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Publicado por Ingeniería Fraile

Es, sin lugar a dudas y desgraciadamente, el tema de moda en buena parte de las comarcas agrarias de Castilla y León, las multas de Confederación Hidrográfica, los pozos ilegales, legales o alegales, que de todo hay, y la constitución de las comunidades de regantes de aguas subterráneas.

Desde Ingeniería Fraile se llevan ya muchos años trabajando en estos temas, como nos aseguran Félix Fraile y Fernando Castro, ambos especializados en estos temas dentro del equipo profesional de la empresa “es cierto que este año se ha levantado un revuelo muy grande, quizás por las cuantías de las multas o por la cantidad que se han puesto, pero lo cierto es que se habla y no se para de esta situación”

“Uno de los grandes problemas es la lentitud con lo que se tramita todo desde las administraciones, lo que complica mucho la resolución de todos estos problemas.   A lo anterior hay que sumar la situación referida a la teórica legalidad en la que muchos agricultores creen que tienen sus pozos, debido a que es de general opinión que  por estar inscritos en Minas,  lograban que en catastro la parcela apareciese como de regadío, algo que la CHD no reconoce como tal, considerando por ello que esos pozos no estarían en situación legal”. “Además, desde el año 2002 el catálogo de aguas está cerrado en las zonas no autorizadas con lo que proceder a la legalidad de esos pozos sólo se puede hacer siguiendo la vía civil, por la que algunos ya han conseguido lograr ese reconocimiento”, asegura Fraile que concluye diciendo “es muy complicado que alguien que lleva regando desde hace 20 años con un pozo que él cree legal por la inscripción en Minas ahora deje de hacerlo”.

“Otro problema que se ha suscitado es la prohibición de la Confederación Hidrográfica del Duero de no permitir, una práctica habitual hasta la fecha, afirman Félix Fraile y Fernando Castro, de regar con el agua del pozo otras parcelas con lo que se facilita la rotación de cultivo”

Frente a estas complicaciones desde la Confederación Hidrográfica del Duero, una de las soluciones que se plantea es la creación de la constitución de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas, “buscando, aseguran Fernando y Fraile, que exista un único interlocutor con el que poder agilizar todos estos procesos, facilitar la gestión, la organización y la distribución del agua, buscando el ahorro y la eficiencia en el uso de la misma”

Para la constitución de la misma, se deben reunir los socios que la quieran crear y firmar un convenio de usuarios en el que se reflejen los datos de las personas que las integran, las parcelas, los pozos que se incluyen, sistemas de funcionamiento, los caudales de agua autorizados, compromiso de colocar contadores…

“Por lo menos ya hay dos legalmente constituidas en Segovia, una la del Caracillo, en torno a Cuéllar, y otra más, en la localidad de Nieva en la Cubeta de San Juan Bautista”, expone Fraile, quien asegura “que mucha gente está viendo esas comunidades como la mejor opción para legalizar su situación pero las dudas son muchísimas, por ejemplo, ¿van a tener el mismo peso/valor/condición quienes incluyan en ella pozos legales que quienes aporten otros ilegales?”

La CHD tiene en su página web un modelo de ese convenio, dicho convenio facilita la redacción del mismo a los miembros que formen la comunidad.

La creación de estas comunidades, debido a la gran desinformación que hay, está generando múltiples dudas y desconcierto, surgiendo, cómo pasa siempre en estos casos, disparidad de opiniones y cómo dice el refrán, a rio revuelto ganancia de pescadores, así siempre  surgen quienes podrán obtener un beneficio propio con la creación y gestión de estas comunidades, sin pensar en qué es lo mejor para todos los que forman cada comunidad. Para evitar estas situaciones y las confusiones creadas, y dado que estamos hablando de un recurso muy limitado y valioso, sería deseable la existencia de unas directrices, tasadas, y de obligado cumplimiento para todos. Desde la Confederación, cómo aglutinador y conocedora de todas las necesidades y recursos existentes, debería establecerse una normativa clara y común, y repetimos de obligado cumplimiento para todos, para garantizar la igualdad de trato ante las diversas situaciones que puedan surgir.

Félix y Fernando nos insisten en que a diario reciben llamadas de clientes que les dicen que han asistido a reuniones en distintos municipios y que cada charla es distinta y que nos les acaban de quedar claro ciertos conceptos. La gente está totalmente desconcertada. 

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