La Consellería de Medio Rural trasladará al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) la necesidad de implantar un período de transición y diferentes excepcionalidades para Galicia en la aplicación de la normativa sube purines en las superficies agrícolas.
Además de pedir una moratoria, la Xunta demandará al Gobierno Central que tenga en cuenta las especificidades de Galicia a la hora de desarrollar esta legislación. Estas excepciones se solicitan en función del sistema de explotación, para las granjas en extensivo, por orografía y edafología, por las condiciones del clima, por tamaño de las explotaciones y su dispersión y por motivos socioeconómicos.
En el caso de la orografía, se recuerda que un porcentaje importante del suelo agrario útil de Galicia se localiza en zonas de alta montaña o con limitaciones naturales. La pendiente en algunas de estas áreas haría imposible practicar el abonado tal y como establece la normativa, implicando también un riesgo para las personas durante su aplicación, por las altas posibilidades de que las máquinas se deslicen en suelos húmedos.
Cuanto a la edafología, se indica que buena parte de nuestra comunidad se caracteriza por terrenos de montaña pedregosos que impedirían la inyección del purín. Por la climatología, se ponen de manifiesto que Galicia es una región con precipitaciones elevadas durante períodos prolongados, que limita el tiempo disponible para las labores agrícolas y que condiciona el acceso a las superficies y las prácticas de abonado, propiciando además desplazamientos y hundimientos de la tierra, con el te conseguiente riesgo de que la maquinaria vuelque.
Minifundismo
Con respeto al tamaño de las explotaciones y su dispersión, se destaca el predominio del minifundismo en granjas pequeñas y medianas, que constituyen el 80% del total, y que el empleo de nuevos sistemas requiere potencia y maniobravilidad, algo inviable en muchos casos. Por último, por razones socioeconómicas, se señala que la normativa obligaría a realizar nuevas inversiones, por carecer de esta maquinaria específica de aplicación de purines y que requiere además, en muchos casos, tractores con mayor potencia.
Estas gestiones delante del Ministerio se suman las reuniones que la Xunta está manteniendo con otras comunidades autónomas –tales cómo Castilla y León, Cantabria y Asturias– para contrastar posturas y ver en que medida les va a afectar a sus explotaciones la nueva normativa, con el fin de buscar un consenso y estudiar posibles excepciones la estas prohibiciones, que van a condicionar los pagos directos de la próxima PAC 2018.
Galicia está elaborando diferentes informes para ver cuantas explotaciones gallegas estarían afectadas, pues las pequeñas quedan excluidas de la norma, y poder decidir los pasos a seguir.
