La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha certificado que Andalucía se encuentra libre de la presencia de la Xylella fastidiosa con la realización, en lo que va de 2017, de hasta 6.082 análisis sobre material vegetal sensible en viveros, puertos deportivos y comerciales, parques y jardines, así como en explotaciones de olivar, cítricos, viñedos y almendros. Así lo ha puesto de relieve el titular de este departamento, Rodrigo Sánchez Haro, durante su intervención en el Encuentro Internacional Phytoma España celebrado en Jaén bajo el título ‘El olivar: retos de la sanidad vegetal e innovación tecnológica’, un foro en el que ha abogado por los modelos de producción integrada y ecológica, “en los que nuestra comunidad autónoma es pionera y referente”, como la herramienta “más eficaz” para fortalecer los agrosistemas del olivar.
Sánchez Haro ha querido transmitir de este modo un mensaje de calma ante un problema contra el que, tras la activación desde 2014 de las acciones de control y prevención en el territorio de la región, se ha implantado un plan de contingencia para, a raíz de la entrada de la Xylella fastidiosa en la Península Ibérica, evitar su aparición en el campo andaluz y, si se diera el caso, atajarla. En concreto, se han llevado a cabo más de 800 actuaciones específicas de vigilancia desde que comenzara el año y desde el pasado 17 de julio está en marcha un teléfono de consulta y un correo electrónico para atender avisos de sospechas o consultas. “La administración y todos los operadores implicados estamos en alerta”, ha aseverado el consejero.
En esta línea, el responsable del ramo ha apuntado que se ha reforzado el personal y centros de investigación como el Laboratorio de Sanidad Vegetal de Jaén o el centro del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) Alameda del Obispo (Córdoba). En este último se trabaja, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para contar con un laboratorio de contención biológica. Todo ello, sin olvidar la petición al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de “una norma con presupuesto que regule las indemnizaciones en todo el Estado”.
