Agricultura y ganadería viven un “momento delicado”, marcado por la nueva Política Agraria Común. La normativa europea presenta un “cambio radical” en aspectos clave del sector, pero sin resolver algunas de las reivindicaciones históricas de los profesionales del campo, lo que lleva a muchos de ellos a ver el futuro con bastante pesimismo. Y así se lo han comentado esta mañana los representantes de las organizaciones agrarias al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y a la consejera Silvia Clemente, en la Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma.
Lo que más preocupa es que la nueva PAC no excluye a los “agricultores de sofá”, esos que cobran las ayudas pero que no venden lo que producen, dado que la agricultura es para ellos una actividad económica complementaria, secundaria. José Manuel de las Heras, de UCCL, recuerda que el anterior ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, se comprometió a sacar de la PAC a estos agricultores, y para ello cruzó datos con Hacienda, a fin de detectar cuáles eran los perceptores de PAC que no vivían realmente del trabajo en el campo.
De las Heras asegura que los agricultores activos perderán 700 millones de euros anuales en manos del capital
Ese cruce de datos sirvió para determinar que alrededor de 700 millones de euros podrían “rescatarse” para los agricultores a título principal o activos. Sin embargo, los reales decretos que desarrollan la Política Agraria Común no lo recogen, por lo que la situación se queda tal y como está ahora. Si la Unión Europea no rectifica, como le están pidiendo las organizaciones agrarias, los profesionales del capital seguirán cobrando la PAC, quedándose con las ayudas que deberían destinarse únicamente a los agricultores activos, insiste De las Heras.
Precios mínimos
Además, la nueva Política Agraria Común no aborda otro de los asuntos clave: los precios de venta de los productos, sobre todo los derivados de la agricultura. La Unión Europea se escuda en la OCM para justificar su negativa a establecer un premio mínimo en función de los costes de producción, que garantizaría la viabilidad de las explotaciones. Sin embargo, en Estados Unidos sí que se ha hecho, explica De las Heras. El gobierno marcará un precio mínimo, garantizando al agricultor una ayuda que le compense en el caso de que los productos se vendan en el mercado por debajo de esa cantidad prefijada.
Una medida de estas características permitiría a agricultores y ganaderos llevar una vida digna, sin tener que sufrir las consecuencias de los juegos de los mercados. Ahora el precio de los productos ya no depende de la tradicional oferta y demanda, sino que existen otros intereses ocultos que lo condicionan, recuerdan desde las organizaciones agrarias. Así que “lo importante no es que haya una buena cosecha”, por ejemplo, sino que se pague adecuadamente el producto, y el mercado funcione de una manera más justa.
Deudas gubernamentales
Delgado recuerda que se ha hecho un esfuerzo en modernización pero las ayudas comprometidas no llegan
Y es que mientras a los agricultores les están ofreciendo precios muy bajos, el ganadero compra el producto ya modificado a precios muy elevados. Los costes de producción en ambos sectores siguen siendo “excesivamente altos”. Una situación a la que se deben sumar otros problemas, como los retrasos en el pago de las ayudas. Se deben indemnizaciones compensatorias, fondos de desarrollo rural, incorporaciones…. El Gobierno Central no cumple con sus compromisos y la Junta de Castilla y León, tampoco, explica Gabriel Delgado, de la Alianza por la Unidad del Campo.
Un “rifirrafe” que “estamos pagando los agricultores y ganaderos”, que necesitan el dinero. En los últimos años se ha hecho una “modernización brutal” en el sector, insiste Delgado, a fin de que las explotaciones fueran más competitivas. Los profesionales del campo cumplieron con sus obligaciones, renovaron maquinaria, mejoraron sus instalaciones ganaderas, introdujeron innovaciones… Sin embargo, las ayudas de las administraciones no han llegado, así que ahora se cuenta con explotaciones competitivas, pero que no son viables, poniendo en un difícil situación a muchos profesionales.
Patricia Carro – www.burgosconecta.es
