El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que el Anteproyecto de Ley de Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana en el que trabaja el Consell es una norma «justa y necesaria» cuyo objetivo es «orientar hacia el futuro» a un sector «básico y fundamental» no solo para la economía, sino también para el medio ambiente o el paisaje.
Así lo ha indicado el jefe del Consell durante la presentación del texto legislativo en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat, donde ha estado acompañado de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián.
Esta ley contemplará el impulso de la Iniciativa de Gestión en Común (IGC) como agente de innovación, la construcción de una Red de Tierras como alternativa al suelo infrautilizado y la creación de un Mapa Agronómico para la gestión sostenible. Además, también incluye exenciones del Impuesto de Donaciones y Sucesiones y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la regulación de los procedimientos de reestructuración parcelaria pública y privada y la creación de la figura del Agente Dinamizador.
«Esta es una ley que marca un horizonte de creer en el campo valenciano», ha dicho Puig, que ha asegurado que «la nueva economía valenciana pasa del capitalismo especulativo a aquella que tiene que ver con los valores de los sectores productivos de siempre y la modernización, la innovación, para hacer posible que la estructura económica de la Comunitat , que es plural y diversa, tenga futuro».
El President ha explicado que el Gobierno de la Generalitat se encuentra inmerso en un «proceso de reparación de derechos y de renacimiento», para lo que es necesaria la «reconstrucción social y económica de la agricultura». Ello se debe, ha dicho, a que el sector agroalimentario ha significado una parte «importante» del crecimiento y el progreso de la Comunitat Valenciana.
En este sentido, ha recordado que representa más del 16% del PIB valenciano, el 14% del empleo y el 24% de las exportaciones del territorio. Por ello, ha definido el Anteproyecto de Ley de Estructuras Agrarias como una norma «justa y necesaria» y cuyo objetivo es «orientar hacia el futuro» a un sector «básico y fundamental» no solo para la economía, sino también para el medio ambiente o el paisaje.
Puig ha lamentado que la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana haya derivado en una «falta» de políticas e inversiones públicas en el ámbito de la agricultura y la ganadería, y ha apostado por que las decisiones que tome el Consell en este ámbito sean «definitivas» y estén en concordancia con el objetivo económico del Consell, «que tiene que ver con el empleo y con la capacidad de aumentar la renta per cápita de los ciudadanos».
«Somos conscientes de que sin la agricultura y la ganadería la economía valenciana estaría absolutamente lastrada, de que hay unas posibilidades enormes y de que tenemos que mandar un mensaje de absoluta confianza en el sector, en lo que significa el desarrollo rural y la superación de los desequilibrios enormes que existen en nuestra Comunitat», ha subrayado Puig.
Ley «participada»
El jefe del Consell ha insistido en que el Anteproyecto de Ley de Estructuras Agrarias para la Comunitat Valenciana es una norma «participada». Este mismo punto de vista ha compartido la consellera Elena Cebrián, que ha asegurado que, con esta ley, «el Gobierno del Botànic cumple uno de los compromisos adquiridos en el Seminario de Invierno de celebrado en Torrevieja».
«Desde que iniciamos la legislatura, nos propusimos recuperar una política agraria y alimentaria valenciana propia, y lo estamos haciendo de manera participada y dialogada», ha manifestado Cebrián, que ha hecho hincapié en el necesario trabajo colaborativo entre la Administración, el sector y la sociedad para conseguirlo.
Para lograrlo, desde el Consell se han puesto en marcha medidas que «se complementan y se refuerzan entre sí», entre las que se encuentra este Anteproyecto de Ley de Estructuras Agrarias. Además, se ha trabajado en la renovación y el impulso del sistema de innovación agroalimentario, en el refuerzo de los planes de sanidad agraria y ganadera, el impulso al cooperativismo, la reivindicación ante el Gobierno central y la Unión Europea de la necesidad de ajustar la Política Agraria Común (PAC) a los intereses de la agricultura mediterránea o la puesta en marcha del programa de desarrollo rural.
Para Cebrián, la Ley de Estructuras Agrarias «será innovadora, porque propone nuevas formas de gestionar la tierra y el trabajo en las explotaciones, con nuevas medidas, incentivos y gobernanza; pero también es una ley que construye sobre nuestras fortalezas, sobre aquello que el sector ha sabido hacer bien a lo largo de las décadas: cuidar de la tierra y de las personas que la trabajan».
Las medidas incluidas en el anteproyecto contemplan solucionar problemas estructurales de la agricultura, «que están impidiendo conseguir una dimensión física o económica competitiva»; superar las barreras a la entrada a la actividad para los jóvenes o aquellos que quieran reincorporarse a la agricultura, potenciar el papel que la agricultura puede jugar en la conservación de los recursos de suelo y agua y en la lucha contra el cambio climático, y recoger y dar un marco legislativo a multitud de iniciativas de gestión común o bancos de tierras.
«En definitiva, con esta ley, con una política propia de estructuras agrarias, pretendemos contribuir a reforzar, favorecer y agilizar las mejores condiciones estructurales que pueden hacer que nuestra producción agraria sea competitiva, rentable y sostenible», ha concluido Cebrián.
