conocimiento, la inmensa mayoría de los entrevistados considera que la agricultura y las zonas rurales son importantes para nuestro futuro. Estos resultados se confirman por el hecho de que los europeos colocan a la agricultura entre los tres principales ámbitos de prioridad para impulsar el crecimiento de forma sostenible. Los europeos tienen también una idea clara de cuáles deberían ser las responsabilidades de los agricultores y de las razones para preservar la agricultura en toda la UE, así como de las prioridades de la PAC (las dos principales características más señaladas son la producción de alimentos seguros y sin riesgos, y la protección del medio ambiente).

De acuerdo con estos objetivos, los entrevistados animan a la UE a apoyar a los agricultores para que produzcan de forma preferente productos ecológicos, para que contribuyan a la producción de energías renovables y para que aprovechen las innovaciones biotecnológicas. Además de asegurar que los productos agrarios sean de buena calidad, sanos y sin riesgos, los entrevistados mencionan otras prioridades cuando son preguntados sobre los objetivos principales de la PAC: asegurar precios razonables de los alimentos, asegurar un nivel de vida correcto a los agricultores, proteger el medio ambiente y ocuparse del cambio climático.

Además de estos objetivos, los europeos reconocen la necesidad de reequilibrar los objetivos económicos y los sociales y ambientales. Los nuevos objetivos de la PAC son, por consiguiente, bien considerados: un 80% anima a la PAC a conservar el medio rural, ayudar a los agricultores a encarar el cambio climático y desarrollar la economía de las zonas rurales. Igualmente, los entrevistados desean que la PAC tenga en cuenta el cambio climático y la protección del medio ambiente y no consideran que la agricultura sea una de las causas importantes del cambio climático.

Cristóbal Gómez Benito y Carmen Lozano, UNED


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