La Junta de Castilla y León ha aprobado, en la reunión del Consejo de Gobierno celebarda hoy, 22 de septiembre, el el decreto que regula los requisitos para fortalecer el cooperativismo y mejorar con ello la capacidad negociadora de los agricultores y ganaderos, normativa por el que se mejorará la dimensión de las cooperativas agroalimentarias, fortaleciendo la concentración de la oferta y la posición del producto. .
El decreto desarrolla el artículo 158.3 de la Ley Agraria de Castilla y León que incorpora la figura de Entidad Asociativa Prioritaria para reforzar este tipo de agrupación de productores.
En la actualidad Castilla y León las 617 cooperativas de la región, 579 de primer grado y 38 de segundo, representan el 11% del total de las existentes en España, con una facturación total de unos 2.400 millones de euros mientras que agrupa aproximadamente a 77.000 socios, lo que vienen a representar unas 40.000 explotaciones agrarias, dando empleo a más de 2.100 trabajadores.
Sin embargo, desde el Gobierno regional se ha mostrado una profunda preocupación que existe entre unas y otras, pues la facturación total de las primeras veinte cooperativas asciende a 1.300 millones de euros, lo que supone el 53% de la facturación total del sector cooperativo agrario en la Comunidad y evidencia la necesidad de reforzar su dimensionamiento.
Cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) y organizaciones de productores pueden alcanzar, tras la publicación de este Decreto, el estatus de entidades asociativas agroalimentarias prioritarias lo adquieren, por ejemplo, las cooperativas y SAT con un volumen de negocios o ventas anuales superiores a veinte millones de euros y con un número de socios superior a quinientos pueden ser reconocidas como prioritarias.
En el caso de que estas cifras se consigan gracias a un pacto intercooperativo, otra de las modalidades recogidas por la nueva normativa, el acuerdo suscrito debe incluir la comercialización a través del mismo de al menos el 50% de las ventas totales de la cooperativa vendedora o al menos el 50% de los abastecimientos totales de la cooperativa compradora y además, el acuerdo debe tener una duración no inferior a cinco años.
La norma recoge dos singularidades, una para las entidades que acrediten que el 80% de su producción se acoge a figuras de calidad, en este caso, la cifra de negocio se rebaja a cinco millones de euros anuales y el número de socios se reduce a 125; y otra a las organizaciones de productores, las cuales, además de cumplir los requisitos exigidos por la normativa comunitaria para su constitución, deben acreditar el volumen de negocio y el número de socios que se ha indicado para las cooperativas y SAT.
Los socios también podrán ser reconocidos como prioritarios
En cuanto al reconocimiento de la condición de prioritarios de los socios de las entidades asociativas prioritarias, el decreto que hoy se aprueba exige, además de tener domicilio social y fiscal en Castilla y León y ser agricultor activo, que el valor de ventas a la entidad sea igual o superior al 60% de las ventas de la explotación o que el valor de compras a la entidad sea igual o superior al 25% de las ventas de la explotación, y debe permanecer asociado a la entidad un mínimo de cinco años. La prioridad quedará anotada en su inscripción en el registro de explotaciones agrarias de Castilla y León.
Prioridad en las ayudas públicas
El reconocimiento administrativo de prioridad en todos los casos anteriores también va a suponer la obtención de una posición ventajosa en la selección de beneficiarios de las ayudas al sector agrario, como será el caso del apoyo a las inversiones en las explotaciones agrarias, las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores o las ayudas para las inversiones en las industrias agroalimentarias.
