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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León da la razón a Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico. ASCEL, aplicando la medida cautelar solicitada: suspende la Resolución de 29 de julio de 2016 dictada por la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprobaba el plan de aprovechamientos comarcales de lobo en terrenos cinegéticos situados al norte del Río Duero en Castilla y León, para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

El auto del TSJ, correspondiente a un Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por ASCEL en junio de 2017, paraliza esos “aprovechamientos cinegéticos” de lobos en las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. Claro está que la suspensión solo afecta en la práctica a la temporada 2018/2019, pero supone un precedente porque por primera vez una medida como esta tendrá efecto real en la población de lobos, evitando la muerte de individuos, afirman desde esta asociación.

Una de las motivaciones indicadas en el auto es que la resolución discutida se basa en disposiciones normativas anteriores, previamente anuladas por la misma sala del TSJ. En concreto:

  • El Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
  • El Decreto 14/2016, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.
  • La Orden FYM/609/2016, de 28 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza.
  • El Plan de aprovechamientos comarcales para la temporada 2015/2016.

Es importante señalar, afirman desde la agrupación ecologista, que el TSJ basa la anulación en un mismo presupuesto: no cabe considerar al lobo como especie cinegética, porque para ello debe quedar demostrado que se garantiza el estatus de la población, y su distribución geográfica, algo que no ha hecho la Junta de Castilla y León. El Tribunal considera también que esos”aprovechamientos comarcales” pueden ocasionar perjuicios de difícil reparación.

Ante esta situación, ASCEL ha solicitado la dimisión del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, como responsable político de esta situación, o bien su cese por parte del Presidente de la Junta de Castilla y León.

 

Respuesta de la Junta de Castilla y León

Fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se ha anunciado el correspondiente recurso a esta decisión

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