ASAJA reclama un control población del lobo en Ávila ante el incremento de los ataques en 2015

Agronews Castilla y León

27 de agosto de 2015

dehesa arropino vacas 26082015 2

Junto a un ganadero que tiene su explotación a apenas 10 km de la capital abulense y que en lo que que va de año ha perdido ya el 15% de sus animales por ataques de lobo, el presidente de ASAJA Ávila, Joaquín Pino, ha exigido “voluntad política” para acabar con el problema que suponen las incursiones de este animal.

Pino lamentó el “abandono” que sufren los ganaderos por parte de las administraciones, que solo se acuerdan del sector en periodos electorales pero que incumplen sistemáticamente sus promesas de apoyar al campo y a los agricultores y ganaderos.

Desde la organización agraria se ha reclamado que, «con urgencia» se realice un control poblacional del lobo en la provincia de Ávila y que se adopten medidas de protección al ganadero, que pasan por la prevención de los ataques al ganado, la agilización de los trámites burocráticos para solicitar las indemnizaciones y para el pronto pago de las compensaciones prometidas a los ganaderos afectados.

Por su parte, Martín Martín, propietario de la Dehesa del Arropino, ha lamentado que sufre ataques constantes desde el año 2011 y calcula que en los alrededores de Ávila se pueden haber producido más de un centenar de ataques de lobo al ganado este año. En su explotación, en 2015, los lobos han matado 15 reses –una novilla y 14 terneras-. “Los ganaderos estamos a punto de tirar la toalla”, ha advertido Martín, quien considera que “el lobo debe estar controlado en reservas o parques naturales, porque se multiplican los ataques y al ganadero no le salen las cuentas”.

Para finalizar, Joaquín Pino, presidente de ASAJA en Ávila, ha señalado que las indemnizaciones por muerte por ataque de fauna salvaje oscilan entre los 1.000 euros por semental, 500 euros por vaca y unos 300 euros por ternero, «cifras que no alcanzan ni de lejos su valor en el mercado». “Pero este año no se ha cobrado ni un euro, desde que la Junta de Castilla y León debe asumir el pago de la responsabilidad patrimonial”.



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