La Junta de Castilla y León ha publicado la Orden que regula las ayudas a la forestación de tierras dentro del marco del nuevo Programa de Desarrollo Rural. El menor presupuesto [[{«fid»:»5372″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:398,»width»:336,»style»:»width: 200px; height: 237px; border-width: 6px; border-style: solid; margin: 7px; float: right;»,»alt»:»José Antonio Turrado, Secretario General de ASAJA Castilla y León»,»title»:»José Antonio Turrado, Secretario General de ASAJA Castilla y León»,»class»:»media-element file-media-original»}}]]respecto a tiempos anteriores, y sobre todo la necesidad de disponer de más fondos de partidas de la Junta para compensar lo que llegará de menos del ministerio de Agricultura, ha traído una cierta sensatez, y por tanto se dan por desterrados abusos permitidos de etapas anteriores. Concreto los abusos a los que me refiero: forestación de fértiles tierras de cultivo; ocupación forestal de terrenos de pastos de calidad; ayudas a la forestación por encima de los costes reales que permitían a las empresas abultados márgenes de beneficio; ayudas compensatorias por pérdida de renta agraria sobre fincas que hacía años y años que ya no se cultivaban; ayudas de mantenimiento sin controlar el mantenimiento real de la plantación; proyectos subvencionados que hoy están en estado de abandono, y ciertas irregularidades administrativas favoreciendo a determinadas empresas a las que se compensaba de esta forma por trabajos realizados en la lucha contra los incendios.
El programa de forestación de tierras agrarias, que se ha venido arrastrando en sucesivas reformas de la PAC, fue un fracaso. Y fue un fracaso porque se aplicó mal y porque falló en su concepto original, pues ni es verdad que sobraran tierras y que por tanto hubiera que sacarlas de la producción, ni es bueno forestar el terreno agrícola cuando hay tanta superficie desarbolada con otra catalogación y mayor vocación arbórea. Celebro que hayan pasado a la historia esos años en lo que, a base de sustanciosas subvenciones a la forestación, echaban a los ganaderos de sus pastos y los propietarios de tierras desahuciaban a sus agricultores arrendatarios. Años en los que, aunque parezca mentira, eran los mismos los que hacían el negocio plantando y los que hacían el negocio apagando el fuego cuando esas plantaciones, u otras parecidas, ardían por los cuatro costados. Estas ayudas, las que había hasta ahora, consiguieron enfrentar a los agricultores con la política de forestación de la Junta, cuando el agricultor ha sido siempre la persona más comprometida con el entorno, con el cuidado del bosque, con el mantenimiento del medio ambiente. Y si a esto se suma la antipatía de Medio Ambiente –y véase que utilizo expresiones de Herrera–, que hostiga a los ganaderos con los daños de los lobos y otra fauna salvaje, impide la quema de rastrojos y restos de cosecha, y sanciona por cualquier nimiedad, tenemos todos los ingredientes para justificar el descontento.
La nueva normativa de ayudas a la forestación sigue siendo un dinero contra el sector agrario y ganadero, pero afortunadamente menos que antes. Será un dinero perdido, pues se gana más conservando lo que se tiene, que plantando lo que después no se cuida y se destruye de nuevo. Y será un dinero que, de una manera u otra, no va a llegar a los propietarios de terrenos para convertirlos en masa forestal, va a llegar a unas empresas de forestación que, gracias a esto, gracias a fondos europeos, mantendrán avivado el negocio del medio ambiente.
José Antonio Turrado, secretario general de ASAJA Castilla y León
