Como colofón de una revisión bienal que forma parte de la iniciativa «Legislar mejor» que ha puesto en marcha la Comisión Juncker, el Reglamento Delegado, actualizado y simplificado, del sector europeo de las frutas y hortalizas reforzará aún más el papel de las organizaciones de productores (OP), haciéndolas más atractivas para los no afiliados y mejorando de paso el funcionamiento del sistema de gestión del mercado en vigor.
El Comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha manifestado hoy: «En el contexto de la agricultura y la producción de alimentos en Europa, el sector de las frutas y hortalizas es de vital importancia. La Comisión Europea ha estado y seguirá estando al lado de este sector. Es esencial también que los millones de agricultores que producen algunos de los alimentos de mayor calidad del mundo reciban una remuneración adecuada por su labor y que los consumidores sigan teniendo acceso a dichos productos».
Todos los años, 3,4 millones de explotaciones agrícolas en el conjunto de la UE, es decir, casi una cuarta parte del total de explotaciones agrícolas de la UE, producen frutas y hortalizas por valor de cerca de 47 000 millones de euros. Según las últimas cifras disponibles, existen cerca de 1.500 organizaciones de productores, que abarcan el 50 % de la producción de frutas y hortalizas de la UE.
Además de las ayudas directas y la cofinanciación de los proyectos de desarrollo rural por parte de la UE, los productores de frutas y hortalizas de la UE se han beneficiado de medidas excepcionales de apoyo por un total de 430 millones de euros desde que Rusia impuso un embargo a las exportaciones agroalimentarias de la UE en agosto de 2014. La Comisión Europea también proporciona financiación adicional a las organizaciones de productores por un valor aproximado de 700 millones de euros cada año.
Además de estas ayudas a los mercados en curso, la nueva normativa supondrá:
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Un aumento de la ayuda disponible para el sector de las frutas y hortalizas para las retiradas del mercado — cuando los productos han ser retirados del mercado debido a sucesos imprevistos en el mercado. Los precios de retirada pasarán del 30 % al 40 % de la media de los precios de mercado de la UE durante los últimos cinco años en el caso de la distribución gratuita (las denominadas retiradas para instituciones benéficas) y del 20 % al 30 % en el caso de las retiradas destinadas a otros usos (por ejemplo, compost, piensos, destilación, etc.).
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Un mayor interés en las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas por parte de los productores que todavía no son miembros, gracias a una mayor claridad respecto a las actuaciones de las OP que pueden optar a la ayuda financiera de la UE (por ejemplo, las inversiones en tecnología o mejora de la calidad) y la fijación en el 25 % del porcentaje máximo de la producción que puede ser comercializado fuera de la organización. Aunque se anima a los miembros a entregar toda su producción a la OP para que esta la comercialice en su nombre, en muchos casos persiste también la tradición de venta directa a los consumidores. El fomento de cadenas de suministro cortas como esta es una propuesta fundamental de la Comisión, pero actualmente solo existe un umbral mínimo, fijado en el Reglamento en vigor y cada Estado miembro establece su propio límite máximo, por lo que las nuevas normas permitirán un enfoque más coherente.
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La simplificación y clarificación de la legislación en lo relativo a las organizaciones de productores transnacionales y a sus asociaciones. Estas organizaciones son un elemento clave de la internacionalización del sector, ya que no solo contribuyen a proporcionar a los agricultores un mayor acceso a los mercados para su producción, sino que garantizan que el valor añadido generado por el aumento de las exportaciones se revierta a los agricultores. Para simplificar y clarificar los pagos a organizaciones transnacionales, los controles y los pagos, por ejemplo, están ahora vinculados al territorio donde tiene lugar la actuación de la organización transnacional.
Tras su adopción hoy por la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo disponen ahora de dos meses para someter a votación el Reglamento Delegado, tras lo cual este entrará en vigor.
