El Consejo Económico y Social de Castilla y León ha emitido en el día de hoy, 23 de enero, el informe previo sobre el proyecto de Decreto por el que se regula el reconocimiento, la extensión de normas y la incorporación en el registro de organizaciones interprofesionales Agroalimentarias de Castilla y León.
Este órgani consultivo señala la oportunidad de la citada normativa, a la vez que «anima» a la Consejería de Agricultura y Ganadería a desarrollar el resto de reglamentos que permitan el desarrollo completo de la Ley Agraria de Castilla y León.
El CES plantea en sus conclusiones y recomendaciones que las «extensiones de norma» se utilicen con «prudencia» ya que su puesta en marcha se debe hacer respetando las normas de la competencia y teniendo en cuenta que su aplicación se va a llevar a cabo sobre productores u operadores que no forman parte a la correspondiente interprofesional.
Una de las principales «lagunas» que el Consejo Económico y Social de Castilla y León ve en este proyecto de Decreto es la que se refiere a la acreditación de que la citada organización aglutina a más del 51% de la producción del sector al que representa por lo que se reclama a la Administración Regional que «descienda más al detalle» a la hora de que las Interprofesionales justifiquen los datos que aportan en este sentido.
En relación al cumplimiento de los acuerdos alcanzados por la Interprofesional en CES estima que la Consejería de Agricultura y Ganadería tiene que tener un «papel más activo» que el de «mero oyente para asegurar la mayuor eficiencia en el cumplimiento de los acuerdos y resolver los incidentes que puedan surgir».
Con respecto a los plazos, frente a los 3 y 6 meses que establecer la Ley Nacional el citado proyecto de Castilla y León habla de seis meses tanto para lograr el reconocimiento tanto de la propia interprofesional como de las extensiones de norma, por lo que el CES, ante esta circunstancia, estima que la Administración Regional tiene que establecer algún tipo de procedimiento de urgencia que agilice este proceso.
Una de las finalidades que la Ley Agraria castellanoleonesa tiene previstas para estas interprofesionales es la «negociación colectiva de precios». En la elaboración de esos precios el Consejo Económico y Social estima como fundamental que se tomen «como referencias los costes de producción, de tal forma que el resultado final no sea gravoso para los productores», aunque es consciente que no es papel de la Consejería de Agricultura y Ganadería establecer esos precios como norma, ni tampoco fijar una metodología para elaborarlos pues entraría en conflicto con competencia. A pesar de lo cuál, la Administración Regional, si puede promover la adopción de medidas que regulen la oferta y mejoren el equilibrio de la cadena alimentaria así como propuestas para favorecer la negociación colectiva de precios.
Precisamente en esos temas antes señalados son en los que el CES considera que las nuevas interprofesionales tiene más «campo de trabajo» por lo que las anima a las búsqueda de «soluciones que permitan gatantizar una mayor transparencia de los precios, mejorar la competencia, evitar el abuso de poder en la negociación y la contratación, prohibir la especulación y fomentar acuerdos de autorregulación voluntarios de las citadas organizaciones».
