Ayer, 7 de julio, el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, Phil Hogan, presentaba los resultados de la encuesta que su departamento ha llevado a cabo entre el 2 de febrero al 2 de mayo para conocer de primera mano la opinión que, el conjunto de la sociedad, tiene sobre cómo debe ser la Política Agrícola Común.
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El propio Hogan destacaba la importante cantidad de respuestas recibidas, más de 322.916 con 1.423 documentos de posición sobre el tema y 58.520 respuestas al cuestionario “on line” que aparecía en la web de la Comisión Europea de las que el 36%, aquí quizás habría que decir sólo, se corresponden a agricultores y ganaderos.
Este nivel de participación supera, reconocían desde Bruselas, las expectativas y sobrepasa en gran medida la participación de los ciudadanos de la UE en anteriores consultas sobre el futuro de la PAC (el debate público de 2010 llegó a 5700 comunicaciones). Este amplio interés vuelve a demostrar que la agricultura y la PAC importan, y mucho, a toda la sociedad europea y que los impactos de la misma van mucho más allá de la comunidad agrícola.
La propia necesidad de la existencia de la PAC era parte de este cuestionario y la sociedad europea en su conjunto, casi el 90% de las respuestas han sido positivas, consideran fundamental que se mantengan estos apoyos con el objetivo de garantizar unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único así como por la existencia de retos transfronterizos como son la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el cambio climático
Otras justificaciones para mantener la PAC incluyen la necesidad de tener una posición común a nivel internacional (83%), o el mantenimiento de la cohesión económica, social y territorial en toda la UE (86%).
Es aquí curioso analizar los diferentes puntos de vista que surgen cuando se piden que definan los objetivos de la PAC: mientras los agricultores se centran en garantizar un nivel de vida equitativo a quienes se dedican a esa actividad impulsando la inversión, el crecimiento y el empleo, los demás ciudadanos prestan mayor atención al suministro de productos sanos y de calidad o a contribuir a un alto nivel de protección del medio ambiente .
Más allá de filosofía lo cierto es que dentro de las respuestas, un 62% de las mismas demanda un presupuesto común, ya que se considera más eficiente, rechazando la renacionalización de la PAC.
Un aspecto muy interesante es la existencia de una fuerte conciencia pública, así se reconoce en el 88% de las encuestas, sobre el menor nivel de ingresos de quienes se dedican a la actividad agraria en comparación con la media de la UE. Siendo todavía mayor el porcentaje, llega al 97% de quienes considera los agricultores y ganaderos obtienen una parte limitada de los precios que pagan los consumidores, siendo precisamente la baja rentabilidad obtenida junto con el acceso a la tierra las barreras más relevantes para dedicarse a esta actividad.
El exceso de burocracia y la petición de reducción de la carga administrativa es una demanda generalizada en los documentos presentados por los agricultores y las administraciones públicas. En este sentido, considerando positivo la realización de controles que aseguren la calidad de los alimentos que se ofrecen, el mantenimiento de medio ambiente, la conservación del suelo… una amplío porcentaje de las respuestas a la encuesta, un 87% afirman y reconocen que la existencia de requisitos de producción más estrictos en la UE que fuera de la misma con lo que esto supone de competencia “desleal”.
La nueva Política Agrícola Común, es otra de las grandes conclusiones de la citada consulta, debe prestar una mayor atención a las nuevas demandas de la sociedad, así temas como el bienestar animal, la agricultura ecológica y los productos de calidad surgen en las exigencias de nuevos objetivos de la PAC. La protección de los consumidores y la incorporación de las normas sanitarias aparecen también en las contribuciones escritas presentadas por los participantes no agricultores de la encuesta.
Aquí, y más allá de los objetivos que se marquen para el futuro, conviene señalar que el 66% de los encuestados afirman que se debe seguir apoyando a los agricultores y ganaderos y hasta un 96% afirma que la nueva PAC debe trabajar en mejorar la posición de los mismos en la cadena de valor de las distintas producciones.
Al preguntar qué criterios se deben utilizar para asignar esos apoyos directos, los agricultores dan una clara preferencia a compensar las actividades agrícolas en Áreas con Limitaciones Naturales o zonas de Alto Valor Natural, estableciendo límites en las ayudas a los grandes beneficiarios y respaldando a los jóvenes agricultores. Los demás ciudadanos consideran que las prácticas con los mayores beneficios ambientales, así como los pequeños productores, merecen atención al asignar el apoyo directo.
El uso eficiente del agua, la protección del suelo y la biodiversidad emergen, claramente, como los objetivos medioambientales más relevantes que debe marcarse la nueva Política Agrícola Común, según las respuestas dadas a la citada consulta.
Por último, en términos de sugerencias concretas de simplificación burocrática de la PAC, existe un acuerdo claro entre las partes interesadas sobre los efectos positivos de la reducción de los solapamientos entre el desarrollo rural y otras medidas de la PAC (69%), el mejor uso de bases de datos y tecnologías para reducir las inspecciones de fincas, es una petición que aparece en el 62% de las encuestas, así como el uso de un uso más amplio de las herramientas digitales para facilitar la tramitación de las ayudas (63%).
