El sector agrario de Castilla y León busca un acuerdo sobre la aplicación de la PAC en España tras la acuerdo político alcanzado entre los estados miembros de la Unión Europea la semana pasada. Así se puso de manifiesto hoy en la reunión del Consejo Regional Agrario que presidió la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, quien valoró de forma positiva el consenso alcanzado, que supondrá para el sector contar con un marco estable en cuanto a su financiación hasta al menos 2020.
El acuerdo otorga un amplio margen de flexibilidad para la aplicación de la PAC en los distintos estados por lo que se iniciará un proceso de trabajo técnico entre las comunidades autónomas y el Ministerio para diseñar el modelo de aplicación. Para ello, desde el Gobierno autonómico se trabaja en estrecha colaboración con el sector para adaptar el acuerdo de Comunidad alcanzado con las OPA y con la Unión Regional de Cooperativas sobre la reforma de la PAC, según informaron desde la Consejería a través de un comunicado.
En la reunión de hoy se solicitó a las organizaciones profesionales agrarias que den su opinión, antes del próximo 11 de julio, sobre asuntos como el modelo de aplicación de los pagos directos; la convergencia interna en el pago base; la limitación de la superficie admisible; el concepto de agricultor activo/actividad agraria; el apoyo a los jóvenes agricultores en el primer pilar; la limitación de ayudas por explotación o camping; la aplicación del greening-medidas equivalentes y los pagos asociados.
Sobre el modelo de pagos directos acordado por la Unión Europea, Castilla y León es partidaria de la aplicación de un modelo nacional, siempre que garantice las singularidades y sectores productivos de la Comunidad y que mantenga la viabilidad de todos los cultivos y sectores ganaderos y no se produzcan trasvases ni entre territorios ni entre sectores. La consejera ha recordado que el punto de partida irrenunciable es que el modelo mantenga la asignación presupuestaria que ha tenido Castilla y León en los últimos años, tanto en ayudas directas del primer pilar como en ayudas correspondientes al desarrollo rural del segundo pilar de la PAC, lo que supone una media de 1.150 millones de euros anuales.
En cuanto a la convergencia interna de los pagos, contempla una mayor flexibilidad y ya no exige que se llegue a un valor uniforme de los pagos dentro de cada región o estado, limitando su alcance al 60 por ciento del valor medio. En el caso de España, el Gobierno autonómico considera que es necesario definir de forma adecuada el concepto de regiones o comarcas agronómicas, con un nivel de flexibilidad adecuado para limitar el trasvase de fondos entre sectores y territorios. Además la Comunidad considera que sería beneficioso analizar una aplicación progresiva a lo largo de cinco años, con un porcentaje fijo de los pagos en el primer año de aplicación lo más bajo posible.
Sobre la limitación de la superficie admisible para percibir ayudas directas, se han introducido mecanismos que permiten limitar en España la superficie elegible, en torno a un cifra cercana 22 millones de hectáreas, tal y como se venía reclamando desde el Gobierno central y autonómico.
Castilla y León considera que en el territorio nacional se debería establecer algún condicionante adicional para garantizar que las hectáreas admisibles sean tierras destinadas de manera efectiva a cultivos y, en el caso de los pastos, que lleven unido a su mantenimiento el aprovechamiento por el ganado o, en su caso, se aprovechen mediante siega.
Según el acuerdo alcanzado, el Reglamento no contendrá una definición o delimitación positiva del perceptor de las ayudas, sino que se limitará a establecer una lista negativa de figuras que no podrán ser beneficiarias de los pagos, y deja cierta flexibilidad a los estados miembros para poder ampliar la lista incluyendo a personas que no alcancen un mínimo de actividad agraria.
Para el Gobierno autonómico, se debería aprovechar en España esa flexibilidad que en principio permite la redacción de la propuesta de Reglamento en cuanto a la definición de actividad agraria y también de agricultor activo. Se debería concretar los requisitos para considerar una actividad agraria significativa y también para excluir del régimen a aquellas personas que no alcancen ciertas condiciones. Entre estos requisitos, la consejera ha lanzado la propuesta de que para resultar beneficiario de estas ayudas directas se deba cotizar a la Seguridad Social por la actividad agraria.
