ASAJA de Castilla y León calificó hoy de “mal menor” las noticias que han llegado de Bruselas sobre los acuerdos políticos sobre la reforma de la PAC entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo.
En concreto, a través de un comunicado, la organización sostiene que lo más positivo es que se abre un horizonte hasta el año 2020, periodo en el que el campo de Castilla y León va a disponer de unos recursos financieros importantes –aunque menores que en etapas anteriores –. Así podrá compensar parte de lo que no remuneran los mercados, así como unas ayudas para la modernización de las explotaciones y para el fomento del relevo generacional en el campo.
Por eso, considera que con esta nueva PAC se garantiza la continuidad de la agricultura y la ganadería de Castilla y León a lo largo de esta década, con un tamaño similar al actual, lo que “será decisivo” para tirar de la economía y el desarrollo del medio rural mientras se remonta la situación de crisis general.
De hecho, valora positivamente que en la medida de convergencia interior se limite a un 30 por ciento la reducción máxima que pueda sufrir un agricultor en sus ayudas, como valora positivamente la flexibilidad que se ha introducido para la puesta en marcha del conocido como ‘pago verde’. Respecto a los pagos acoplados, considera que se debería haber reservado un porcentaje mayor de fondos, ya que son el único instrumento que admite la nueva PAC para salir en auxilio de las producciones ganaderas y también de los cultivos más desprotegidos por las condiciones de los mercados, entre otros la remolacha o las legumbres.
Por otra parte, asegura que la “cobardía” de las instituciones europeas a la hora de definir la figura de agricultor activo genera un problema en comunidades como Castilla y León, donde una parte muy importante de los fondos agrarios se van a manos de no profesionales del campo. Y espera que la Junta y el Ministerio puedan profundizar en esta cuestión para que la mayor parte de las ayudas lleguen a las explotaciones de “quienes de verdad viven del campo, de quienes cotizan a la Seguridad Social como agricultores o ganaderos”.
En su opinión, las principales carencias de esta nueva PAC están en supresión de los cupos lecheros, el “desamparo” en el que quedan las diferentes producciones ganaderas, la permanencia de las cuotas remolacheras únicamente hasta el 2017, los “nulos” apoyos a las políticas de mercados, el “tímido” apoyo a los jóvenes y la escasa profundización en políticas para afrontar crisis.
Finalmente, recuerda que “deja amplio margen” a las autoridades nacionales para su puesta en marcha, por lo que ahora se abre un periodo en el que se debe de tener en cuenta la opinión de las organizaciones agrarias y en el que debe de haber voluntad de consenso entre el Ministerio y las comunidades autónomas”.
