Las turbulencias en el sector ganadero en Europa pasan por el fin de la bestia negra de la PAC, como se ha llamado a las cuotas lácteas, implantadas el 1 abril de 1984 y que han llegado a su fin el 31 marzo de 2015, tras más de 30 años en vigor. La Comisión Europea ha constreñido, durante 30 años, la producción de leche en Europa y eso ha frenado su expansión internacional, no pudiendo responder a la demanda de mercados que aumentaban el consumo de productos lácteos (India, China, Rusia, África y Oriente Medio) frente a nuestros competidores (Nueva Zelanda, Australia y EEUU) que si lo hacían. Las más beneficiadas con la liberalización del mercado de la leche son las empresas comercializadoras o transformadoras que, ante el aumento en la producción, observan cómo los precios del litro de leche se desploman aún más y su poder de negociación aumenta.
Los ganaderos en España se enfrentan a varios problemas. Entre ellos, destaca un gran endeudamiento porque deben amortizar la modernización que realizaron en sus explotaciones ganaderas, el final de las cuotas, el pago de la supertasa por excederse en la producción de leche que tenían asignada, la multa de 88, 2 millones de euros que ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) a las industrias transformadoras de leche, el desplome de los precios de la leche de vaca y su debilidad negociadora en el canal de venta. A todo ello se une una crisis mundial en el sector lácteo.
[[{«fid»:»16669″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:427,»width»:640,»style»:»width: 450px; height: 300px; border-width: 6px; border-style: solid; margin: 6px; float: left;»,»class»:»media-element file-media-original»}}]]
El sistema de las cuotas lácteas en Europa entró en vigor en 1984 y España se adhirió a la CEE en 1986, coincidiendo con la firma del Acta Única Europea y la creación del Mercado Único. A través del Real Decreto nº 2466/1986 se establece en España la organización común de mercados (OCM) en el sector de la leche y productos lácteos y quedan implantadas las cuotas lácteas. El peaje de aceptar las cuotas lácteas fue uno de los más caros que tuvo que pagar España con el sector ganadero por pertenecer a la ya Unión Europea. Aceptando las cuotas lácteas o cupos de producción de leche por país, España aceptaba producir una cantidad de leche que era inferior al consumo interno del propio país. En mi opinión, este fue uno de los primeros fallos que, a día de hoy, treinta años después de que se implantara este sistema y cuando se acaba de suprimir el sistema de cuotas lácteas, sigue pasando factura a los ganaderos españoles.
Las cuotas lácteas en España no entraron en funcionamiento hasta el año 1993/1994. Al concedérsele a España las cuotas lácteas relativas al 70% de su producción real, esto explica que España rebasara durante seis años seguidos el límite impuesto porque fue difícil, por no decir imposible, dejar de producir de un año para otro un 30% de lo que se generaba en el país. Como consecuencia de este recorte en su producción, los primeros años en los que se aplicaron las cuotas lácteas en España, los ganaderos rebasaron sus cuotas. La producción de leche no es espontánea.
España se adhirió a la CEE velando por sus intereses políticos, pero descuidó los económicos. Permitió que el 30% de su consumo doméstico de leche fuera producido por otros países como Francia, Holanda y Alemania, donde casualmente los piensos y alimentos de las vacas eran y son más baratos que en España. Para la FAO, Alemania y Francia son dos de los países con mayores excedentes de leche que existen en el mundo. Quien considere que, con la liberalización del mercado de la leche, España va a pasar a satisfacer el 100% del consumo nacional, se equivoca. En mi opinión, aquellos países que han estado suministrando leche a España durante treinta años, van a seguir haciéndolo y van a defender la cuota de mercado que han adquirido y fidelizado seguramente, durante tantos años.
A esta situación, que ya previeron los países que más leche producían en toda Europa, se une que los ganaderos españoles deben afrontar el pago de la supertasa por excederse, durante seis años, en la producción de la leche que tenían asignada anualmente. Cuando un país se excede en su cuota nacional se aplica una sanción económica que deben pagar íntegramente los ganaderos: la denominada supertasa o tasa suplementaria.
Los ganaderos españoles han invertido durante estos años (desde 1994 a 2013), 10.600 millones de euros en mejorar sus explotaciones con objeto de ser más eficientes, más productivos y más competitivos y así lo han demostrado. Sin embargo, la realidad que atraviesan es que tienen que vender vacas lecheras de su ganadería para poder hacer frente a los gastos que les genera mantener su explotación ganadera en funcionamiento. Les resulta más rentable vender la vaca para obtener de ella carne que mantener la vaca como vaca lechera. La mayoría de estos ganaderos están vendiendo sus litros de leche a pérdida. Les cuesta producir un litro de leche 0,34-0,38 céntimos por litro y cobran por litro de leche 0,26-0,29 céntimos por litro. Las cuentas no salen.
Los ganaderos españoles han invertido durante estos años (desde 1994 a 2013), 10.600 millones de euros en mejorar sus explotaciones con objeto de ser más eficientes,
El Paquete Lácteo se aprobó mediante el Real Decreto nº 1363/2012 para dar respuesta a la crisis de precios que vivía el sector en 2009. Dentro de las medidas que aprobó el gobierno español está la obligatoriedad de firmar contratos anuales con los ganaderos salvo que se pacte entre las partes un plazo inferior al año. La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL) denuncia que los contratos se están firmando bajo condiciones leoninas y según los precios que establece la industria porque el ganadero, si no lo hace, se arriesga a que nadie recoja su leche y perder sus cuotas.
