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A escasos días para que se celebre el “día mundial contra las minas a cielo abierto”, que tendrá lugar el 22 de julio, Ávila sigue luchando contra la implantación de posibles minas de feldespato a cielo abierto en su territorio.

Miembros de la Plataforma “No a la mina en el Valle del Corneja” han acudido a la sede de la Junta de Castilla y León, en Ávila, con el fin de conocer la situación de los dos expedientes mineros que les afectan: Sonsoles 1.138 y Villatoro 1.143. Los miembros de la plataforma solicitaron una reunión con José Francisco Hernández, Delegado Territorial en la provincia, tras las declaraciones del mismo, el pasado mes de junio, sobre la paralización del primero de los expedientes conocidos por la plataforma, el 28 de febrero. Hernández, acompañado por Rosa San Segundo, Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y Alfonso Nieto Caldeiro, Jefe del Servicio Territorial, entre otros miembros de la Junta, confirmó a la Plataforma que tras la presentación de los 4.500 recursos de alzada, el acto administrativo está suspendido tras dejar transcurrir el plazo de un mes que marca el artículo 117.3 de la Ley 39/2015. La Plataforma tendrá que recibir una respuesta a los mismos desde la administración leonesa y, aunque se marca un plazo de tres meses para hacerlo, y este ya ha sido sobrepasado, Caldeiro comentó durante el encuentro, que pueden ser resueltos con posterioridad. “La administración siempre tiene que resolver y resolverá”, aseguró. Aunque reconoció que ante el alto número de los mismos, tal vez se notifique a través del Boletín Oficial de la Provincia.

En cuanto al expediente Villatoro 1.143, aseguró que “va a tardar un tiempo en actualizarse”.

Proyectos mineros

Hernández Herrero quiso resaltar que entienden la preocupación de la Plataforma de la Sierra de Ávila, la Plataforma de la Sierra de Yemas y la Plataforma del Valle del Corneja, pero quiso dejar claro que “Ávila es el territorio menos minero de Castilla y León y que no tienen ningún interés en que deje de serlo”. Manifestó que seguirán potenciando la ganadería, la agricultura y el turismo rural, evitando hacer algo que vaya en contra de ello. Algo que para los miembros de la Plataforma “No a la mina en el Valle del Corneja” presentes, era incompatible. Ante esto admitió “que el Servicio Territorial de Industria y Medio Ambiente está obligado a tramitar las solicitudes mineras para no cometer un delito”. “No queremos minas”, argumentó. “Para nosotros esto es un dolor de cabeza”, espetó, al tiempo que “deseó que otras administraciones pudieran modificar la Ley de Minas del 73”.

Ante la observación de la Plataforma de que no se puede obviar la realidad existente y ante la pregunta de qué ocurriría en caso de que las empresas mineras llevaran a cabo todos los pasos necesarios y legales para la implantación de una mina, la respuesta fue “que el proyecto tendría que llevarse a cabo”. Aunque Rosa San Segundo quiso dejar claro que las plataformas tienen abiertas las puertas de la Junta para realizar todas las consultas necesarias y que desde su departamento se realizará un estudio exhaustivo de cada proyecto, con el fin de que se cumpla escrupulosamente la legislación medioambiental en cada fase de estos permisos porque “la legislación de minas está supeditada al impacto ambiental”.

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