La Consellería de Medio Rural de la Xunta destinará un total de 28,5 millones de euros en 2017 a impulsar la reestructuración de la propiedad agraria en Galicia. Serán 6,5 millones más que en 2016 (un incremento de casi el 29%), en una partida que servirá para mejorar las condiciones estructurales de las explotaciones, de forma que se incremente su base territorial y, por tanto, su competitividad. Esto tendrá especial incidencia en el sector ganadero y, nombradamente, en el lácteo.
Estas partidas forman parte de los alrededor de 80 millones de euros que la Xunta invertirá en los próximos 4 años para poner fin a las 130 reorganizaciones parcelarias abiertas, que afectan a unas 117 mil hectáreas y a casi 92 mil propietarios. Por provincias, en A Coruña hay 47 parcelarias, 14 en Lugo, 31 en Ourense y 38 en Pontevedra.
Se continuará así con la labor desarrollada en los últimos años en esta materia y que sólo en el 2016 hizo posible la entrega de los títulos de siete parcelarias y la aprobación de las tomas de posesión de otras 11, unos procesos de los que se beneficiaron casi 14.000 personas. En este mismo ejercicio de 2016 la inversión en esta área ya se había visto incrementada en un 51,5%, con lo que, en dos años los fondos destinados al redimensionamento de las explotaciones y el ahorro de costes de explotación y desplazamientos aumentaron por encima del 80%.
Modelo Marcos
Una novedad en este campo, como proyecto piloto, es la implantación del Mecanismo Agrario de Reestructuración Comunitaria de la Superficie (modelo Marcos). Esta es una iniciativa encaminada a aumentar y mejorar la base territorial de las explotaciones de vacuno de leche a través de la reorganización de parcelas abandonadas en la actualidad. Estará apoyada en procedimientos establecidos por el Banco de Terras de Galicia y por la Ley de Mejora de la Estructura Territorial Agraria de Galicia (Metaga).
Se trata de un sistema concebido como complementario a las reestructuraciones parcelarias tradicionales, pero previsto para zonas de pequeño tamaño (entre 50 y 200 hectáreas) y en las que existan necesidades de tierra por parte de explotaciones agrarias. Consiste en un intercambio voluntario entre titulares de explotaciones y arrendamientos de los predios no utilizados con carácter reversible y temporal, aunque prorrogable. Este modelo tiene como ventajas su agilidad, porque podría completarse en unos seis meses, y el bajo coste, ya que se adapta a las infraestructuras viarias existentes y las parcelas mantienen su morfología, conservando intactos los cierres, vallados y delimitaciones.
