La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, informó ayer, 30 de marzo, en Comisión Parlamentaria de que la Junta de Andalucía ha iniciado la distribución de las vacunas contra el virus de la lengua azul entre los ganaderos y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) de la comunidad. Ortiz ha recordado que el Gobierno autonómico “ha decidido asumir el coste” de cerca de 1,8 millones de euros para adquirir las siete millones de dosis necesarias para la vacunación de una zona de seguridad que comprende las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y la comarca granadina de Motril.
Carmen Ortiz ha insistido en que la medida más efectiva para contener cualquier posible brote de la enfermedad es la prevención, “y específicamente la vacunación”, y ha recalcado que la decisión de la Junta de Andalucía de costear las dosis es “un ejemplo más de nuestro compromiso con el sector ganadero andaluz”.
Como recogía ayer el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), las vacunas se destinan al censo bovino y ovino de más de tres meses de edad, que en la zona de vacunación ronda las 500.000 vacas y 1,5 millones de ovejas.
Por otro lado, la consejera ha respondido hoy también a una pregunta sobre las acciones que tiene previsto impulsar el Gobierno de Andalucía para propiciar la igualdad de género en el sector agrario y pesquero, y ha afirmado que, “en la medida de nuestras posibilidades”, se actuará para contribuir a erradicar las diferentes condiciones laborales que afectan a mujeres y hombres y que suponen “una lacra para la sociedad”.
Asimismo, Carmen Ortiz ha recordado que el pasado 3 de marzo, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural organizó en colaboración con la de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer, unas jornadas dirigidas a analizar 'La perspectiva de género en la actividad agraria y pesquera'. En este encuentro participaron representantes de ambos sectores, asociaciones de mujeres, agentes sociales y económicos, y personal de la Administración, de cuyo trabajo se desprendieron alrededor de 80 propuestas. Entre ellas, la consejera ha destacado, por ejemplo, la necesidad de analizar las políticas puestas en marcha desde la Administración mediante indicadores que permitan corregir los sesgos de género que puedan detectarse.
Carmen Ortiz ha explicado que tras analizar estas propuestas, las conclusiones obtenidas servirán de base para diseñar “un documento de trabajo transversal” que se desarrollará a lo largo de la legislatura “aprovechando las posibilidades e instrumentos de los que disponemos: el nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR), el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y la seguridad normativa que supondrá la Ley de Agricultura”.
Jóvenes agricultores
En la Comisión Parlamentaria de hoy, la consejera se ha referido también a la situación y evolución de las ayudas destinadas a la instalación de jóvenes agricultores de la convocatoria vigente, destacando que se ha logrado la mayor demanda registrada hasta la fecha, con 2.919 solicitudes, y que por este motivo se ha ampliado el presupuesto inicial de 20 a 90 millones de euros. “Hemos reaccionado ante esta extraordinaria acogida ampliando más de cuatro veces la dotación inicial, haciendo de ésta la convocatoria con mayor presupuesto de la historia, y este esfuerzo deja claro el compromiso del Gobierno autonómico con el relevo generacional, y así lo han reconocido las organizaciones agrarias”, ha explicado la consejera.
La titular de Agricultura ha recordado que la Consejería ha “mejorado sensiblemente la línea de ayudas” a jóvenes flexibilizando requisitos, simplificando procedimientos y elaborando una guía para la cumplimentación de solicitudes. “La hemos hecho más atractiva y ágil”, ha concluido. Respecto a los beneficiarios, Carmen Ortiz ha anunciado que la resolución definitiva se publicará a lo largo del mes de abril.
Durante su intervención, Ortiz ha destacado que la Junta de Andalucía ha sido “mucho más sensible a las necesidades de los jóvenes que el Gobierno central, que hace oídos sordos a las demandas andaluzas, manteniendo requisitos mayores a los recogidos por la Comisión Europea para el acceso a la Reserva Nacional y para cobrar el pago adicional”.
