Andal yucía, Castilla La Mancha y Aragón son tres comunidades autónomas con un importante peso en el sector agrario español, hoy Carmen Ortiz, Francisco Martínez Arroyo y Joaquín Olona han expuesto la posición de sus comunidades autónomas ante la reforma de la Política Agraria Común dentro de la Conferencia convocada hoy, 27 de marzo, en Madrid por el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio Ambiente.
La intervención del máximo responsable del sector agrario aragonés ha lamentado que mientras los europeos disfrutan de una alimentación segura, variada y asequible, mientras que quienes se la facilitan, los agricultores y ganaderos, siguen percibiendo por ello una renta que solo llega a la mitad de la del resto de los ciudadanos.
Por ello propone una reforma en profundidad que se centre en este aspecto, es decir, en compensar la renta de los agricultores. La fórmula que propone el responsable de la agricultura aragonesa es fijar una renta de referencia que todos los agricultores deberían cobrar y compensarla en la medida de lo necesario en función de sus ingresos agrarios. Ello con las correspondientes exigencias medioambientales, sociales y económicas.
Aragón aboga por eliminar los derechos históricos (que generan desigualdades), los pagos por superficie (que hacen que cobren más ayudas quienes menos las necesitan) y el desacoplamiento de las subvenciones (lo que mantiene perceptores de ayudas que “ni cultivan nada ni cuidan ningún ganado”). “Hay que penalizar la improductividad y la ociosidad de los recursos agrarios”, añade Joaquín Olona, para quien el enfoque sectorial en las ayudas directas tampoco es útil porque excluye a muchos agricultores y ganaderos (horticultores, cunicultores, porcicultores…).
Aragón defiende, por otra parte, el mantenimiento de los dos pilares actuales de la PAC. Por un lado, las ayudas directas, como compensación de la renta, porque combaten la inestabilidad y la insuficiencia de esta. Y, por el otro, las ayudas estructurales, “siempre que no haya que utilizar este pilar para corregir los problemas que genera el primero”.
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, ha defendido en Madrid una Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2020 que garantice la «supervivencia del medio rural y el relevo generacional, fomentando el empleo y el mantenimiento del tejido productivo de los pueblos, con especial atención a las explotaciones de pequeño tamaño». Para la consejera, la prioridad es una política agrícola comunitaria que “favorezca a las personas que viven del campo, en el campo y que dan vida al campo».
En su conjunto, «debe estar orientada a apoyar la sostenibilidad, desde el punto de vista social, económico y medioambiental», ha explicado Ortiz, que entre otras cuestiones ha destacado como prioritarias que sea una PAC que «mantenga el nivel de renta de los agricultores, que se adapte a la diversidad de las producciones y territorios, que equilibre la cadena alimentaria a nivel europeo y que fomente aún más el relevo generacional y la innovación».
Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido una PAC basada en un “acuerdo entre agricultores y consumidores”, objetivo final de esta política europea, así ha puesto de manifiesto la necesidad de priorizar a los “agricultores profesionales”, aclarando que “son los que generan empleo y riqueza en nuestro medio rural”.
En cuanto a propuestas concretas, el titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha manifestado que es necesario revisar el modelo de pagos directos, para orientarlos a los que realmente se dedican a la actividad agraria, es decir, “para aquellos que están en nuestro medio rural, a los que generan externalidades en servicios a la sociedad; por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático o, por ejemplo, en la garantía de la seguridad alimentaria».
Además ha considerado que hay que profundizar mucho más en los 'instrumentos de mercado', en el papel de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales, “para proteger al eslabón más débil de la cadena que son los agricultores y ganaderos”.
