La IGP del Lechazo tiene sus días contados en Aranda. El mismo día que la Diputación de Burgos aprobaba una moción para instar a la Junta de Castilla y León a pelear contra el traslado de la sede del Consejo Regulador a Zamora, el presidente de la Diputación zamorana, Fernando Martínez-Maíllo confirmaba el acuerdo entre la institución que preside y la IGP. Un duro golpe para Aranda y Burgos ante el que la Junta “no puede hacer nada” más allá de “intentar convencerlos” para que la sede permanezca en La Ribera, como así se “ha estado haciendo”.
Según ha subrayado el delegado territorial en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo, “ni la Junta de Castilla y León, ni la Consejería de Agricultura ni, por supuesto, la delegación pueden ponerle una pistola en el pecho a la IGP para que se queden en Aranda”. Y es que, aunque Fernández-Mardomingo afirma que “se equivocan” al trasladar la sede del Consejo Regulador a Zamora, “la IGP no deja de ser un club privado que toma las decisiones por sí mismo”. Por eso, insiste, “me parece muy bien que la Diputación haya aprobado esa moción, pero tienen que ser conscientes de que la Consejería no puede llegar a más”.
Ahora, una vez que parece que el traslado se ha consumado, desde Aranda llegan voces solicitando impulsar una marca de calidad propia para el lechazo de La Ribera, una apuesta que el delegado de la Junta no encuentra viable. No en vano, una Marca de Garantía “también es un club privado que está compuesto por socios productores y comercializadores”, por lo que “si fuera en Aranda, el ámbito sería muy estrecho” ya que “son muy pocos”. “Yo me lo pensaría antes de hacerlo” puesto que “no podemos hacer una Marca de Garantía que tenga ocho o diez socios”. Con todo, el delegado de la Junta ha insistido en que “son los productores y los comercializadores” de Aranda los que “tienen que tomar una decisión” al respecto.
G. de la Iglesia. www.burgosconecta.es