La consejera también ha mostrado su satisfacción porque, por primera vez, se instaura una ayuda directa a los jóvenes agricultores en el reglamento de pagos directos. El acuerdo propone reservar hasta un dos por ciento del límite financiero asignado a cada estado miembro en concepto de ayudas directas, lo que para España representará alrededor de 100 millones de euros anuales para los jóvenes. Además, ha indicado que el límite de superficie por la que un agricultor joven pueda percibir este nuevo pago asociado debería ser el máximo que permite la propuesta de Reglamento.
En cuanto a la limitación de ayudas por explotación o ‘capping’, la consejera se ha mostrado contraria a establecer ningún límite, resaltando que en todo caso deben respetarse las explotaciones asociativas y formas jurídicas que mantienen cierto nivel de empleo en la explotación.
Otro de los aspectos incluidos en la reforma de la PAC y a los que se ha referido la consejera es el 'componente verde' o 'greening'. Desde Castilla y León siempre se ha defendido la mayor flexibilización posible del 'greening' respecto a la propuesta inicial de la Comisión y, además, que los nuevos condicionantes medioambientales que se establecieran fueran ser sencillos de aplicar y cumplir, sin restar competitividad a las explotaciones agrarias.
Pagos asociados
El acuerdo alcanzado por los estados miembros de la Unión establece la posibilidad de que España pueda destinar hasta un 13 por ciento de su límite financiero a pagos asociados. Una situación que, para el Gobierno autonómico, permitirá mantener el status actual. Desde Castilla y León además se aboga por utilizar el límite máximo y por incluir en estas ayudas de forma prioritaria a la ganadería sin base territorial comprendiendo sectores como el ovino–caprino, el vacuno de leche e incluso el vacuno de cebo, y también algunos sectores agrícolas con un fuerte componente social y generadores de empleo como es el caso de la remolacha o incluso el sector de los forrajes desecados.
Como novedad, la consejera destacó que en el texto final acordado en relación con los pagos asociados, se permite a los Estados utilizar un dos por ciento adicional para el apoyo a los cultivos proteicos (vezas, alfalfas, garbanzos, lentejas, guisantes), una medida con la que se pretende corregir el déficit estructural de proteína vegetal y la alta dependencia de las importaciones de soja en Europa. La consejera ha señalado que es un aspecto positivo ya que estos cultivos están tradicionalmente muy implantados en Castilla y León.
Desarrollo Rural
En el ámbito del Desarrollo Rural, el acuerdo alcanzado sobre la reforma de los reglamentos permite finalmente la coexistencia de programas nacionales y regionales de desarrollo rural. Desde Castilla y León se considera positivo que el modelo permita la coexistencia de ambos programas.
OCM
El acuerdo alcanzado abre nuevas oportunidades para avanzar en la búsqueda de mecanismos en el ámbito de funcionamiento de los mercados, que garanticen una adecuada respuesta a las situaciones cada vez más frecuentes e impredecibles que han de producirse en la evolución de los precios y la disponibilidad de materias primas. El Gobierno autonómico considera imprescindible conjugar el margen de maniobra de la nueva propuesta de reglamento sobre la OCM, con las diferentes iniciativas legislativas de carácter nacional (Ley del cadena de Valor y Ley de la concentración de la oferta) o autonómico, como la próxima Ley Agraria de Castilla y León.
La consejera de Agricultura y Ganadería ha recordado que esta es una cuestión de enorme importancia, el mantenimiento de las rentas del sector agrario no se puede encontrar solamente en las ayudas públicas sino también en la mejora de los ingresos procedentes de la venta de sus producciones y con especial referencia a los costes de producción.
También destacó que se ha conseguido prolongar hasta el 2017 el régimen actual de las cuotas en el sector azucarero y salvaguardar los derechos de plantación de viñedo hasta 2030, lo que permitirá seguir desarrollando una política de calidad en la producción de vino de Castilla y León.
