La Unión de Uniones ha reclamado al Ministerio que se acredite “de forma fidedigna y no por un mero reconocimiento mutuo de partes”, la razón por la que se recaudarán 5,7 millones de euros cada año de 2016 a 2018 tras la extensión de una norma que, según la organización, se ha aplicado “sin acreditar que cumplen con los mínimos de representatividad requeridos”. Por ello han solicitado al organismo público que, como velador de esa legitimidad, exija a los miembros de la interprofesional del vino que esas condiciones se han cumplido a rajatabla.
Esta derrama considerada “inútil” por la Unión de Uniones contempla la recaudación de 17,1 millones de euros con el fin de promocionar y aumentar el consumo de vino en España de una manera saludable. Para ello, según aseguran, se obliga al pago de esta cotización a los productores de vino pero temen que puede acabar repercutiendo indirectamente a viticultores o proveedores y, en último lugar, sobre el precio de la uva. Por ello reclaman al AICA “que vigile que no se descuente ese precio” y que los productores asuman íntegramente el coste.
Además de “poner en duda el beneficio que esta recaudación pueda causar al sector” y reclama al Ministerio que “no sea cómplice de las entidades que cargan al sector productor, afectado de una evolución negativa de su renta“ y avisan que si no se ha cumplido con la normativa nacional y comunitaria correspondiente, adoptará las medidas legales necesarias “incluida la denuncia ante las autoridades de la Unión Europea”.
