La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia que la eliminación de las cuotas de producción impone la “ley de la selva” en el sector lácteo. En el nuevo escenario, la industria decidirá cuánto se produce, a qué precio, con qué parámetros de calidad y las zonas de recogida.
En España, aseguran desde la organización agraria, la aplicación del sistema de cuotas no se ha utilizado por los diferentes gobiernos para conseguir una adecuada estructuración del sector ganadero, tal y como han hecho otros miembros de la UE. De ahí, que cuando se nos plantean las organizaciones de productores (OP) como alternativa para afrontar este nuevo contexto con ciertas garantías, surjan grandes dificultades fruto de las políticas fallidas que se han aplicado.
A dos días de la desaparición del sistema de cuotas, hay industrias que están presentando contratos a ganaderos con un precio base de 0,26-0,29€/l, muy alejados de los costes de producción medios de un litro de leche, 0,35€/l. Para cumplir con el nuevo Real Decreto, la táctica es la siguiente: se presentan ofertas de contratos a un año con un precio base extremadamente bajo. Si el ganadero lo rechaza, y renuncia voluntariamente a la duración que obliga la nueva normativa, la industria consigue su objetivo; no estar atada al productor durante ese tiempo. Si el ganadero acepta, la industria firma un contrato anual con un precio muy ventajoso para sus intereses y ruinoso para el productor.
Además, hay industrias que quieren limitar por contrato la producción de leche al ganadero, estableciendo cuotas de producción mensuales, en algunos casos un 10% por debajo de lo establecido hasta el momento ( y con penalizaciones por sobrepasamiento), al tiempo que están modificando de forma arbitraria los parámetros de calidad de la leche para enmascarar bajadas de precios.
Ante este escenario, COAG ha reclamado al MAGRAMA que se refuerce el Plan de la AICA en coordinación con las Comunidades Autónomas, aumentado las inspecciones de oficio para vigilar que se cumplan al 100% las condiciones de contratación que recoge el Real Decreto lácteo. Asimismo, las CC.AA deben hacer valer sus competencias en materia de persecución de la venta a pérdidas y vigilancia de la calidad de la leche. La situación exige la mediación de las administraciones entre ganaderos e industria.
