La Consejería de Agricultura firmó hoy con los responsables de Ferduero la suspensión temporal de las subvenciones directas para el pago de los puntos de interés a las comunidades de regantes para el período 2012-2016, lo que supone un total de 35 millones de euros, cinco de ellos correspondientes al pasado ejercicio, que se recuperaran cuando finalice dicho período.
Así lo explicó su titular, Silvia Clemente, tras la suscripción de una adenda al convenio existente, quien preció que se trata de una medida necesaria para el cumplimiento del Plan Económico y Financiero y del déficit. Además, sostuvo que sólo existía esta posibilidad o la cancelación de las ayudas.
No obstante, ambas partes se comprometieron a reunirse en el segundo semestres de 2014 para analizar si la evolución de las medidas de control de déficit público permite reanudar el pago.
De este modo, la Junta dejará de pagar los gastos financieros de la comunidad de regantes, que bonificaba dos puntos porcentuales sobre el interés anual nominal de los préstamos para financiar la aportación de las cantidades anticipadas por Seiasa.
En este sentido, el presidente de Ferduro, Ángel González, indicó que las negociaciones para cerrar el acuerdo fueron “duras”, pero subrayó que en la reunión prevista para el próximo año se podrá volver a retomar el pago de ese interés. Sin embargo, reconoció el perjuicio económico que se les causa que supone un “agujero y un reajuste de sus presupuestos”, que conllevará un coste adicional de entre 30 y 60 euros por hectárea.
El convenio suscrito en 2011 entre la Consejería y Seiasa para llevar a cabo las obras de modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad establecía las zonas en las que se desarrollaban las actuaciones y la participación de cada una de las administraciones. La Junta se comprometía a pagar el 20 por ciento del coste de la obra; la Unión Europea, el 19,2 por ciento, y las comunidades de regantes, el 24 por ciento a pagar en 25 años al interés del mercado. Por su parte, Seiasa financiaba el 36,8 por ciento del coste, que los agricultores tenían que devolver a partir del año 26 desde que finalicen las obras y hasta el año 50, sin interés ni actualización.
La consejera hizo hincapié en que Castilla y León es la única administración de las que participa en las obras, junto con la UE, que aporta recursos públicos. Y recordó que ha invertido en esas zonas 155 millones, de un total de 524, en los trabajos de modernización y en las concentraciones asociadas.