En marzo de 2015 entró en vigor en España el Reglamento nº 2015/517 que permite aplazar el pago de la supertasa durante tres años sin pagar intereses. No suprime el pago, solo lo aplaza. Con la supertasa, cada litro de más que haya entregado el ganadero deberá pagarlo a 0,27 €/litro. La industria es la encargada de cobrar la multa o retener el dinero al ganadero e ingresar el dinero de la multa al Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEGA) y éste a Europa. En mi opinión, no parece que sea la industria la parte más imparcial y más objetiva para realizar estas actuaciones. La industria debería, incluso, responder solidaria o subsidiariamente por el pago de la supertasa. Porque si bien es cierto que el ganadero ha producido litros de leche de más, es la industria la que debería tener un control de los litros de leche que retira. Existe dejadez en sus actuaciones que, curiosamente, redunda en su beneficio porque el ganadero paga la multa y la industria la transforma y vende los litros de leche de más que han salido de las explotaciones ganaderas.
A la producción a pérdida, y al pago de la supertasa, se añade la multa que ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) el 26 febrero de 2015 en España a nueve empresas transformadoras de leche y a dos agrupaciones lecheras por fijar, durante años, los precios de compra del litro de la leche y distribuirse el mercado. Esta infracción queda regulada en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC) que prohíbe fijar los precios, mínimos o máximos, a un producto. Una multa que asciende a 88,2 millones de euros y que ha sido objeto de recurso ante la Audiencia Nacional por las multinacionales lecheras.
Seguramente, los propios ganaderos acabarán pagando esta multa que verán cómo la industria transformadora repercute sobre los precios de compra de su leche. Imponer una sanción pecuniaria no deja de ser un remiendo fácil para quien tiene solvencia, permitiéndole actuar de nuevo con impunidad absoluta.
Durante la vigencia del sistema de cuotas, la Unión Europea (UE) ha permitido que España produzca 6,5 millones de toneladas de leche, pero nuestro consumo interno supera los 9 millones de toneladas. Importamos principalmente de Francia que es excedentario y nos vende la leche por debajo de los costes de producción a través de sus cadenas de distribución francesas y con marca blanca. Estas dos conductas están prohibidas por las leyes de competencia. Estarían incurriendo en actuaciones de competencia desleal. Este hecho es mucho más acusado en las Comunidades Autónomas que están más cerca de Francia, como ocurre con Cataluña. La diferencia de precios de la leche en los lineales de los supermercados difiere mucho según sea supermercados franceses o catalanes, a pesar de encontrarse a escasos 10 kilómetros de distancia.
El 55% de la producción láctea de Francia, que es el tercer productor de leche de vaca en Europa, se vende fuera de sus fronteras y por debajo de sus costes de producción. La última medida que han conseguido los ganaderos franceses es establecer, con su gobierno, unos precios de intervención de 0,34 € por litro de leche. Algo que está prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia. Y afecta directamente a los ganaderos españoles porque les asfixia aún más. Este hecho representa, además, y de manera indirecta, una ayuda ilegal de Estado prohibida por los Tratados Internacionales.
Otra realidad que atraviesa España es que los ganaderos catalanes y vascos, frente a los asturianos, gallegos y castellanos, están sobrellevando mucho mejor el final de las cuotas lácteas. El número de cooperativas de ganaderos en estas dos regiones es superior a la media y este asociacionismo les está permitiendo negociar mejor sus precios y sus condiciones. Una debilidad que están acusando el resto de ganaderías en España.
El pasado 23 septiembre de 2015 se firmó el Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad de la Cadena de valor del Sector Lácteo en España. El Acuerdo lo firmaron los ganaderos, la industria transformadora y la distribución con objeto de tomar conciencia de la realidad que atraviesan los ganaderos en España, adoptar medidas para que se conceda valor a la leche, no se distorsionen los productos lácteos en el canal de venta y que los ganaderos opten por el asociacionismo para defender mejor sus intereses. No obstante, se echan en falta medidas sancionadoras para aquellos que incumplan lo acordado. Se empiezan a ver ya algunos frutos del acuerdo, materializados en una subida de varios céntimos del precio que recibe el ganadero por su leche.
El fin del sistema de las cuotas lácteas en España va a poner a prueba a las explotaciones ganaderas porque habrá muchas que deberán cerrar al convertirse en insostenibles. Lo tendrán más difícil aquellas que se instalaron en zonas de montaña o de difícil acceso donde la logística complica su crecimiento y expansión frente a otras que serán cada vez más competitivas. Las explotaciones ganaderas serán cada vez menos pero cada vez más grandes. Sobrevivirán aquellas que tengan un desarrollo tecnológico potente, aquellas que estén localizadas en zonas de pastos para las vacas con una logística fácil, que sean eficientes y sepan adaptarse a las nuevas demandas de productos lácteos con alto valor añadido o de consumidores muy exigentes. El fin de las cuotas lácteas va a exigir una especialización, una diversificación, una estrategia, sin perder de vista los estándares de calidad y de seguridad alimentaria innovando durante todo el proceso productivo. El aumento en la producción de leche que vive España solo puede canalizarse ampliando los mercados de compra y venta, creando nuevas necesidades de consumo de productos lácteos y localizando las demandas mundiales ya existentes. No pasa tanto porque compitamos unos países europeos contra otros ni unas ganaderías españolas contra otras.
