La Diputación en pleno ha salido hoy, 25 de abril y durante la celebración de su pleno ordinario, en defensa de los Ayuntamientos vallisoletanos que tienen cedidas parcelas de su término municipal como consecuencia de la concentración parcelaria, y que vienen rentabilizándolas mediante su arrendamiento para destinar sus beneficios a financiar servicios municipales para sus vecinos. Una proposición presentada por el grupo popular y aprobada por unanimidad solicita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la transferencia de la titularidad de las parcelas a los Ayuntamientos que los tienen cedidos en precario por la Ley de Reforma y Desarrolla Agrario de 1973.
La situación se ha planteado después de cuarenta años, cuando el Ministerio ha pedido a los Ayuntamientos que aporten la documentación justificativa de la propiedad de estas parcelas. De no hacerlo procederá a su inscripción en el Registro de la Propiedad y a incorporarlo en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.
Esta medida supondría un claro perjuicio a los Ayuntamientos ya que las rentas derivadas del patrimonio son uno de sus recursos económicos esenciales. El acuerdo plenario insta al Ministerio de Hacienda a que “una vez seguidos los procedimientos establecidos en la normativa, se ceda la titularidad de las mismas al municipio en cuyo término se ubiquen»
