Las ayudas de la PAC (Política Agraria Comunitaria) basadas en los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización productiva (estratos) tienen que ser sustituidas por una compensación de la renta de los agricultores en función del ejercicio real de la actividad agraria que realicen y de su renta personal agraria declarada en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).
Esta es la propuesta que el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, llevó ayer a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y ha trasladado hoy mismo a las organizaciones agrarias de Aragón con el fin de abrir un periodo de discusión orientado a promover una reforma en profundidad de la PAC. “Lo que no tiene ninguna lógica –ha señalado- es que lo que nace como una compensación de la renta no tenga en cuenta la renta, como ocurre ahora”.
Para fijar esta nueva forma de compensación se plantea establecer una renta agraria de referencia, de tal manera que los agricultores y ganaderos que no la alcancen vean incrementados sus ingresos mediante ayudas públicas hasta completarla.
La proposición incluye a todos los agricultores y ganaderos independientemente de su orientación productiva y dimensión, y se modula mediante algunos factores correctores: grado de profesionalidad agraria, dimensión económica de la explotación y eficiencia productiva de la misma. El pago estará condicionado al cumplimiento de buenas prácticas agronómicas que deben definirse y a las que se pueden sumar determinadas exigencias de carácter ambiental o social.
La profesionalidad se mide por el porcentaje de ingresos agrarios sobre ingresos totales del beneficiario, de forma que su acceso a las ayudas es proporcional a este (cuanto mayor sea el porcentaje, mayor el derecho a subvención). Se prima de esta manera a quienes más dedicados están a la actividad agraria.
Por su parte, el coeficiente de dimensión es la medida de su dimensión económica potencial con respecto a una dimensión económica estándar establecida previamente. Se fomenta así el aumento de la dimensión económica de las explotaciones.
Y la eficiencia productiva de la explotación se determina por la relación entre la producción obtenida y el potencial productivo asignado previamente. Esta variable castiga la ociosidad (agricultores de sofá).
Todo esto supone una modificación sustancial del enfoque del primer pilar de la PAC (ayudas directas a los agricultores y ganaderos), mientras que se mantiene la orientación actual del segundo pilar (desarrollo rural), del que se reforzaría su papel como impulsor de la mejora de las estructuras agrarias.
Del mismo modo, la propuesta mantiene el mismo nivel de asignación financiera para Estados y comunidades autónomas, aunque modifica, evidentemente, la distribución de esta entre los beneficiarios finales, siempre, por otra parte, personas físicas. Las personas jurídicas no perciben, así, ayudas directas, que se destinan íntegramente a las personas físicas que las componen.
Por último, cabe señalar que la integración del sistema de declaración y control de las subvenciones con el sistema fiscal supondría una simplificación notable del proceso.
